Aunque la Universidad de los Andes ve como una necesidad el cambio al sistema de pensiones de Colombia, calificándolo como “excluyente, regresivo e ineficiente” en una nota macroeconómica reciente, el proyecto que se discute actualmente tiene camino por recorrer. Y en este contexto, la casa de estudios propone tres cambios para la reforma que se discute en el país andino.
Estas modificaciones, según delineó la Facultad de Economía de la institución en su nota –firmada por los profesores adjuntos Óscar Becerra y Daniel Mantilla y el profesor titular Marc Hofstetter–, “harían la reforma fiscalmente razonable, reducirían los efectos sobre el ahorro y el mercado de capitales, matizarían aún más los subsidios del Estado en la parte alta de la distribución y mejorarían las cargas de la reforma en términos intergeneracionales”.
La primera propuesta de la Universidad es bajar el umbral de salarios mínimos por los que hay que contribuir al esquema de reparto manejado por Colpensiones. El proyecto actual establece que sea de tres salarios mínimo, pero la casa de estudio propone que sea de sólo 1,5.
“Un umbral más bajo permitiría que el Estado garantice niveles de ingreso básico para los pensionados dejando en manos del ahorro individual—no de los subsidios—los complementos a los ingresos del pilar de reparto para las personas de mayores ingresos”, escribieron los académicos en la nota.
Además, agregaron, reducir este umbral ayudaría a suavizar el costo fiscal entre generaciones. Esto considerando que, en su opinión, la reforma actual provoca que el “costo grande” del ajuste afecte primordialmente a las futuras generaciones.
La segunda medida que propone la universidad de los Andes es aumentar la edad mínima de pensión. “A medida que la esperanza de vida aumenta, también lo hacen los años de disfrute de la pensión. Los sistemas solo serán financieramente sostenibles si balancean los años de contribución con los de disfrute de la pensión”, escribieron Becerra, Mantilla y Hofstetter.
Mientras que la esperanza de vida en Colombia era de 69 años en 1993 –año en que se sentaron las bases del sistema de pensiones actual–, ahora la cifra es de 77 años. Y la proyección es que en 30 años más suba a 83 años.
“Cambiar las edades mínimas, además de facilitar la sostenibilidad financiera, permitiría mayores pensiones una vez cruzado el umbral y un mayor número de personas lograría las semanas necesarias”, destacó la nota.
En concreto, la propuesta de los académicos es un aumento menor al proyecto de reforma, de sólo tres años para hombres y mujeres. Sin embargo, ven como “ideal” instaurar en la reforma una edad de pensión amarrada a la esperanza de vida, lo que permitiría “ajustes pequeños y automáticos a medida que vivimos más”.
La tercera modificación clave para la casa de estudios es mantener las semanas de cotización de las mujeres en 1.300.
Si se agrega el bono que establece el proyecto de ley, ligado a semanas por cada hijo de sus respectivas madres, “proponemos mantener las semanas de cotización de las mujeres en 1.300, al mismo nivel de las de los hombres”, indicaron los académicos. Así, agregaron, “el sistema les otorgaría a las mujeres una menor edad de jubilación relativa a la de los hombres y el bono de semanas por cada hijo”.
Con estas tres medidas, estima la Universidad de los Andes, se verían “importantes avances” en la sostenibilidad fiscal del sistema y lo haría “más equitativo” entre generaciones. “Comparado a un escenario sin reforma, la combinación de las medidas propuestas genera un esfuerzo fiscal adicional del 12% del PIB, es decir 45% del PIB menos que la reforma discutida”, estimaron los profesores.
Por Funds Society