La calificación del emisor soberano suele funcionar como un techo o límite superior para la nota crediticia de todos los emisores de deuda radicados en el país. Las principales agencias de calificación, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, aplican políticas que restringen, en mayor o menor medida, la posibilidad de que una empresa obtenga una calificación superior a la deuda soberana de su país. En otras palabras, la calificación del soberano actúa como un “tope” para la mayoría de los prestatarios corporativos dentro de su jurisdicción.
Un techo que distorsiona el riesgo real
Aunque el techo soberano tiene cierta lógica intuitiva, también plantea desafíos. La idea de que las calificaciones crediticias de las empresas deban estar condicionadas por la calificación del país ha perdido fuerza con el tiempo. En la economía globalizada actual, muchas compañías operan en múltiples jurisdicciones, lo que hace que las restricciones a nivel país sean cada vez menos relevantes.
Este mecanismo se vuelve especialmente problemático en períodos de tensión macroeconómica. Cuando la solvencia del país se deteriora, las empresas con fundamentos sólidos son arrastradas hacia abajo, independientemente de su fortaleza financiera. En un mundo marcado por déficits crecientes y endeudamiento gubernamental desbordado, este límite no solo resulta injusto, sino que también genera una asignación ineficiente de capital para los inversores.
Bonos soberanos y corporativos: diferencias clave
Los bonos soberanos son instrumentos de deuda emitidos por un gobierno nacional para financiar sus necesidades fiscales y de infraestructura. Estos bonos se consideran generalmente de bajo riesgo, ya que están respaldados por la capacidad del gobierno para recaudar impuestos y, a menudo, guardan relación directa con la estabilidad económica del país. Por otro lado, los bonos corporativos son emitidos por empresas privadas para financiar expansiones, adquisiciones o mejoras operativas. Suelen ofrecer mayores rendimientos en comparación con los bonos soberanos debido a los riesgos asociados con la solvencia de la empresa emisora.
Los bonos soberanos, al ser emitidos por gobiernos, se consideran normalmente de menor riesgo frente a los corporativos, gracias a la capacidad del Estado para recaudar impuestos. En cambio, los bonos corporativos, especialmente los de alto rendimiento, pueden ofrecer retornos más elevados, pero conllevan un mayor riesgo derivado de la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones de deuda.
El costo oculto del “techo” soberano
En el contexto actual de alto endeudamiento gubernamental y déficits cada vez más elevados en proporción al producto bruto interno, la deuda emitida por empresas en moneda extranjera muchas veces se negocia con spreads inferiores a los del soberano.
En economías con alta volatilidad fiscal, el soberano puede tener calificaciones especulativas (por ejemplo, B o C), mientras que corporaciones exportadoras con ingresos en dólares y baja deuda podrían merecer grado de inversión. Sin embargo, el “techo” soberano las arrastra hacia abajo, encareciendo su financiación. Este límite eleva el costo de capital para empresas competitivas, reduce su atractivo para inversores internacionales y distorsiona la percepción de riesgo en mercados emergentes.
Evidencia del impacto
Un estudio del CFA Institute confirma que, tras una rebaja soberana, los emisores corporativos mejor calificados son los más propensos a sufrir rebajas en su calificación. Las consecuencias son claras: menor gasto en capital, reducción de la inversión neta en casi nueve puntos porcentuales y caída significativa en la emisión de deuda. Penalizar a empresas sólidas por los excesos fiscales del gobierno limita su capacidad de crecimiento y creación de empleo.
Francia como ejemplo
El creciente endeudamiento gubernamental en el mundo desarrollado tras la pandemia de coronavirus ha puesto el debate sobre el techo soberano en el centro de la escena. A noviembre de 2025, la deuda pública como porcentaje del producto bruto interno alcanza 124% en Estados Unidos, 113% en Francia, 135% en Italia y 237% en Japón. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿por qué castigar a empresas sólidas, con capacidad de inversión y generación de empleo, por los excesos fiscales del gobierno y las consecuencias que esto tiene sobre sus planes de crecimiento?
Fitch abordó recientemente esta cuestión en un informe que analiza la racionalidad de calificar deuda corporativa por encima de la soberana. El caso de Francia es ilustrativo: tras la rebaja de su calificación de AA- a A+, varias compañías lograron mantener notas superiores al soberano. La agencia destaca que las empresas con alta exposición internacional son más resistentes a los vaivenes domésticos y, por lo tanto, deberían conservar una calificación acorde a su fortaleza financiera.
Francia atraviesa una coyuntura política inestable: cambios de primer ministro, votos de censura y dificultades para aprobar presupuestos. Los inversores se muestran cada vez más preocupados por la capacidad del gobierno para reducir un déficit que ronda el 5-6% del PIB y estabilizar su deuda. En contraste, las compañías de alta calidad inspiran confianza por su solidez operativa, flujo de caja y capacidad para cumplir obligaciones. Esto ha permitido que nombres como L’Oréal, Airbus y Sanofi mantengan calificaciones superiores a la del soberano tras su rebaja crediticia.
Implicaciones para los corporativos emergentes
Este tipo de razonamientos resulta especialmente relevante para los países emergentes, donde las tasas de interés son elevadas y una rebaja en la calificación soberana puede disparar los costos de endeudamiento corporativo, frenando proyectos de inversión y crecimiento y, en casos extremos, llevando a empresas a la quiebra.
Si bien existen ejemplos de compañías que han logrado superar la calificación soberana (América Móvil en México, Petrobras en Brasil, Reliance Industries en India, entre otras), la mejora en los fundamentos y la gobernanza de muchas empresas de la región exige una revisión profunda de los criterios de calificación y del concepto de techo soberano.
En un mundo marcado por el creciente endeudamiento gubernamental y la falta de consenso político para resolverlo, informes como el de Fitch son bienvenidos para impulsar un debate acorde a los tiempos sobre una práctica que se ha vuelto obsoleta para evaluar la solidez de las empresas transnacionales.
Sobre el autor: Juan Reyes es el seudónimo de un profesional del sector del asset management global con más de 30 años de experiencia trabajando en los mercados internacionales, especialmente en Latinoamérica y Europa. El autor prefiere guardar el anonimato, pero es una fuente confiable y verificada por Funds Society.
