El reglamento de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública verá la luz antes del finalizar este semestre. Así lo ha asegurado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la inauguración del Congreso de EFPA, que ha reunido a más de 1.500 profesionales. Según ha comentado, el trámite parlamentario está muy adelantado, y espera que “en 2023 estén ya plenamente vigentes con todos los desarrollos”.
Este impulso nace ante la necesidad de desarrollar los planes de empleo, muy poco utilizados en España. Según ha señalado el ministro, nuestro país está 8 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países con planes de empleo no obligatorios. “Por eso hemos puesto en marcha la reforma, para identificar aquellos elementos que han sido cuellos de botella para el desarrollo de los planes de empleo”, explica.
Concretamente, en el primer pilar (la seguridad social) hay 20 millones de cotizantes a la seguridad social, en el tercero (planes individuales) hay 8 millones, mientras que en el segundo (planes de empleo) hay 2 millones. “Si miramos quiénes han sido los inversores en individuales, se concentra mucho en rentas altas, que lo que han hecho es sustituir una forma de ahorro por otra, pero no ha supuesto un crecimiento del ahorro financiero a largo plazo”, añade.
Para impulsarlos, además de la creación de planes de empleo de promoción pública, el gobierno ha movido la fiscalidad de los individuales a los colectivos, una medida duramente criticada por el sector. Sin embargo, Escrivá asegura que para la industria también es una oportunidad de crecer vía volúmenes en lugar de márgenes.
Entre los objetivos de la normativa está: aumentar la población cubierta por planes de empleo (mediante la potenciación de negociación colectiva y creación de planes simplificados, además de crear fondos de emisiones de promoción pública); dar seguridad, confianza y transparencia a los partícipes y empresas (creando una comisión de control especial que supervise todos los fondos), ofrecer productos de menor coste (aumentando la eficiencia); y trasladar el beneficio fiscal hacia los partícipes (incentivos fiscales y cotizaciones a la seguridad social).
Además, el ministro ha recordado el beneficio de las empresas gracias a las aportaciones que, con ciertos límites, no tendrán que estar sujetas a cotizaciones sociales. “Así intentamos alinear incentivos por el lado del empresario y trabajador”, apunta.
“Con todas estas cosas desatascamos los cuellos de botella que han resultado en esta evolución tan pobre de los colectivos. De esta forma, queríamos impulsar el ahorro financiero”, argumenta el ministro.
La sostenibilidad del sistema
Ante la incertidumbre, el ministro ha insistido en la necesidad de consensos y acuerdos amplios para que perduren y tengan un enfoque a largo plazo y de sostenibilidad en periodos largos. “El impulso de los planes de empleo se hace desde el Pacto de Toledo, que intenta que las reformas no se desarrollen en medio de una lucha partidista. Todo lo que se decide en el ámbito del sistema de pensiones tiene como horizonte un largo plazo. Cuando no ha sido así las reformas han sido revertidas, lo que tiene costes en la erosión de la credibilidad”, ha recordado. Respecto a las recomendaciones emitidas en el Pacto de Toledo, Escrivá ha señalado que ya han cumplido 13 de las 21 y prevén, al acabar el año, haber cumplido todas.
Además, el ministro reservó un espacio para hablar del mercado laboral y recordó cómo la situación del sistema de pensiones está muy ligada a la del mercado laboral, tanto que el ministro ha dicho que “si tuviéramos tasas de actividad más grandes, tendríamos una situación holgada respecto al gasto en pensiones”.
En este sentido, ha destacado cómo el porcentaje de cotizaciones respecto al PIB ha pasado de estar por debajo de 9,5% del PIB en 2016 a estar en el 11% del PIB. “La seguridad social nunca ha tenido mayores ingresos en términos relativos, lo que permite una reducción rápida del déficit de la seguridad social, en 2021 hemos acabado en el 0,9%. En 2022 estaremos a 4 décimas. Esto refleja un conjunto de reformas muy amplias”, ha señalado.
“España no tiene un problema agudo de sostenibilidad del sistema de pensiones porque tenemos una edad de jubilación suficiente y seguirá creciendo hasta 2027 hasta los 67 años”, ha señalado Escrivá. Entre las otras medidas que se han impulsado ha recordado las orientadas a alinear la edad de jubilación efectiva con la legal. “Estamos trabajando en esta dirección y por ahí aseguraremos la sostenibilidad de las pensiones”, ha añadido.