El año nuevo empieza dejando una sensación de urgencia creciente a nivel global. España, como muchas otras naciones, se enfrenta a la tarea de redefinir su lugar en plena reconfiguración geopolítica. Las antiguas seguridades, dominadas por bloques sólidos y alianzas previsibles, ceden hoy ante riesgos emergentes, nuevas amenazas y una demanda de liderazgo que ya no permite la ambigüedad.
En este escenario de cambio, varios frentes definen la posición estratégica de España como el gasto en defensa, la transición energética o la adaptación al nuevo entorno comercial global. De cómo España aborde estos desafíos dependerá en buena medida su capacidad para mantener relevancia y autonomía en el tablero internacional.
Una muestra de ello fue el debate suscitado durante la cumbre de la OTAN, celebrada el pasado mes de junio, en torno al compromiso de los Estados miembros con el gasto en defensa. El presidente del Gobierno anunció que España destinará el 2,1% del PIB, considerando esta cifra suficiente. Sin embargo, esta posición difiere de las recomendaciones de la Alianza Atlántica, que durante la citada cumbre propuso un objetivo más ambicioso, situado en torno al 5 % del PIB para 2035.
No obstante, la cúpula militar española sostiene que el umbral anunciado por el presidente permite atender las obligaciones asumidas, priorizando la eficiencia y la calidad del gasto frente al mero incremento presupuestario. En este sentido, se argumenta que España contribuye de forma sustantiva a la defensa colectiva de la OTAN, pese a destinar un porcentaje menor de su PIB que otros aliados. Esta contribución diferencial se explicaría por una inversión más eficiente y por una presencia destacada en operaciones internacionales, lo que refuerza su papel operativo dentro de la organización.
Desde la perspectiva energética, España se encuentra en una posición potencialmente estratégica dentro del nuevo escenario internacional. Diversas voces apuntan a la posibilidad de que el país se consolide como un auténtico hub energético para Europa. Su desarrollo constante en energías renovables, junto con una amplia disponibilidad de recursos naturales, especialmente el sol y el viento, la sitúan como un actor clave en la transición energética del bloque comunitario y en la búsqueda de una mayor autonomía frente a la dependencia de fuentes externas.
El prolongado conflicto en Ucrania continúa teniendo efectos sobre el sistema energético, impulsando a la Unión Europea a diversificar sus fuentes y reforzar la generación interna. En este contexto, España ha intensificado su producción de energías renovables y ha reforzado su papel dentro del entramado energético europeo. Sin embargo, este potencial no está libre de desafíos, ya que persisten limitaciones de interconexión con el resto del continente, tensiones geopolíticas y resistencias sociales derivadas del aprovechamiento desigual de los recursos naturales entre regiones.
Superar estos obstáculos exigirá una planificación más equilibrada e inclusiva, capaz de integrar las distintas dimensiones territoriales y políticas de la transición energética. España cuenta con los recursos, las infraestructuras y la ubicación necesarias para convertirse en un polo energético europeo, pero para hacer de este potencial una realidad será esencial romper el aislamiento energético y consolidar la cooperación con socios estratégicos como Francia y Marruecos.
En este contexto global, no puede pasarse por alto el papel que desempeñan las normas que regulan el comercio internacional. La creciente escalada arancelaria entre Estados Unidos, la Unión Europea y China ha provocado una profunda inestabilidad en las cadenas globales de suministro, afectando de manera directa la competitividad de las empresas exportadoras e importadoras.
En España, esta presión comercial pone en riesgo sectores estratégicos ante la imposición de medidas proteccionistas, barreras no arancelarias y ajustes regulatorios que pueden alterar abruptamente condiciones de mercado. Para amortiguar ese entorno volátil, tanto el sector privado como el Estado han empezado a incorporar cláusulas de protección contractual, como mecanismos de ajuste automático de precios o reasignación de riesgos, además de optimizar sus cadenas de valor para reducir exposición arancelaria.
España, como economía abierta y dependiente de la estabilidad comercial europea, debe mantenerse vigilante y adaptar su política exterior y económica para no quedar rezagada en un sistema que cambia con rapidez. Estar al tanto de las transformaciones y anticiparse a ellas no es solo una cuestión de competitividad, sino de supervivencia en un orden económico cada vez más imprevisible.
Por otro lado, en el marco de las recientes y repentinas reconfiguraciones de poder en el panorama internacional, destaca el episodio relativo a la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York para ser juzgado. Aunque los objetivos últimos de la operación no han sido confirmados, el movimiento encaja con la lógica de política exterior de la Administración Trump, caracterizada por lógicas de poder y un enfoque transaccional de las relaciones internacionales, donde la fuerza y el control de recursos estratégicos ocupan un lugar central.
España, debido a sus históricos vínculos con Venezuela, se encuentra en una posición especialmente delicada. Debe equilibrar la defensa del derecho internacional y del principio de soberanía con la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos. En este contexto, la respuesta del Gobierno ha sido prudente, evitando una condena directa de la actuación estadounidense y subrayando la importancia del respeto a la legalidad internacional. Al mismo tiempo, este escenario ha impulsado a España a buscar un mayor protagonismo diplomático en América Latina, diferenciándose de la respuesta más contenida de otros socios europeos. No obstante, la ausencia de una posición clara y unitaria por parte de la Unión Europea ha generado tensiones, situando a España en una posición incómoda al tener que conciliar las distintas sensibilidades europeas con sus propios intereses estratégicos en la región.
Todo esto refuerza la evidencia de que España se enfrenta a un futuro incierto lleno de desafíos que exigen decisiones estratégicas firmes y sin margen para la dilación. Las tensiones en torno al gasto en defensa, la transición energética, la adaptación al nuevo entorno comercial global y los cambios drásticos en el equilibrio del poder internacional son manifestaciones distintas de un mismo reto: mantener al país a la altura de un mundo que se transforma a una velocidad sin precedentes. El verdadero desafío reside en construir una estrategia nacional coherente que permita actuar con visión y propósito. España, si quiere ser algo más que un socio secundario, debe pasar de reaccionar a anticiparse. Solo así podrá convertirse en un actor con voz propia en el nuevo ordenamiento geopolítico internacional.
Tribuna de José María Viñals, director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB
Por Funds Society, Madrid