Última actualización: 19:05 / Jueves, 7 Noviembre 2013
Según la FIAP

La FIAP alerta del impacto negativo de la reforma a la Ley de Pensiones de Uruguay en el sistema

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La FIAP alerta del impacto negativo de la reforma a la Ley de Pensiones de Uruguay en el sistema
  • La FIAP expresa su preocupación ante la reciente reforma a la Ley de Pensiones en Uruguay
  • "Reformas de esta índole deberían estar precedidas de un análisis profundo sobre sus efectos"
  • La federación añade que tendrá un impacto negativo en los precios de los instrumentos financieros

La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensión (FIAP) ha mostrado su preocupación por los efectos que pueda tener la recién aprobada reforma a la Ley de Pensiones en Uruguay sobre el sistema de pensiones en dicho país, una preocupación que ha plasmado en un escrito en el que enumera punto por punto todas las repercusiones que podría acarrear la citada reforma, cuyas medidas no comparte. 

En este sentido, emitió un comunicado en el que apunta que las citadas reformas al Régimen de Ahorro Invividual Jubilatorio, aprobadas por la Cámara de Diputados el pasado 23 de octubre, tendrán un impacto negativo sobre la situación financiera del Banco de Previsión Social (BPS), las pensiones de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y al BPS,  como asimismo, sobre las inversiones de los fondos de pensiones y la evolución macroeconómica del Uruguay.

La FIAP también subraya que "reformas de esta importancia deberían estar precedidas de un análisis profundo de los efectos que pueden generar, y de una información  oportuna de tales efectos a los distintos actores sociales y políticos involucrados. Cuando no se cumplen estas condiciones, aumenta el riesgo de que el sistema no pueda cumplir con su objetivo esencial, que es otorgar a los pensionados adecuadas tasas de reemplazo, estables y sostenibles financieramente en el tiempo", sentencia la federación.

Asimismo, puntualiza que respecto del proceso de aprobación de las reformas en Uruguay, no se conocen estudios sobre el impacto actuarial de las medidas sobre la situación financiera del BPS y,  por ende, sobre el monto de las pensiones que podrán recibir a mediano y largo plazo los afiliados al régimen de reparto administrado por esa institución. En el corto plazo es posible que dicha situación financiera mejore, producto del eventual traspaso de fondos desde las AFAP al BPS. Sin embargo, a mediano y largo plazo es altamente probable que la situación financiera del BPS se deteriore debido al incremento de los compromisos de pago de pensiones, en un contexto de tendencias demográficas que conducen a una disminución en la relación de activos a pasivos y a un aumento en el periodo de recepción de pensión.

Adicionalmente, atendidas las condiciones definidas en la ley para la toma de decisiones de revocación de la afiliación voluntaria a las AFAP, la FIAP sostiene que existe incertidumbre respecto al impacto que tales decisiones pueden tener sobre los montos de las pensiones que recibirán los trabajadores y sobre la conveniencia de dicha revocación. Más aún, la información disponible sugiere que en un alto porcentaje de los casos tal decisión puede representar un perjuicio para estos trabajadores.

"El Estado está asumiendo una responsabilidad implícita por los efectos que tendrán tales decisiones sobre las pensiones de los afiliados, quienes serán asesorados obligatoriamente por el BPS. Existe un alto riesgo de que esta asesoría no sea totalmente imparcial y de que no esté enfocada plenamente en el mejor interés de los afiliados involucrados, debido a que las decisiones adoptadas incidirán sobre la situación financiera de corto plazo de la institución que obligatoriamente los asesora. Más aún, aunque la asesoría fuera absolutamente imparcial, existen muchas variables (periodo de pago de cotizaciones, rentabilidad de los fondos, etc.) que no se pueden anticipar cuando faltan 10 a 20 años de plazo para alcanzar la edad de pensión, que es cuando deberá tomarse la decisión. Esto implica, como ya se indicó, altos niveles de incertidumbre sobre los resultados que las decisiones de revocación pueden tener sobre las pensiones de los afiliado"s.

Cabe destacar que algunos de ellos pueden verse especialmente perjudicados si no logran cumplir con el requisito mínimo de 15 años de cotización exigidos por la normativa para tener derecho a beneficios en el BPS, pues en estos casos perderán la propiedad de los fondos acumulados en las AFAP y no tendrán derecho a recibir pensión del BPS.

Por otra parte, el traspaso inmediato de una parte de los saldos acumulados en las AFAP al BPS, durante los primeros dos años de vigencia de la ley y a medida que los afiliados cumplan los 40 años (y hasta los 50 años) y decidan ejercer su derecho a revocación, puede perjudicarlos al igual que al resto de los trabajadores afiliados a las AFAP y al BPS. En efecto, las políticas de inversión y el portafolio de inversiones de los fondos de pensiones administrados por las AFAP, deberán ajustarse para enfrentar el traspaso potencial de recursos previsionales al BPS, disponiendo de portafolios con un mayor componente de liquidez, lo cual redundará en menores rentabilidades para las inversiones de los fondos de pensiones, con el consecuente efecto negativo para los afiliados que permanezcan en las AFAP.

Impacto negativo en los precios de los instrumentos financieros

Además, la liquidación de activos para efectuar el traspaso de los recursos previsionales desde las AFAP al BPS impactará negativamente los precios de los instrumentos financieros en el mercado de capitales, lo que tendrá un efecto adverso sobre la acumulación de ahorro, el desarrollo financiero y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. En contraposición, existe a nivel latinoamericano evidencia contundente del impacto positivo que genera la creación y desarrollo del sistema de pensiones de cuentas individuales y la acumulación de fondos de pensiones sobre el mercado de capitales y sobre la economía en general.

La autorización para que las AFAP administren distintos fondos o portafolios es una medida positiva que introduce la reforma, y que está en línea con las tendencias que se aprecian en muchos otros sistemas de pensiones de cuentas individuales, que permite a los afiliados ajustar mejor los portafolios de inversión a sus características y condiciones personales, las cuales pueden diferir sustancialmente entre distintos segmentos. Sin embargo, los beneficios de esta medida se limitan con la obligación de las AFAP de traspasar los saldos acumulados desde el Subfondo de Acumulación al Subfondo de Retiro a partir de los 55 años de edad. Esa obligación deberá cumplirse, cualesquiera que sean las condiciones que existan en el mercado de capitales al momento de efectuar los traspasos. Esta obligatoriedad de traspaso impone al Estado una responsabilidad implícita por los resultados que tales traspasos generen en las pensiones a recibir por parte de los afiliados respectivos.

La FIAP, que brinda su disposicion al Gobierno y fondos de pensiones de Uruguay, manifiesta que esta reforma no es consistente con las recomendaciones de organismos internacionales, como la OCDE y la Unión Europea, de avanzar en el desarrollo y fortalecimiento de sistemas de contribución definida, y con las tendencias registradas en la mayoría de los países de Europa que han enfrentado crisis estructurales en el funcionamiento de sus esquemas de reparto.

Por último, la FIAP estima positivo que se realicen perfeccionamientos a los sistemas de pensiones a medida que éstos se van desarrollando, y que se vayan otorgando mayores libertades a los afiliados para la toma de decisiones fundadas. Sin embargo, tales perfeccionamientos debieran sustentarse en una cuidadosa evaluación de los efectos que pueden generar, especialmente en los montos de pensión de los afiliados y en la sustentabilidad financiera de largo plazo de los programas de pensiones, y debieran realizarse luego de un proceso de análisis profundo de tales efectos por parte de los distintos actores sociales y políticos involucrados en la aprobación de las reformas.

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