Según ha recogido finReg360, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) lanzará una acción de supervisión conjunta (CSA) en 2022 con las autoridades nacionales competentes sobre el cumplimiento de las normas de la Directiva MiFID II1 sobre la divulgación de costes y gastos en todos los países de la Unión Europea (UE). Asimismo, la ESMA adjunta a su noticia el Q&A sobre la Protección del Inversor (actualizado el 19 de noviembre de 2021)2 para que las entidades lo tengan en cuenta en su preparación para la CSA de este año.
En este sentido, explican que la ESMA ha anunciado que la CSA se centrará, principalmente, en la información puesta a disposición de los clientes minoristas, en la que se comprobará si se cumplen los siguientes aspectos clave.
En primer lugar, que la información se pone a disposición de los clientes con el suficiente tiempo; segundo, que los conceptos se exponen de forma justa, clara y comprensiva para el cliente. En tercer lugar, que la divulgación se basa en datos precisos que reflejan todos los costes y cargos (implícitos y explícitos); y por última, que la información sobre incentivos se realiza de forma adecuada.
Importancia de la iniciativa
La CSA es un mecanismo más de las autoridades de la UE para conseguir los siguientes objetivos, de acuerdo con los principios de la Directiva MiFID II: asegurarse el cumplimiento y aplicación homogéneos de la Directiva MiFID II en todo el territorio sujeto a la Directiva; promover la protección del inversor minorista a la hora de contratar productos de inversión; contribuir a desarrollar una cultura de supervisión común entre la ESMA y las autoridades nacionales competentes; conseguir una supervisión firme, eficiente y consistente en la UE, así como la convergencia supervisora a través de una estrecha colaboración entre la ESMA y las autoridades nacionales competentes.
Esta nueva CSA, que se llevará a cabo a lo largo del año 2022, supone un reto para las entidades sujetas a supervisión, porque deberán asegurarse de que cumplen con todos los requisitos sobre la divulgación y transparencia de la información relativa a costes y gastos. Por ello, las entidades tendrán que realizar labores de revisión y actualización de sus políticas y documentos relacionados para comprobar que no se está produciendo un incumplimiento de la normativa MiFID II.
1 Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE.
2 ESMA 35-43-349, 19 de noviembre de 2021, Preguntas y Respuestas sobre la protección al inversor.
Por Sofia Cisneros
Por Funds Society, Madrid