Tanto los inversores institucionales como los minoristas apuestan cada vez más por la inversión sostenible. A medida que los reguladores estudian cambios para promover empresas que crezcan de manera sostenible, los inversores y sus asesores deberían calcular cómo la nueva regulación afectará a sus opciones de inversión. Este es un ámbito en el que los inversores buscan cada vez más orientación.
El año pasado, la Comisión Europea publicó un plan de acción de diez puntos para financiar el crecimiento sostenible que complementaba la agenda climática y de desarrollo sostenible de la Unión Europea. El plan de acción tiene por objeto servir de hoja de ruta para abordar los compromisos del Acuerdo de París adquiridos por la UE, además de otros objetivos de sostenibilidad medioambientales y sociales. Se estima que serán necesarias inversiones adicionales por un valor superior a los 180.000 millones de euros para cumplir los objetivos climáticos y energéticos fijados en el Acuerdo de París.
La UE busca dirigir capital hacia la financiación sostenible; garantizar que los riesgos de sostenibilidad se integren en la toma de decisiones financieras; y hacer que la inversión sostenible sea más accesible y transparente.
La implantación del plan de acción se lleva a cabo con medidas legislativas y no legislativas. Se están impulsando cuatro medidas legislativas destinadas a facilitar el cumplimiento de los objetivos: aplicar una taxonomía estándar para las acciones medioambientalmente sostenibles; introducir requisitos para integrar los factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones y mejorar la información relacionada con la inversión sostenible y los riesgos para la sostenibilidad; crear nuevos índices que ayuden a mostrar el impacto carbónico de las inversiones; y exigir a los asesores y los gestores de activos que tengan en cuenta las preferencias de los inversores en cuanto a sostenibilidad (Directiva sobre Mercados de Instrumentos financieros, MiFID II; y Directiva sobre la Distribución de Seguros, IDD).
Consecuencias para los inversores
El principal cambio para los inversores institucionales tiene que ver con una definición más clara y una ampliación de las obligaciones fiduciarias en relación con las inversiones. Conforme al plan de acción, las políticas de diligencia debida y gestión del riesgo de sostenibilidad, así como los directivos que sean responsables de gestionar los riesgos de sostenibilidad, deberían considerarse parte de la obligación fiduciaria del propietario de los activos. Además, está previsto que pronto se exija una información específica de los productos que promuevan la sostenibilidad o tengan como objetivo la inversión sostenible.
La gestión del riesgo es otra parte importante del plan de acción de la Comisión Europea y respalda el objetivo de integrar las consideraciones de sostenibilidad en la gestión del riesgo. Las pensiones reguladas por fondos de pensiones de empleo (Directiva IORP II) y las compañías de seguros y gestores de activos regulados por Solvencia II deberían apostar por una mayor integración de los riesgos de sostenibilidad en sus marcos de gestión del riesgo financiero. El plan de acción también aboga por hacer mayor hincapié en los factores de sostenibilidad de importancia significativa incorporando evaluaciones prospectivas del riesgo de sostenibilidad.
Otras orientaciones de la Comisión Europea se refieren a las ventas institucionales y minoristas. A este respecto, propone que las preferencias de sostenibilidad de los inversores institucionales y minoristas deberían discutirse en las evaluaciones de idoneidad de los productos financieros. También aboga por documentar las preferencias de los clientes minoristas.
Tribuna de Steffen Hörter, responsable global de estrategia ASG de Allianz Global Investors y miembro del grupo de expertos técnicos sobre finanzas sostenibles de la Unión Europea.
Por Funds Society, Madrid
