La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha reunido a un grupo de 130 expertos para elaborar un informe con recomendaciones para responder a la crisis del COVID-19. En él se defiende la necesidad de alcanzar un amplio pacto político y social en torno a una estrategia para salir lo antes posible de la crisis y sentar las bases para hacer frente a los retos económicos y sociales a los que nos enfrentamos a medio y largo plazo. En cuanto al contenido de la estrategia, el informe avanza una propuesta sobre sus elementos esenciales, distinguiendo entre el corto y el largo plazo.
Entre las propuestas hechas para el largo plazo, el grupo ha analizado la situación del sistema de pensiones y las respuestas que se deberían dar ante los retos a los que se enfrenta. Principalmente, los expertos insisten en la necesidad de impulsar y acelerar los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo para la “inaplazable” reforma del sistema público de pensiones, que, según indican, deberá garantizar el equilibrio entre la sostenibilidad y la suficiencia de las prestaciones.
Para el grupo de expertos, el diseño de la reforma ha de basarse en un análisis realista de la situación económica y de las perspectivas de nuestras cuentas públicas. Sobre todo, teniendo en cuenta cómo la crisis del COVID-19 ha complicado enormemente una situación de partida que ya era delicada debido a la precaria situación financiera del sistema de pensiones en años recientes y a las negativas perspectivas demográficas a las que nos enfrentamos durante las próximas décadas.
“La pandemia ha convertido en inviables, al menos a corto y medio plazo, los planes existentes para derogar la reforma de 2013, volviendo a la indexación general de las pensiones al IPC con independencia de la situación financiera del sistema y eliminando el llamado factor de sostenibilidad, que ligaba la cuantía inicial de las pensiones con la evolución de la esperanza media de vida en el momento de la jubilación”, explican.
Ante esta situación, defienden que sería deseable mantener, al menos en parte, los mecanismos de disciplina automática introducidos en la reforma de 2013 o, en su defecto, buscar otras alternativas que ayuden a contener el crecimiento del gasto en pensiones, en vez de fiar por entero la viabilidad del sistema a un fuerte incremento de las aportaciones estatales que en las circunstancias actuales sería muy difícil de financiar.