Si no se acometen reformas, en el año 2050, el índice de solvencia del sistema de pensiones español, aquél que mide su capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago, podría quedar reducido al 24,6%. Esto significa que más del 75% de los compromisos del sistema público de pensiones podrían quedar sin cubrir; cerca del 60%, en el escenario más benévolo. O, dicho de otro modo: en apenas 30 años, 3 de cada 4 euros de pensión no tendrán cobertura financiera.
Esta es una de las conclusiones que se desprende del exhaustivo Informe sobre la Seguridad Social española presentado por el Instituto de Actuarios Españoles (IAE). El análisis se ha realizado por el IAE con el objetivo de obtener un diagnóstico técnico, objetivo, riguroso, independiente y transparente de la actual situación del sistema público de pensiones español y su sostenibilidad futura.
Y las conclusiones, si bien no han de tomarse como fatales porque hay diferentes medidas y reformas que se podrían adoptar gradualmente, no son muy optimistas en el caso de que no se afronten.
Uno de los aspectos muy a tener en cuenta es que, a diferencia de países como Estados Unidos, Japón, Canadá o Suecia, la Seguridad Social española no publica, hoy, ningún indicador actuarial del sistema de pensiones. Desde el Instituto de Actuarios Españoles se aboga por estructurar un modelo en el que la equidad actuarial tenga un mayor peso, ya que con ella se podría garantizar la coherencia entre el total de lo que aporta cada individuo al sistema de pensiones durante su vida laboral y lo que recibe del mismo tras acceder a la jubilación.
La creación de una figura pública en el sistema español de Seguridad Social que actúe como fuente independiente, rigurosa y capaz para garantizar la coherencia actuarial y financiera de las pensiones es otra de las medidas que el Instituto considera prioritarias. Este perfil sería un agente clave para proponer reformas, mejoras y modificaciones del sistema de pensiones que garanticen la viabilidad del modelo y eviten la actual situación, con ciudadanos cada vez menos incentivados por cotizar.
El IAE, que forma parte de la relación de Organismos y Autoridades que colaboran con la recién creada Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI) como Corporación de Derecho Público de ámbito nacional de carácter científico y profesional, que aportará su experiencia al organismo para mejorar la coordinación de la supervisión macroprudencial a nivel nacional y ayudar a prevenir o mitigar los riesgos sistémicos, trabaja también activamente con diferentes organismos públicos y privados, partidos políticos, y otros agentes de interés en la toma de decisiones para que se cree un órgano supervisor actuarial que opere en el seno de la Seguridad Social española.
Como explica Gregorio Gil de Rozas, presidente del Instituto de Actuarios Españoles, “la gran asignatura pendiente del modelo español está en la parte actuarial. Por ejemplo, la figura del “Actuario Jefe” presente en la Administración Pública de muchos países, aquí no existe. Es fundamental que el sistema de pensiones contributivo de reparto tenga niveles aceptables de equivalencia actuarial, y que un ente experto e independiente vele por ello, porque ese es el primer peldaño para avanzar hacia su sostenibilidad. Nuestras pensiones tienen varios problemas porque no son ni actuarialmente coherentes ni financieramente sostenibles; el sistema ingresa menos de lo que gasta a corto, medio y largo plazo. Sin cambios y reformas, la situación empeorará”.
Pensiones muy generosas, pero no equitativas
Desde el punto de vista financiero tampoco son sostenibles. El saldo contributivo acumulado entre 2008 y 2018 se cifra en -76.222 millones de euros, entrando en negativo desde el año 2014. Cada euro de jubilación tiene un coste de 1,28 euros. Y la cifra seguirá en aumento si, como se detecta en el informe, la revalorización de las pensiones no se ancla, al menos durante unos años, en el límite mínimo del 0,25% fijado para el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). En todo caso, es de destacar que la sostenibilidad financiera no implica necesariamente sostenibilidad actuarial.
En este sentido, Enrique Devesa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial, y miembro del Instituto de Actuarios Españoles, que se ha encargado de la coordinación técnica del informe, es taxativo: “las pensiones españolas son muy generosas lo cual, paradójicamente, es un problema. En el corto plazo, el modelo no solo no se ha ajustado, sino que tiende a blindarse. Sin embargo, con la reforma de 2011 -que mitiga, pero no resuelve sus lagunas – el sistema de pensiones tiene ya pactado, por así decirlo, el recorte de su generosidad, precisamente por los imperativos que presentan sus necesidades de sostenibilidad, que puede llegar a ser preocupante si las pensiones se revalorizan con el IPC abandonando el IRP”.
Una generosidad que no se corresponde tampoco con la mejora de la equidad. Como se desprende del análisis del IAE, el sistema tiene graves inequidades, algunas socialmente aceptables e incluso exigibles, como las de género, pero, en general, adolece de demasiadas irregularidades y rugosidades, con desequilibrios tanto desde el punto de vista contributivo como inter e intrageneracional.
Hacia la transparencia y el rigor técnico
Incluso partiendo del supuesto de que no se aborden nuevos cambios o reformas en el sistema, la ya pactada reforma de 2011 provocará cambios. Es posible que las pensiones evolucionen al alza en términos nominales, pero proporcionarán al jubilado una menor capacidad adquisitiva en el futuro. Es necesario avanzar hacia la construcción de un sistema transparente, que muestre y diagnostique su estructura, sus contradicciones internas y su sostenibilidad financiera y actuarial.
Como afirma Falco Valkenburg, presidente de la Asociación Actuarial Europea (AAE), “la Asociación Actuarial Europea destaca la conveniencia del asesoramiento técnico independiente que la profesión actuarial en España podría proporcionar a la hora de evaluar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de pensiones. Abordar el análisis y la reforma a través de un enfoque integral es fundamental para una adecuada toma de decisiones sobre los modelos de pensiones. Uno de los objetivos de la AAE es contribuir a la mejora del bienestar de la sociedad, por eso desde la AAE animamos a las administraciones públicas y a la clase política española a incluir actuarios cualificados en la realización de cálculos actuariales en este ámbito y a considerar en sus propuestas su juicio profesional experto”.
Por Fórmate a Fondo