El gasto que tendrá que afrontar el Gobierno, más de 39.400 millones de euros, hasta el próximo mes de septiembre para pagar las prestaciones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor familiar a los más de 9,8 millones de pensionistas que tienen derecho obligará a tomar medidas extraordinarias este verano tras el vaciado de la hucha de las pensiones.
Pese a la caída del número de beneficiarios registrada en junio respecto a los meses de abril y mayo, la primera vez que ocurre desde que se inició la serie en 2005, y provocada principalmente por el aumento de fallecimientos por el COVID-19, el gasto seguirá rondando esas cantidades y superará con creces el ingreso previsto por cotizaciones de la Seguridad Social.
Las aportación mensual media de trabajadores y autónomos a la Seguridad Social destinada a las pensiones ronda los 600 euros. Pese a que en mayo hay 187.814 afiliados más a la Seguridad Social, el total está casi un millón por debajo de los 19.442.113 registrados en el mismo mes de 2019 lo que, según explican desde Feelcapital, implica más de 7.000 millones de euros menos recaudados en un año.
Ante estas cifras, apuntan que el Gobierno tendría que utilizar parte del fondo de reconstrucción europeo, cercano a los 140.000 millones de euros, para pagar las pensiones, pero con el riesgo de sobrepasar el límite del déficit e hipotecar la partida destinada a apoyar a los sectores que sostienen el PIB. En ese caso, según las cifras de Feelcapital, se necesitaría casi el 84,45% de ese fondo para garantizar la viabilidad del modelo actual de prestaciones en 2021.
Para Antonio Banda, CEO de Feelcapital, es fundamental “resucitar el Pacto de Toledo y modificar de una vez por todas el sistema de pensiones en España. Europa no va a permitir que el dinero destinado a la reconstrucción se emplee en el pago de estas prestaciones” ha asegurado.