En los últimos años, las empresas se han centrado principalmente en mejorar en el ámbito medioambiental y de gobierno corporativo a través de políticas, procesos, objetivos, etc., ampliamente establecidos y desarrollados. Sin embargo, la parte social del ESG es un aspecto fundamental que cada vez debe cobrar una mayor importancia pues estas tres variables, medioambiente, gobernanza y social, están íntimamente relacionadas y son necesarias para conseguir una transición a un mundo más sostenible e inclusivo.
Los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, en lo que a la vertiente social se refiere, están teniendo un desarrollo más lento en comparación con los objetivos medioambientales. Las razones de esta falta de desarrollo se deben tal vez a la dificultad que existe en establecer unos objetivos cuantificables y medibles en lo que a lo «social» se refiere.
La publicación en 2022 del informe final sobre taxonomía social, desarrollado por la Plataforma de Finanzas Sostenibles de la UE, recoge la clasificación de actividades que contribuirían al cumplimiento de los objetivos sociales de la Unión Europea y que supondrían el desarrollo de una sociedad más verde e inclusiva. Al igual que ocurrió con la taxonomía ambiental, este informe final sobre taxonomía social es una guía para orientar a la Comisión Europea en la elaboración de una propuesta para organizar las actividades económicas según su impacto social. Como aspecto positivo, la taxonomía social aporta métricas comunes para medir y cuantificar, lo que generará una mayor estandarización, regularidad y un mejor control y seguimiento. Además, brindará mayor credibilidad, visibilidad y reconocimiento a las empresas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos sociales. Sin embargo, también supondrá más regulación con lo que ello implica de entendimiento, implantación y seguimiento, algo que no siempre es fácil, máxime cuando se parte casi desde cero.
El informe para esta taxonomía de la UE propone tres objetivos sociales. Cada objetivo contiene subobjetivos específicos orientados a generar un impacto positivo directo en los tres principales grupos de interés de las empresas que son: trabajadores, clientes y comunidades (que engloba a proveedores, accionistas y conjunto de la población en general). En ciertos casos son cualitativos y habrá que ver cómo de medibles y cuantificables son.
Objetivo 1 – Trabajadores: busca promover la igualdad y garantizar los derechos humanos de los trabajadores en toda la cadena de valor a través de salarios justos y dignos, salud y seguridad, formación continua, espacios ergonómicos, horarios flexibles, protecciones sociales, favorecer la inclusión de colectivos desfavorecidos, la eliminación de la precariedad, etc.
Objetivo 2 – Clientes: promoviendo el bienestar adecuado para los usuarios finales con prácticas de marketing y comunicación claras y responsables, con la protección de los datos y ciberseguridad de usuarios, dando acceso a productos y servicios básicos de calidad como alimentación, salud, vivienda, y con el diseño de productos duraderos, seguros y reparables, etc.
Objetivo 3 – Comunidades sostenibles e inclusivas: promoviendo con sus acciones contribuir al bienestar de las personas y las comunidades, con infraestructuras económicas básicas de transporte, telecomunicaciones, entre otros, la creación y mantenimiento de empleos decentes, la inclusión de personas con discapacidad, etc.
Según el informe, las actividades que podrían considerarse sostenibles, desde el punto de vista social, deberían ser aquellas que realizan algún tipo de «contribución sustancial» a uno de los tres objetivos que plantea la taxonomía. La contribución podría hacerse mediante inversiones que eviten o reduzcan impactos negativos en sectores de alto riesgo, si aumenta el impacto positivo inherente en la actividad económica o si la actividad económica tiene el potencial de permitir una reducción sustancial del riesgo en otro u otros sectores económicos.
En este punto es importante el concepto de «do no significant harm» (DNSH) que podría traducirse como «no causar daños significativos», por el cual se busca que una actividad haga una contribución sustancial a un objetivo social, sin perjudicar a los demás objetivos sociales.
La sostenibilidad social de las compañías exige la creación de valor social para todos estos grupos de interés y debe dar resultados positivos a largo plazo. En esta nueva fase, se eleva la importancia de las cuestiones sociales en las decisiones de la empresa, marcando una hoja de ruta para gestionar los riesgos sociales e impactar muy positivamente en la sociedad, con miras a reducir las desigualdades. Para ello, es necesario la generación de una cultura corporativa establecida sobre valores y con un liderazgo responsable. El compromiso social implica una gestión más responsable para la creación de valor social, ambiental y económico para todos los agentes de interés. De ese modo, entre todos construir una economía inclusiva y sostenible para todas las personas.
A pesar de las dificultades que han planteado el COVID y la invasión de Ucrania, las prioridades de las empresas están cambiando y la transición hacia la sostenibilidad es una realidad que ha llegado para quedarse. En los planes estratégicos de las compañías y sus modelos de desarrollo cada vez tienen una mayor presencia los criterios ESG.
Existe un nexo muy claro entre empresas e inversores. Las empresas como palancas del cambio que son y los inversores como canalizadores de las inversiones, somos agentes catalizadores de este cambio y debemos actuar. Tenemos la responsabilidad de apoyar la transición a una economía más verde, más sostenible y social. Por ello, creemos que es un momento oportuno para aportar nuestro granito de arena en el aspecto social. Como dice la canción: «Si quieres hacer del mundo un lugar mejor, mírate a ti mismo y haz un cambio» (Man in the Mirror, Michael Jackson).
Columna de Pilar Bravo, directora de desarrollo de negocio en Finaccess Value
