Europa quiere que su ahorro financie Europa. Esto es útil y necesario, pero el debate generado en las últimas semanas no se centra en la falta de recursos, sino en cómo se están asignando.
Según el Banco Central Europeo, en torno a un tercio de los activos financieros de los hogares de la eurozona se mantiene en depósitos bancarios, mientras que la participación en Bolsa no alcanza el 22%. Es una cifra muy tímida si se compara con economías donde los mercados de capitales desempeñan un papel más relevante, como puede ser el caso de Estados Unidos, donde el 36% del ahorro financiero minorista se destina a las acciones. Al mismo tiempo, la propia Comisión Europea estima que la financiación de la economía local regional, que incluye proyectos de desarrollo, digitalización, transición ecológica o el crecimiento empresarial, exigirá cientos de miles de millones de euros adicionales al año durante esta década.
El ahorro existe. La inversión también. Lo que no siempre existe es el puente eficaz entre ambos. Además, el momento macro acompaña. Tras la pandemia, la tasa de ahorro de los hogares europeos llegó a superar el 20% de la renta disponible en 2020 y, aunque se ha normalizado, continúa en niveles relevantes según Eurostat. Existe, por tanto, margen potencial.
En este contexto nace la propuesta Finance Europe y la cuenta de Ahorro e Inversión (CAI) como pieza central dentro de la Unión de los Mercados de Capitales. La lógica es clara: incentivar fiscalmente al pequeño ahorrador para que dé el paso hacia instrumentos financieros que contribuyan a financiar la economía real europea.
Desde nuestro punto de vista, todo incentivo al ahorro y la inversión a largo plazo es una buena noticia. Pero, dicho esto, quizás el debate o el foco de atención no debería limitarse (solo) al diseño de un nuevo vehículo, sino a impulsar la cultura financiera del ahorrador europeo y mejorar la estructura y los incentivos de los que ya existen.
Si el objetivo estratégico es canalizar ahorro estable hacia inversión productiva, resulta difícil ignorar que el instrumento que, por diseño, cumple esa función es el ahorro previsional. Los planes de pensiones están concebidos para invertir con un horizonte temporal largo, diversificar riesgos y proporcionar financiación paciente a los mercados. Precisamente el tipo de capital que Europa necesita.
Sin embargo, el ahorrador minorista español es estructuralmente conservador. Según datos de Inverco, el patrimonio en planes de pensiones individuales supera los 90.000 millones de euros y existen más de siete millones de cuentas de partícipes, lo que equivale aproximadamente a que en torno al 15% de la población dispone de uno de estos instrumentos. En términos comparados, y de acuerdo con los informes Pensions at a Glance de la OCDE, el peso del ahorro previsional sobre el PIB en España es sensiblemente inferior al de economías con sistemas más desarrollados. No estamos ante un problema de inexistencia de productos, sino ante una combinación de prudencia cultural, incentivos fiscales limitados y cierta volatilidad normativa que no siempre favorece decisiones de ahorro a largo plazo.
Sin embargo, en nuestro país, el límite de aportación con derecho a deducción en planes individuales se ha reducido significativamente en los últimos años, pasando de 8.000 euros a 1.500 euros anuales. Esto nos lleva a un mensaje económico claro: el incentivo al ahorro en planes de pensiones se ha debilitado en un entorno demográfico que apunta en la necesidad de complementar el sistema público.
Aquí nos surge una pregunta más que razonable: si Europa considera prioritario reforzar el ahorro invertido mediante nuevos instrumentos con un tratamiento fiscal atractivo, ¿no debería aplicarse esta lógica, coherente por otra parte, a los vehículos que actualmente ya canalizan ahorro estructural a largo plazo?
La fiscalidad es una palanca poderosa, pero no la única. La confianza en la estabilidad del marco regulatorio, la simplicidad del producto y la calidad del asesoramiento son igualmente determinantes. Movilizar y sofisticar el ahorro minorista no puede equivaler a incentivar exposiciones inadecuadas al riesgo o a la iliquidez. El paso del depósito a la inversión debe hacerse con unos criterios de idoneidad, de diversificación y un horizonte temporal adecuados.
La CAI puede llegar en buen momento si forma parte de una estrategia integral que alinee incentivos, simplifique el entorno normativo y refuerce el atractivo del ahorro a largo plazo. Pero si se concibe como una solución aislada, corre el riesgo de abordar el síntoma (la baja participación en los mercados financieros) sin resolver la causa estructural: un marco que no siempre premia, como debería, el compromiso inversor a largo plazo.
El debate de fondo no es si necesitamos un nuevo producto financiero, sino si estamos dispuestos a construir un entorno más favorable que incentive de forma consistente el compromiso inversor a largo plazo con coherencia regulatoria, estabilidad y confianza. Ahí es donde realmente se decidirá el éxito.
Tribuna de David Herrando, director general de Pensumo ‘Pensión por consumo’.




