Los retos sociales, financieros y económicos derivados del progresivo envejecimiento de la población se verán acentuados por la caída de los mercados financieros y la disminución en las aportaciones a los planes de empleo, además del aumento del endeudamiento, según afirma el Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI), anteriormente conocido como Mercer Melbourne Pension Index. La pandemia está configurando un alarmante panorama para el futuro de la jubilación en la mayoría de los países, entre ellos España.
“La recesión económica, causada por la crisis mundial de salud, ha provocado una reducción de las contribuciones a las pensiones, menores rendimientos de las inversiones y una deuda pública más elevada en la mayoría de los países. Inevitablemente, esto afectará las pensiones futuras: algunas personas tendrán que trabajar más tiempo, mientras otras tendrán que conformarse con un nivel de vida inferior cuando se jubilen” reflexiona el Dr. David Knox, autor del estudio y socio de Mercer. “Es fundamental que los gobiernos reflexionen sobre las fortalezas y debilidades de sus sistemas para garantizar mejores resultados para los jubilados».
El MCGPI es un proyecto de investigación colaborativo entre Mercer, el Centro de Estudios Financieros de Monash (MCFS) y CFA Institute. El Índice compara 39 sistemas de jubilación en todo el mundo; este año ha incorporado Bélgica e Israel, y cubre casi dos tercios de la población mundial. El estudio establece un ranking global, utilizando más de 50 indicadores para asignar un valor a cada uno de los tres subíndices según su peso: suficiencia (40%), sostenibilidad (35%) y buen gobierno/ comunicación (25%).
El MCGPI destaca las consecuencias inmediatas de la pandemia en los sistemas de pensiones mundiales: la devaluación de los activos de los fondos de pensiones, la bajada de los tipos de interés, la disminución de aportaciones a los planes de jubilación por el aumento del desempleo, la escalada de la deuda pública por las ayudas y el rescate anticipado de planes de empleo para obtener liquidez. A largo plazo, augura que los efectos económicos, financieros, laborales y sociales podrán extenderse durante años, incluso décadas. Muchos gobiernos reducirán la tasa de reemplazo para paliar el déficit, los empleadores recortarán su inversión en planes de empresa para reducir costes laborales, y los ciudadanos reducirán el consumo y aumentarán los rescates anticipados de sus planes de pensiones para obtener liquidez. Todo ello exige una flexibilización urgente de los sistemas de pensiones.
Los Países Bajos tuvieron el valor de índice más alto (82,6), y se han mantenido consistentemente en la primera o segunda posición durante 11 de los últimos 12 informes MCGPI. Tailandia tuvo el valor de índice más bajo (40,8).
España, la número 22
España ha subido dos puestos gracias a una mejora en su puntuación de gobernanza, un efecto derivado de la implementación de la nueva normativa IORP II, pasando de 54,7 a 57,7, y ocupando el puesto 22 de 39 en el ranking general y el puesto 19 de 26 si tenemos en cuenta los países de OCDE.
Con un puesto final número 22 de los 39 sistemas contemplados que se desgrana en una 11ª posición en lo que respecta a gobernanza, un puesto 16 en suficiencia y un 35 en sostenibilidad, el informe realiza algunas recomendaciones para que España consiga avanzar puestos. Los autores invitan a España a aumentar la cobertura de los trabajadores a través planes de pensiones de empleo con mecanismos de adhesión automática, como en Reino Unido, aumentando así el número de nivel de contribuciones y activos. Asimismo, recomiendan incrementar la edad de jubilación a medida que la esperanza de vida aumenta.
“A raíz de las tensiones financieras provocadas por la pandemia, apoyar la seguridad financiera durante la jubilación y facilitar orientación para modernizar el ecosistema de las pensiones se convierte en un desafío aún mayor”, argumenta Luis Buceta, CFA, vicepresidente de CFA Society Spain. “Desde CFA Society Spain deseamos continuar trabajando con todos nuestros grupos de interés, líderes empresariales y reguladores para fortalecer el sistema español de pensiones. Y lo que es más importante: promover una educación financiera que facilite una solución para los importantes retos a los que nos enfrentaremos durante generaciones”.
El estudio destaca por el amplio espectro de sistemas que analiza, incorporando las particularidades económicas, históricas y políticas de cada país. El Índice 2020 ha ampliado contenidos como: el gasto público en pensiones, la inversión ASG (ambiental, social y de gobernanza) y el apoyo a los cuidadores, con el fin de aportar una visión ampliada de futuro. Si bien cada sistema de pensiones tiene un conjunto único de circunstancias, el informe reitera un año más que existen mejoras comunes que se deben emprender para hacer frente a los desafíos del COVID-19 en la economía global. De hecho, el informe urge una reforma para paliar el impacto negativo tanto a corto como a largo plazo en los planes de pensiones de todo el mundo.
