Uno de los aspectos más delicados de esta industria es la difusión de la información sobre productos, estrategias de inversión o recomendaciones de activos. En este sentido, la proliferación de las redes sociales plantea nuevos desafíos a las compañías de gestión de activos, pero sobre todo a los reguladores.
Desde la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) recuerdan que compartir y contribuir a los debates, en internet o en las redes sociales puede considerarse una recomendación de inversión con arreglo al Derecho de la UE. Por lo tanto, insisten desde el regulador, se deben aplicar normas específicas a la hora de prestar dicho asesoramiento.
En concreto, difundir recomendaciones de inversión de forma incorrecta o sin ajustarse a la normativa puede conllevar un riesgo de manipulación del mercado, incluso multas. “El Derecho de la UE define una recomendación de inversión como información en la que se recomienda o sugiere una estrategia de inversión, explícita o implícitamente, relativa a uno o varios instrumentos financieros o a emisores, incluida cualquier opinión sobre el valor o el precio presente o futuro de dichos instrumentos, destinada a los canales de distribución o al público. Los canales de difusión pueden ser informes de analistas, artículos, medios de comunicación tradicionales o incluso redes sociales”, explica la ESMA en su última declaración.
El principal problema es que se puede inducir a error a los inversores. “Las recomendaciones de inversión deben hacerse de una manera específica y transparente, de modo que los inversores, antes de tomar cualquier decisión de inversión, puedan conocer y evaluar: la credibilidad de la recomendación y su objetividad; y los intereses de quienes formulen las recomendaciones. De este modo, todo el mundo tiene libertad para expresar su opinión sin perjudicar a los demás en el proceso”, aclaran desde la ESMA.
Normalmente, este tipo de recomendaciones son realizadas por empresas como bancos e intermediarios financieros, pero también analistas financieros. Desde ESMA aclaran que cualquier otra persona que proponga una estrategia de inversión puede entrar dentro de esta categoría si su recomendación de inversión está destinada a un público más amplio. “Esto incluiría la publicación en las redes sociales. Además, si se formulan recomendaciones de inversión con frecuencia, se pretende llegar a un público amplio y esa persona se presenta a sí misma como alguien con experiencia financiera, dicha persona puede ser considerada como un experto. En tal caso, la ley exige que esa persona proporcione información adicional. 28 de octubre 2021” aclaran desde la ESMA.
Información relevante y homogénea
La calidad, veracidad y transparencia de la información no solo se exige cuando se difunde a un público general, sino que los reguladores trabajan para que el “lenguaje” de la industria sea común, en especial ante los nuevos fenómenos del sector como es, por ejemplo, el caso de la ISR.
En este sentido, el Parlamento europeo está estudiando la posibilidad de extender el plazo de entrada en vigor de la directiva UCITS para los PRIIP. En un principio, la fecha que se marcó fue julio de 2022, pero ahora se ha propuesto retrasarlo hasta el 1 de enero de 2023, coincidiendo con la petición que se hacía desde las organizaciones de la propia industria.
Por Funds Society, Madrid
