El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en el Congreso, ha señalado que «la crisis de la COVID-19 ha hecho aún más necesario llegar a un acuerdo», de forma que las pensiones «ya se revaloricen con un marco estable el año que viene». En su comparecencia, el ministro ha insistido en la importancia de dar un marco de referencia de medio plazo estable y creíble, para lo que ha demandado consenso, que, según ha señalado, es lo que afianza la certidumbre. En este sentido, ha definido al Pacto de Toledo como un “magnífico punto de partida”.
La Seguridad Social se enfrenta a un gasto del 2% del PIB, más elevado que el 1,3% de 2019, debido, en parte, al COVID-19. Sin embargo, Escrivá insiste en que sus efectos tienen un carácter transitorio y que en 2023 se volverán a los niveles de déficit previos a la pandemia.
La revalorización de las pensiones
Escrivá ha realizado un análisis comparando nuestro sistema con el de otros países de nuestro alrededor que tienen sistemas similares. Una de las principales conclusiones de esta comparación es que España es el único país que no incluye ni precios ni salarios en los mecanismos de revalorización. Según ha señalado, el IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones), ahora en suspensión, es un mecanismo de ajuste automático mediante el cual las pensiones pierden poder adquisitivo para equilibrar el sistema.
“Es un sistema tan singular, ningún país dispone de él, porque sabemos que es un sistema que termina siendo muy difícil de sostener en el tiempo. De hecho, esta en suspensión. Para que sean eficaces, las reformas tienen que ser socialmente aceptables, por eso en ningún país hay un modelo de este tipo, lo genera mucha incertidumbre”, añade.
En otros aspectos, como la edad de jubilación, el gasto en pensiones en relación al PIB, o el nivel de cotizaciones, nuestro sistema es similar a los de otros países comparables, «al igual que lo son los retos que afronta a medio plazo, que son, en cualquier caso, asumibles». Asimismo, Escrivá ha subrayado que esta situación no ha cambiado por la crisis de la COVID-19, que «tiene un impacto notable pero transitorio sobre las cuentas de la Seguridad Social».
Líneas de actuación
En este contexto, el ministro de Inclusión ha anunciado cuáles serán las líneas de actuación del Ministerio si hay consenso político para la reforma de las pensiones, en línea con las recomendaciones del borrador del Pacto de Toledo. En concreto ha nombrado cuatro líneas: separación de fuentes de la financiación de la Seguridad Social, mantener el poder adquisitivo de las pensiones, alinear la edad efectiva de jubilación a la legal y el desarrollo de sistemas de previsión complementarios.
Respecto al primer punto, los gastos de la Seguridad Social, Escrivá ha señalado que han analizado gastos “indiscutiblemente” impropios como los que se leen en la tabla de abajo. Estos gastos suponen un total de 22.871 millones de euros, equivalente al 1,6% del PIB. Escrivá ha afirmado que las transferencias de gastos impropios conseguirían unos 22.000 millones que eliminarían el déficit del sistema antes de que empezase la jubilación del baby boom prevista en 2025.
“Esta mala contabilización de los gastos tiene efectos devastadores sobre la percepción de la solvencia del sistema. Da una imagen distorsionada de desequilibrio, generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y a la población”, añade Escrivá.
Entroncadas con ello, el ministro ha anunciado medidas para sustanciar la recomendación 4 del borrador a través del impulso de la cotización por ingresos reales en el régimen de autónomos. «Tendrá una implantación gradual, no generará distorsiones significativas ni en los autónomos ni en la gestión administrativa y será implementada por tramos», según ha anunciado, lo que permitirá que un porcentaje elevado de autónomos vea reducidas sus cotizaciones.
Respecto a la edad efectiva de jubilación, a partir del año 2025 se va a producir un aumento en pensiones como resultado del envejecimiento de la población y, según ha expuesto el ministro, necesitamos mecanismos que equilibren los ingresos. “Hay un elemento que tiene un impacto potencial muy grande, hasta más de un punto del PIB se podría corregir en el gasto en pensiones por cada año que aumentase la edad efectiva de jubilación, ahora estamos en 64,4, la edad legal es 64,8 y en 2027 llegaremos a los 67 años”, ha recordado.
Sin embargo, el ministro ha reconocido su alarma ante la tendencia de que cada vez más personas se jubilan anticipadamente y la falta de demora de la jubilaciones. Entre las posibles causas, señala a la incertidumbre, la falta de incentivos y el desconocimiento de la población.
Esta última se justifica a través de los datos que reflejan un elevado número de jubilaciones que se producen justo antes de cumplir los 67 años, lo que les impide disfrutar de un 2% adicional en la pensión.
Asimismo, el ministro ha señalado que también se revisarán el sistema de previsión social complementaria ya que: “no cumple su principal objetivo (incentivar el ahorro), es muy regresivo, es un producto financiero cato y tiene escasa participación de los jóvenes”.
Todo esto, según admite, pone de manifiesto que el sistema está “mal diseñado”. Escrivá ha subrayado que «sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones, es necesario impulsar los planes de empleo, trasladando hacia ellos la fiscalidad favorable que ahora mismo tienen los planes individuales». Según ha señalado, «a través de la negociación colectiva y de la creación de un fondo de pensiones abierto en la administración, se podría extender la población cubierta y reducir los costes de gestión».
Por último, Escrivá ha hecho hincapié en los “injusta” que es esta situación para aquellos que están próximos a la jubilación debido a la falta de capacidad de reacción, la cual también genera desafección por el sistema. “La falta de consenso sobre las pensiones en España es muy injusta. En el punto de vista económico conduce a decisiones equivocadas. La incertidumbre genera este tipo de comportamientos indeseables en las decisiones de ahorro y de gasto, no solo para las personas en edades de jubilación, para los que aún están lejos genera decisiones que afectan a las contribuciones como, por ejemplo, jubilaciones anticipadas o que los autónomos prefieran cotizar por la mínima”, explica.