“La pandemia está causando un gran impacto en los sistemas de pensiones y, previsiblemente, modificará el escenario de inversión, empleo y esperanza de vida durante años, incluso décadas” afirma Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España. “El sistema de pensiones en España requiere de una profunda y urgente revisión para aumentar la cobertura de empleados con planes de pensiones de empleo mediante adhesión automática -similar al sistema de Reino Unido- así como aumentar la contribución de la fuerza laboral de edad avanzada.
Entre las medidas y objetivos comunes que un buen sistema de pensiones debe adoptar, el MCGPI 2020 señala: contar con al menos un 70% de tasa de reemplazo, que el 80% de la población activa se acoja a un plan de empleo, que los activos invertidos superen el 100% del PIB y que la población entre 55 y 64 años suponga el 80% de la población activa, además de un sólido esquema regulatorio y de gobernanza.
Las medidas de los sistemas de pensiones durante la pandemia
Para ayudar a aliviar el impacto de la pandemia en los ciudadanos, los gobiernos han desplegado una amplia gama de respuestas. Algunos países han permitido un acceso anticipado a pensiones ahorradas o han reducido el nivel de las tasas de cotización obligatorias para mejorar la situación de liquidez de los hogares.
Por ejemplo, Australia permitió a las personas cuyos ingresos habían disminuido en más del 20% retirar hasta 20.000 dólares (aproximadamente 12.000 euros) de sus activos de pensiones, mientras que Chile permitió que los contribuyentes activos retiraran voluntariamente el 10% de sus fondos de pensiones individuales hasta 5.600 dólares (4.778 euros). Sin embargo, los dos principales sistemas de jubilación del Índice, los Países Bajos y Dinamarca, no han permitido el acceso anticipado a los activos de pensiones. España por su parte también ha permitido el rescate anticipado de fondos de pensiones por un importe limitado a los salarios dejados de percibir y con una bonificación fiscal del 40%.
Por otro lado, algunos reguladores han adoptado medidas como el aplazamiento de la comunicación de resultados y otros informes anuales para aliviar la carga de cumplimiento en un momento en que las instituciones.
Por ejemplo, Canadá amplió los plazos para la presentación de determinadas actuaciones y reportes anuales; Dinamarca flexibilizó los plazos para la publicación de informes y la celebración de juntas de accionistas y Nueva Zelanda extendió el plazo para la presentación de declaraciones financieras y de afiliados por dos meses. En este caso, España amplió el plazo para la remisión de los informes anuales del fondo a la DGSFP.
Los requisitos de financiación de los planes de prestaciones definidas también se relajaron en algunos países. Por ejemplo, varias provincias canadienses anunciaron moratorias durante 2020 sobre la financiación del déficit de pensiones; Alemania difirió los pagos exigidos a los empleadores para limitar la subfinanciación al 10% de las provisiones técnicas hasta 2021; mientras que Estados Unidos aplazó cualquier contribución exigida en 2020 hasta 2021.
Por su parte, las entidades gestoras de fondos de pensiones también se han visto obligadas a revisar su asignación de activos y estrategias de inversión. A pesar de no haber tomado decisiones drásticas, han coincidido en dos aspectos: mayor diversificación mediante activos que suponen menor volatilidad (como la inversión en infraestructura) y mayor liquidez.
El problema de la sostenibilidad
Para cada subíndice, los valores más altos fueron, de nuevo, Países Bajos para la adecuación (81,5), Dinamarca para la sostenibilidad (82,6) y Finlandia para la integridad (93,5). Los puntos más bajos fueron México para adecuación (36,5), Italia para sostenibilidad (18,8) y Filipinas para integridad (34,7). Al medir la probabilidad de que un sistema actual pueda proporcionar beneficios en el futuro, el subíndice de sostenibilidad continúa destacando la debilidad de muchos sistemas. El puntaje promedio de sostenibilidad se redujo en 1.2 puntos en 2020 debido al crecimiento económico negativo experimentado en la mayoría de las economías debido al COVID-19.
Este problema no se limita a las economías en desarrollo. Muchas economías europeas se encuentran con presiones similares. Aunque Dinamarca alcanza el valor más alto para el subíndice de sostenibilidad en 82,0, Italia y Austria obtuvieron solo 18,8 y 22,1, respectivamente.
