Uno de los principales objetivos del Gobierno en materia de pensiones ha sido incentivar el ahorro en planes de empleo, estancado desde hace varios años. Para ello, se ha diseñado el Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, que tiene como principal objetivo elevar la cobertura de los planes de pensiones colectivos y que se ha aprobado por el Consejo de Ministros.
Para ello, se facilita la creación de planes colectivos en el marco de la negociación colectiva y habilita la creación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. El objetivo es facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro de bajas comisiones a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes.
Según ha explicado ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el proyecto tiene cuatro objetivos principales: aumentar la población cubierta ayudando a las rentas medias y bajas, dar seguridad y confianza; ofrecer productos con menor coste y asequibles (los planes colectivos tienen comisiones por debajo del 0,3% y los individuales por encima del 1%); y trasladar el beneficio fiscal hacia los partícipes.
Para incentivar el ahorro a través de los planes colectivos se incorporan varios incentivos fiscales. Por el lado de los trabajadores, un asalariado podrá desgravarse hasta 10.000 euros por aportaciones. Mientras que un autónomo podrá llegar a desgravarse 5.570 euros.
En el lado de las empresas, los primeros 1.380 euros aportados estarán exentos de las cuotas de la seguridad social, lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador. “Esto hace atractiva la aportación y la negociación en términos de salario versus aportación al fondo”, ha valorado Escrivá. Además, el proyecto de ley simplifica los procedimientos para crear planes de empleo, reduciendo los pasos de seis a uno.
El derrumbamiento de los tres pilares
Como se ha visto, una de las palancas para promocionar los planes de empleo ha sido aumentar sus beneficios fiscales, sin embargo, se ha hecho a costa de trasladar los de los planes individuales. Este trasvase de beneficios, según ha explicado Escrivá, se ha hecho por varias razones. En primer lugar, porque el beneficio fiscal no estaba cumpliendo sus objetivos. Según las reflexiones del gobierno, este beneficio suponía renunciar a 1.500 millones de euros en ingresos a través del IRPF, una renuncia que no valía la pena ya que los incentivos no aumentaban el ahorro a largo plazo, solo lo traspasaba de unos instrumentos a otros, según ha señalado Escrivá.
“Los beneficiarios son personas de patrimonio y rentas altas y no parece que en rentas medias bajas ha habido éxito alguno a la hora de propiciar ese ahorro. Por eso había que replantear ese beneficio fiscal”, ha justificado.
Sin embargo, la industria no lo ve así y este recorte de incentivos ha sido recibido con muchas críticas. El Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria señala que, aunque comparte la necesidad de establecer unos estímulos que den como resultado una factura fiscal equitativa y equilibrada para el erario, también es importante estimular el ahorro individual y no contraponer los sistemas de empleo a los instrumentos de tercer pilar. “La mejor diferenciación sería establecer una legislación diferenciada para los instrumentos del segundo pilar”, propone.
Unespa considera un error que se plantee el intento de generalizar en España la previsión social complementaria en el ámbito colectivo a costa de “fagocitar” el ahorro de los particulares para la jubilación. “Estas leyes han cercenado la capacidad de los ciudadanos de preparar su jubilación a título particular antes de que el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo les ofrezca una vía alternativa para ahorrar a través de instrumentos de carácter colectivo o laboral”, lamenta Pilar González de Furtos, presidenta de Unespa.
Según advierten desde Unespa, los sistemas de empleo propuestos por el Gobierno tardarán lustros –tal vez, incluso décadas–, en alcanzar velocidad de crucero, pues su adopción queda sujeta a la negociación colectiva. Entre tanto, las aportaciones deducibles a sistemas individuales de ahorro se encontrarán limitadas a un máximo de 1.500 euros. “Repartir la carga de las pensiones en tres pilares dota de solidez al sistema porque dichos pilares se complementan y refuerzan mutuamente. España necesita un sistema de previsión social que conste de tres pilares plenamente desarrollados. El texto acordado en el Consejo de Ministros carece de la ambición para alcanzar esa meta”, valora Unespa.
Como conclusión Unespa considera que el texto propuesto por el Gobierno es insuficiente principalmente por tres razones: los incentivos son insuficientes para promover el ahorro en el ámbito de las relaciones laborales, se inicia la tramitación legislativa sin el apoyo de todos los agentes sociales y porque sacrificar el ahorro individual para la jubilación es contraproducente. “Es una ocasión perdida para la revisión estructural del sistema de pensiones”, afirma Pilar González de Frutos.
El proyecto se aprueba sin el apoyo de los agentes sociales
Otro de los aspectos peor valorados por el sector es que el anteporyecto se haya aprobado sin el apoyo de los agentes sociales. Según el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria: “La medida puede quedar en una declaración de intenciones, en una caja vacía, si los agentes sociales, que tienen la llave mediante la negociación colectiva, no incorporan la previsión social complementaria del sistema de empleo en los convenios colectivos, donde se establezcan las aportaciones necesarias para su financiación”.
“El texto de partida del Ejecutivo no cuenta con el respaldo de las partes que, una vez concluido el proceso legislativo, serán las encargadas de plasmar lo que fije la norma”, añade la presidenta de Unespa.