Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México (CONEVAL), 7,99 millones de mexicanos tienen 65 años o más y representan más del 6.5% de la población; el 66,3% de esos adultos mayores nunca ha cotizado al sistema de seguridad social y el 37,6% no recibe ningún tipo de pensión.
La situación de indefensión de los adultos mayores que carecen de una pensión y que además no cuentan con cobertura de servicios de salud es una presión social persistente en México. La exposición de motivos de la reforma social del año pasado subraya que “el futuro de los adultos mayores de 65 años será más grave porque, actualmente, el 48,1% de la población económicamente activa mayor de 16 años no cotiza en la seguridad social para su vejez”.
De acuerdo a un informe realizado por el Departamento de Estudios de Principal Financial Group sobre las pensiones sociales no contributivas, los problemas estructurales en México como la economía informal, el rezago de los salarios reales y el bajo crecimiento económico en general, propiciaron que las pensiones no contributivas –como La Pensión Universal- se consideren como una estrategia directa de combate a la pobreza de adultos mayores y a la baja cobertura en pensiones.
Esta Pensión Universal -pendiente de aprobación en el Senado hasta septiembre próximo- es un apoyo económico del tipo pensión no contributiva para todos aquellos adultos mayores de 65 años que hoy no reciben una pensión mensual –o que la pensión que reciben es menor a 1.092 pesos mensuales-. Una pensión que además de no estar condicionada a los segmentos socioeconómicos vulnerables, otorga un monto de transferencia muy pequeño, equivalente al 54,1% de un salario mínimo general vigente (que es de 2.018 pesos), el cual resulta lejano de una pensión digna para una persona con ingresos iguales o mayores a un salario mínimo.
Los costos del programa de Pensión Universal, según estimaciones del Gobierno Federal, actualmente no representan un riesgo para las finanzas públicas; sin embargo, considerando los problemas estructurales ya mencionados y adicionando el hecho indiscutible que la proporción de adultos mayores de 65 años se triplicará en las próximas décadas en México, la presión sobre el gasto público será apremiante.
Los programas de apoyo económico como la Pensión Universal sólo deberían ser una solución “de paso” para enfrentar el problema en el corto plazo. Bajo este esquema de pensión no contributiva que se encuentra pendiente de aprobación por el Senado, existe una carga fiscal generacional, que en caso de no corregirse con medidas permanentes a los sistemas obligatorios de pensiones y con una mayor cobertura e inclusión de trabajadores informales a estos sistemas, el costo de las pensiones de los adultos mayores de 65 de hoy, terminará transfiriéndose a la población en general través de mayores impuestos o menor inversión en educación, salud y proyectos productivos, afectando a los niños y jóvenes del mañana, según Principal Financial Group. «Como resultado, el gobierno y la sociedad mexicana enfrentarán un problema mayor de pobreza en el mediano y largo plazo».
La Pensión Universal y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
Las pensiones que se rigen bajo la Ley del IMSS y la Ley del ISSSTE son de carácter “contributivo”; es decir, cada trabajador tiene una cuenta de ahorro para el retiro a su nombre y tanto el trabajador como el patrón y el gobierno son responsables de aportar una cantidad determinada durante toda la vida laboral activa del trabajador en el mercado formal. A esto se le llama una contribución tripartita. Bajo este contexto, comparados con el universo de adultos mayores de 65 años que estarán por recibir la Pensión Universal, todos los trabajadores dentro de la economía formal, que ahorran obligatoriamente para su retiro, se encontrarían en desigualdad de condiciones.
Según Principal, actualmente la Pensión Universal no compite directamente con el SAR pero en el mediano plazo se generarán distorsiones en el mercado laboral formal y en las decisiones de ahorro de todos los mexicanos.
Principal Financial Group subraya que para que una pensión social no contributiva tenga éxito debe contener el factor “redistributivo”; es decir, debe dirigirse a la población de niveles de ingreso más bajo y asegurar que su monto nunca sea mayor a la pensión mínima garantizada en las Leyes del IMSS e ISSSTE. Adicionalmente, el Gobierno Federal debe fortalecer al sistema de pensiones contributivas, de tal manera que se mejore el monto de la pensión para los trabajadores y se minimice la carga fiscal generacional.
Políticas públicas en materia de pensiones: visión de largo plazo
En la próxima década se pensionarán los primeros mexicanos de la generación Ley del IMSS 1997. Actualmente, las proyecciones indican que apenas alcanzarán una pensión del 33% de su último salario, aun cuando el nivel óptimo de ingreso para vivir en la vejez es por lo menos del 80%. Este resultado es, en parte, consecuencia de la baja tasa de ahorro obligatorio –ubicada en el 6,5% sobre el salario bruto del trabajador comparado con una aportación promedio del 18% sobre el sueldo en los países de la OECD- y de la inestabilidad del mercado laboral para sostener empleos formales. Y es consecuencia también de la baja tasa de ahorro obligatorio por parte de los trabajadores mexicanos donde el trabajador solo aporta el 1,125% de su salario para su pensión, cuando en otros países de la OECD el trabajador aporta en promedio el 10% de su salario para su cuenta para el retiro.
Hoy día la Pensión Universal es un apoyo necesario para combatir la pobreza y la baja cobertura en pensiones. No obstante, la visión de largo plazo del gobierno mexicano debiese incluir dentro de sus propuestas el fortalecimiento del actual sistema de ahorro para el retiro –incrementando los niveles de las aportaciones obligatorias de acuerdo con la realidad actual y futura, generar un ambiente fiscal competitivo y adecuado para promover el ahorro voluntario de largo plazo, ajustar la edad de retiro conforme se incrementa la esperanza de vida- así como generar condiciones óptimas para incentivar el mercado laboral formal.
Garantizar la cobertura en pensiones de los trabajadores a través de uno o más planes de pensiones es fundamental para la lucha contra la pobreza de los adultos mayores. Los planes de ahorro voluntario para el retiro con incentivos fiscales, que involucren aportaciones compartidas –conocidas como “matching contributions”- en las cuales participan tanto el trabajador como el patrón, son vehículos que han demostrado mejorar considerablemente la pensión de trabajadores en países como Estados Unidos, Chile, Brasil, Irlanda e Inglaterra por citar algunos. En consecuencia, los apoyos y facilidades que otorgue el gobierno para la creación y utilización de planes de ahorro voluntario así como un incremento paulatino a la tasa de contribución del sistema obligatorio, son medidas que permitirían mejores pensiones para los trabajadores mexicanos y requerirían cada vez menos recursos para financiar apoyos sociales como la Pensión Universal.
Por Funds Society, México
