Mossack Fonseca ha declarado estar cooperando con las autoridades después de que la Fiscalía panameña efectuara una diligencia de allanamiento y registro en las oficinas principales de la firma y demás filiales del grupo. El procedimiento comenzó en la tarde del martes 12 de abril y finalizó al día siguiente pasado el mediodía.
La diligencia se ha llevado a cabo con la intención de obtener y copiar toda la documentación física y electrónica que guarde relación con la participación de Mossack Fonseca en entramados con sociedades offshore que hubieran servido de vehículo para acometer presuntas actividades irregulares. La acción fue ejecutada conjuntamente por la recién creada Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, según informó la publicación panameña La Prensa.
Por el momento, no ha sido realizada ninguna detención, ni se ha ordenado el congelamiento de ninguna cuenta. El fiscal del caso, Javier Carballo, comunicó a la prensa que la revisión de las oficinas de la firma había permitido asegurar 100 servidores virtuales y un buen número de servidores físicos que serán minuciosamente analizados.
Buscando una mayor transparencia
La filtración de más de 11 millones de documentos conocida como los “Papeles de Panamá” deja al descubierto el enorme volumen de sociedades offshore anónimas existentes, que pueden ser utilizadas como vehículo para la evasión fiscal, el lavado de dinero, la elusión de sanciones y por esquemas de corrupción de gobiernos. Este tipo de sociedades no son ilegales, pero algunos usos de las mismas sí lo serían.
Las autoridades regulatorias a nivel mundial están buscando medidas para hacer más complicada la creación de empresas de forma anónima y conseguir así incrementar el grado de transparencia fiscal. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha impulsado nuevos estándares que requieran que los países tengan que compartir información de forma automática para las cuentas domiciliadas en el extranjero con las autoridades del país de origen de los titulares de la cuenta. En teoría esto haría más difícil utilizar cuentas offshore para eludir impuestos o cometer otro tipo de crímenes, porque los países de origen conocerían la existencia de las cuentas. La nueva directiva obligaría a las compañías a proporcionar, para cada país, sus datos contables y fiscales, así como a informar de los impuestos que pagan en cada estado miembro de la organización.
Cerca de 100 jurisdicciones han firmado el acuerdo para cumplir con los estándares de la OCDE. Pero dos importantes países se resisten: Panamá y Estados Unidos. Por lo pronto, representantes de las autoridades tributarias del G20 y de países miembros de la OCDE se han reunido para sondear posibles mecanismos de cooperación e intercambiar puntos de vista sobre los “Papeles de Panamá”.
Por su parte, la Unión Europea emitió el año pasado una directiva requiriendo a los estados miembros establecer registros que revelarían la verdadera propiedad de las compañías para atajar posibles casos de lavado de dinero. Pero al ser una directiva, es cada país, de forma individual, quien debe decidir si los registros deberían ser completamente públicos.
Por Fórmate a Fondo
Por Alicia Miguel Serrano