Nadie discutirá la importancia de los bonos soberanos para la construcción de una cartera saludable, tanto en términos de tamaño como de peso. Sin embargo, cuando se trata de la sostenibilidad, el regulador europeo los deja en gran medida de lado, a pesar del papel clave que la deuda soberana puede desempeñar en la financiación de un crecimiento sostenible e inclusivo.
Descartar los bonos soberanos como parte de un enfoque sostenible no es una opción. La falta de una regulación precisa y detallada no debe ser una excusa para limitarse a su definición actual. Es más bien una razón para abogar por un enfoque disciplinado, riguroso y creíble para incluir los bonos soberanos como importantes contribuyentes al desarrollo sostenible, de la misma manera que los instrumentos emitidos por el sector privado. Hoy asistimos a un debate clave a nivel europeo sobre la clasificación de los bonos soberanos en la escala ASG de la Comisión Europea:
En primer lugar, es necesario definir hasta qué punto los bonos soberanos integran factores ASG, promueven características ambientales y sociales o incluso persiguen un objetivo ambiental y social. Además, estos bonos no están cubiertos por la taxonomía europea y, por tanto, desde un punto de vista técnico, es imposible que cumplan los objetivos medioambientales establecidos en la taxonomía.
En segundo lugar, los llamados «indicadores del impacto adverso principal» específicos de esta clase de activo son limitados en número y están abiertos a la interpretación, como el indicador sobre el número de países que incumplen los derechos sociales.
Por último, un tercer punto que afecta a los inversores sujetos a la MIFID para que expresen sus preferencias en materia de sostenibilidad: ¿cómo distinguir y medir claramente los objetivos medioambientales y/o sociales de un país (y más aún definir los KPIs adecuados)?
Sin embargo, está claro, por una multitud de razones, que los bonos soberanos deben ser reconocidos por derecho propio como un vehículo para financiar una economía sostenible e inclusiva.
En primer término, representan una importante clase de activos y siguen siendo un pilar fundamental en la construcción de carteras de los inversores institucionales.
En segundo lugar, al definir los Objetivos de Desarrollo Sostenible como continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para financiar el desarrollo sostenible de los Estados, se ha pedido al sector privado que complemente la financiación pública, considerada insuficiente por sí sola para satisfacer todas las necesidades. Siguiendo la misma lógica, el actual enfoque exclusivo en la financiación privada no será suficiente para fomentar el desarrollo sostenible. Tanto la financiación privada como la pública deben ser reconocidas como contribuyentes de pleno derecho a la causa.
Por último, la mayoría de los Estados se han comprometido formalmente con las ambiciones de cara a 2030, ya sea a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU o mediante la firma del Acuerdo de París para una transición justa hacia una economía baja en emisiones de carbono. Es natural que alineen sus emisiones de bonos en consecuencia.
Por lo tanto, nuestra conclusión es que una cartera de bonos soberanos, sujeta a un enfoque estricto y riguroso de inversión responsable, puede y debe servir a un propósito sostenible de promoción de atributos y objetivos ambientales y sociales. ¿De qué manera?
A través de un modelo de análisis de sostenibilidad sólido y crítico, será posible identificar el nivel de avance de los países, así como los puntos fuertes y débiles y los progresos realizados por cada uno a través de un diálogo comprometido. Al integrar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la fase inicial del proceso de inversión, la cartera deberá alinearse de forma natural con el objetivo de desarrollo sostenible de la ONU.
La definición de los indicadores clave de rendimiento a nivel de la cartera ayudará a analizar y evaluar el impacto sobre la base de una serie de criterios medioambientales, sociales o de gobernanza mensurables, como la huella de carbono o los esfuerzos de los países por descarbonizarse, respectivamente; criterios sociales para fomentar un mayor respeto de los valores fundamentales, como los derechos humanos o los derechos del trabajador; o criterios de gobernanza para fomentar la lucha contra la corrupción o un mayor respeto de los derechos civiles y las libertades individuales.
Los bonos verdes y otros instrumentos similares son obviamente herramientas claras para la promoción de objetivos medioambientales y/o sociales. Sus objetivos están definidos de forma clara y pueden ser controlados desde el inicio de la emisión hasta el vencimiento del bono. Siempre y cuando, por supuesto, los bonos verdes (o instrumentos similares) cumplan los criterios de un verdadero bono verde: es decir, el uso claro de los ingresos (elegibilidad de los proyectos, proceso de toma de decisiones), la divulgación de la documentación, la presencia de un supervisor aprobado y el seguimiento (tracking) de los procesos.
Por último, no olvidemos el engagement, que está en el centro del enfoque de la inversión sostenible. Es a través del compromiso la manera en que tiene lugar el intercambio de mejores prácticas y en la que los gobiernos son conscientes de las cuestiones de sostenibilidad. Es esencial que los inversores en deuda soberana demuestren la importancia de estos criterios para atraer inversiones. También es crucial animar a los emisores de deuda soberana a abordar las cuestiones de sostenibilidad, que son fundamentales para una estrategia de inversión.
Columna de Ophélie Mortier, directora de Inversiones Sostenibles de DPAM
