La incertidumbre en torno a las pensiones públicas se eleva. Según los últimos datos del CIS estamos en máximos de preocupación y un 11% de la población sitúa a las pensiones públicas como uno de los tres principales problemas de España, un porcentaje que en la última década se había mantenido en una cifra estable, el 3%.
Los posibles desencadenantes de este aumento de la preocupación, según señalan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podrían ser: el aumento del déficit, que ha pasado de ser un superávit en 2010 a un déficit del 1,3% en 2019; el continuo deterioro del fondo de reserva y la reciente crisis sanitaria.
Según ha señalado el ministerio, esta incertidumbre crea una situación intrínsecamente injusta, ya que se crea incertidumbre sobre rentas futuras a personas que no tienen capacidad de reacción. Además, conduce a decisiones financieras inadecuadas en su momento vital y merma los ingresos del sistema al propiciar jubilaciones anticipadas voluntarias (16% en 2019) y que los trabajadores que pueden, mayoritariamente, optan por la cotización mínima (85% de autónomos en 2019).
Todas estas dudas generan una desafección por el sistema, por ello, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha insistido en la necesidad de eliminar las incertidumbres y visibilizar la solvencia del sistema. Para ello, ha señalado que es preciso atajar el déficit contable- no económico- del sistema. Según ha indicado, con el nivel de cotizaciones sociales y el gasto en pensiones no debería existir déficit. Si existe, explica, es porque la Seguridad Social ha estado financiando políticas públicas que deberían haberse financiado con los Presupuestos Generales del Estado.
A medio plazo ha planteado tres reformas: el retorno al marco normativo preexistente a la reforma de 2013, la implantación de incentivos positivos para que la edad real de jubilación se acerque a la legal y el desarrollo de la previsión social complementaria. “Todo ello se puede hacer partiendo del borrador de acuerdo del Pacto de Toledo si es ratificado por los grupos políticos”, ha subrayado el ministro.
Respecto, a la implantación de incentivos positivos para que la edad real de jubilación se acerque a la legal, el ministro propone dos líneas de actuación: incentivar la demora en la jubilación a través de mejoras económicas y fórmulas de compatibilidad con el trabajo y desincentivar las jubilaciones anticipadas.
Escrivá ha insistido en la necesidad de reforzar la previsión empresarial, usando como principal argumento su mayor rentabilidad. Según ha indicado, en los últimos 10 años la rentabilidad media de los planes de empleo ha sido del 4%, mientras que la del sistema individual del 2,8%. Asimismo, ha puesto como ejemplo de éxito a las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) en el País Vasco. Según informa, estas llegan a más personas y logran una pensión mayor. Se trata de un sistema vinculado a convenios colectivos sectoriales, donde el trabajador aporta 1% y la empresa otro 1% al plan de pensiones.
En este sentido, el ministro ha concluido asegurando que se desplazará la fiscalidad favorable de los planes individuales hacia los planes de empleo procedentes de la negociación colectiva.