España se ha consolidado como una de las principales potencias europeas en energías renovables, con una generación de energía limpia que actualmente representa alrededor del 60% de la producción eléctrica total. Este logro refleja un avance significativo en la consolidación tecnológica del sector, aunque al mismo tiempo evidencia retos estructurales y económicos que requieren un replanteamiento estratégico profundo. La saturación de la red, las limitaciones de infraestructura, la lentitud y burocracia en la tramitación y la presión sobre la rentabilidad de los proyectos se presentan como los desafíos centrales. En dicho marco, las compañías están enfocando sus esfuerzos en soluciones de almacenamiento energético, gestión de la demanda y mercados de flexibilidad, todo ello con el objetivo de equilibrar la red y maximizar el aprovechamiento de la energía excedente. Paralelamente, la adaptación de la regulación, la optimización de la generación mediante sistemas de almacenamiento y la modernización de la infraestructura son factores críticos para sostener el crecimiento proyectado hacia una participación del 74% de generación renovable, objetivo que se ha marcado España alcanzar en el año 2030, manteniendo la rentabilidad y la estabilidad del sector.
Es un hecho que la situación que está atravesando el mercado de la energía ha generado una reducción notable en el valor de los activos renovables, tanto de proyectos operativos como de aquellos en desarrollo, aunque esta tendencia parece acercarse a un punto de inflexión, especialmente en los activos híbridos que integran almacenamiento o combinan la generación con centros de datos. Este escenario ha propiciado principalmente el desarrollo de tres líneas estratégicas:
(i) el interés creciente de empresas de capital riesgo y fondos de inversión por adquirir proyectos en construcción o ya operativos;
(ii) la consolidación del sector mediante fusiones y operaciones corporativas; y
(iii) la implementación de reestructuraciones operativas y financieras que aseguren la viabilidad de las compañías tenedoras de proyectos.
Entre los inversores, se distingue claramente un doble perfil: por un lado, los inversores de infraestructuras, que buscan activos de alta calidad que combinen seguridad y rentabilidad a largo plazo a precios competitivos; por otro, los inversores oportunistas (principalmente private equity y fondos de inversión), que identifican dislocaciones en el mercado y aprovechan proyectos con dificultades financieras para generar valor. Pues bien, la creciente apertura del private equity a inversores minoristas, impulsada por algunas mejoras regulatorias, puede plantear riesgos significativos, especialmente en este sector, por cuanto que la falta de liquidez inherente a estos activos hace que la participación de inversores retail pueda resultar problemática, debido a que muchos no comprenden plenamente los desafíos específicos del sector, como la volatilidad de ingresos, los riesgos tecnológicos o las barreras regulatorias. Al canalizar estas inversiones a través de un modelo similar al de “crowdfunding” dirigido a un público con experiencia limitada, se corre el peligro de que los inversores asuman compromisos financieros que no pueden liquidar fácilmente, exponiéndose a pérdidas que podrían haberse evitado con un conocimiento más profundo del mercado y de las características de estos activos.
Durante 2025 y en lo que va de 2026, se ha observado un incremento sostenido del interés de fondos de private equity y de inversión institucional en la adquisición de activos de calidad, tanto en fases finales de desarrollo como operativos, con el objetivo de hibridarlos con soluciones de almacenamiento e incluso los activos fotovoltaicos con generación eólica, mejorando la eficiencia de captura de valor y optimizando la rentabilidad de las operaciones. De forma simultánea, estos fondos buscan oportunidades en proyectos con situación financiera comprometida. Cuanto antecede se traduce en un aumento de transacciones dirigidas por el capital riesgo y fondos de inversión vinculadas al almacenamiento, operaciones de financiación mediante deuda o equity para hibridar activos, formalización de contratos de compraventa de energía híbridos (solar más BESS) y en transacciones de autoconsumo, especialmente industrial, como mecanismo para generar liquidez inmediata.
Por otra parte, desde el área de reestructuraciones se observa un aumento significativo de operaciones en las que las compañías buscan ajustar su estructura financiera y comercial, así como optimizar contratos que resultan desfavorables en la coyuntura actual, con el fin de asegurar la viabilidad a los proyectos a corto y medio plazo y superar las actuales tensiones de tesorería, que en muchos casos han dejado de ser coyunturales. En ocasiones son los propios fondos de private equity y de inversión quienes planifican la reestructuración de empresas con dificultades en el marco de su adquisición su, aprovechando la flexibilidad de la vigente normativa de pre-insolvencia y planes de reestructuración. Esto les permite implementar medidas financieras junto con reorganizaciones operativas y ajustes estratégicos adaptados a la situación específica de cada compañía, dándole seguridad jurídica a estos procesos de inversión y maximizando la sostenibilidad de las operaciones. La recomendación estratégica es abordar estas reestructuraciones con prontitud, una vez identificada una complicación, ya sea actual o previsible, considerando los contratos vigentes y las obligaciones futuras.
En consecuencia, se anticipa que las operaciones de consolidación del mercado continuarán, al igual que el interés de los fondos de inversión y private equity por aprovechar la crisis actual o la necesidad de rotar activos para invertir en un sector estratégico como el de la energía renovable. Mientras tanto, las reestructuraciones seguirán desempeñando un papel fundamental, permitiendo que las compañías se adapten a las condiciones dinámicas del sector, asegurando su sostenibilidad, su capacidad de crecimiento y su consolidación en un mercado en constante evolución.
Tribuna de Miguel Cuesta Boothman, socio del Área de Energía, y Ana Beatriz Gamero Díaz de Lope Díaz, socia del Área de Energía y Reestructuraciones de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia.
Por Funds Society, Madrid