La espiral inflacionista en la que estamos inmersos añade más incertidumbre a las cuentas de la Seguridad Social. Según los últimos análisis elaborados por el Observatorio de Pensiones de WTW (antes Willis Towers Watson), el coste de la revalorización de las pensiones para 2023 puede superar los 13.000 millones de euros con un IPC medio en el entorno del 8,5%, mientras que el efecto de la inflación sobre la recaudación por cotizaciones será probablemente inferior, ya que aumentos salariales del 8,5% no parecen realistas a día de hoy.
Como apunta Rafael Villanueva, manager del área de Retirement en WTW España: “El último valor del Índice de Revalorización de las Pensiones, derogado mediante la Ley 21/2021, calculado por nosotros tras la liquidación presupuestaria provisional de 2021, se situaba en el 0,47% para 2022, una revalorización positiva pero muy alejada del 2,5% aplicado, lo que hace depender el equilibrio financiero de nuevas transferencias del Estado, y trasladando el déficit a la Administración Central”.
Por lo tanto, la revalorización de las pensiones se ha convertido en el componente que más aporta al crecimiento del gasto en pensiones, como hemos visto en 2021, y, previsiblemente, seguirá siéndolo en los próximos años. Habrá que estar atentos a su evolución.
Con los datos actuales y los supuestos realizados por el Observatorio de Pensiones de WTW, el coste de la revalorización para 2023 se estima en 10.832 millones de euros. Esta estimación se refiere a la nómina de pensiones gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con complemento a mínimos, complemento para la reducción de la brecha de género y otros complementos. No incluye gastos de gestión (no forman parte de la nómina), pensiones no contributivas (gestionadas por el IMSERSO) o pensiones de clases pasivas.
Utilizando una metodología similar, el coste de la revalorización de clases pasivas ascendería a 1.307 millones de euros y el de las pensiones no contributivas a 196 millones de euros. El coste total de la revalorización, sumando también estas pensiones, se elevaría a 12.334 millones de euros.
Para el Observatorio ha resultado interesante analizar también el coste medido en términos de Valor Actual Actuarial (VAA), porque la revalorización de 2023 no solo implica un aumento de coste para ese año, sino que ese mayor gasto se consolida y hay que seguir pagándolo a los pensionistas que sobrevivan. Bajo este criterio actuarial, los cálculos apuntan a un coste total debido a la revalorización de 2023 (suponiendo un 7,2%) de más de 165.000 millones de euros.
Quedan asimismo fuera de este cálculo otro tipo de prestaciones gestionadas por la Seguridad Social, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Incapacidad Temporal o las prestaciones familiares; así como las prestaciones del SEPE, como la prestación y el subsidio de desempleo.
El déficit contributivo de la Seguridad Social continúa corrigiéndose
El déficit contributivo de la Seguridad Social ha continuado corrigiéndose en el segundo trimestre de 2022 hasta situarse en el 2,03% del PIB, frente al 2,13% del trimestre anterior y al 2,54% del segundo trimestre de 2021. Esta ligera mejoría se ha debido al buen comportamiento que están teniendo las cotizaciones sociales que, de continuar a este ritmo, podrían registrar a finales de 2022 una tasa de crecimiento superior al 5% previsto para las pensiones contributivas.
El déficit por operaciones no financieras ha disminuido incluso de forma más acusada que el déficit contributivo. Ello se debe a que al aumento de cotizaciones hay que sumarle las mayores transferencias del Estado.
En el conjunto del año se espera aumentar las transferencias del Estado en respuesta a la primera recomendación del Pacto de Toledo y que este déficit se sitúe sólo en el 0,5% del PIB (algo que ya se ha conseguido a mitad de año) para, posiblemente, desaparecer en 2023 si se sigue incrementando el volumen de transferencias al mismo ritmo.
“De todas maneras, el cálculo del déficit contributivo se hace más necesario que nunca para saber cuál es la situación real del sistema en su parte contributiva, sin depender de transferencias del Estado para financiar gastos contributivos”, concluye Rafael Villanueva.
Por Sofia Cisneros
Por Funds Society, Madrid