Los objetivos de MiFID II y MIFIR referentes al incremento de la transparencia, la mejora del proceso de formación de precios y la devolución de la negociación OTC a los mercados organizados no se están alcanzando: es la conclusión del grupo de trabajo designado por la Fundación de Estudios Financieros (FEF) para analizar el efectivo impacto de la regulación sobre los modelos de negocio y sobre la industria financiera en dos ámbitos diferentes (los mercados y la innovación).
“La implantación de la nueva normativa ha supuesto una notable alteración de las estructuras del mercado con impacto general tanto en la renta variable como en renta fija y derivados, y con implicaciones colaterales sobre los intermediarios, las infraestructuras y los costes operativos”, destacan los expertos.
Las conclusiones, publicadas en la duodécima edición consecutiva del Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros europeos que desde el año 2006 publica la Fundación de Estudios Financieros, con el objetivo de seguir la evolución de las reformas normativas en la Unión Europea (UE) y valorar su impacto sobre la construcción del mercado financiero único, han sido elaboradas por dos grupos de trabajo en los que participan representantes de la industria y del supervisor.
“El trabajo ha estado centrado en seis áreas: la negociación en los mercados, el efecto en los intermediarios, la financiación de pymes, la desagregación en el análisis, la problemática de datos y la postnegociación”, explicaba Ramiro Martínez-Pardo, vicepresidente de IEAF y presidente de Solventis SGIIC en un reciente webinar organizado por el despacho finReg 360.
En su opinión, “MiFID II ha tenido consecuencias no deseables y hay objetivos no alcanzando. Entre los efectos opuestos a lo buscado, se ha producido una notable alteración de las estructuras existentes, y efectos colaterales negativos en los intermediarios, infraestructuras y costes operativos”.
Los efectos sobre los intermediarios
Entre otras cuestiones, uno de los puntos en los que se centra el informe son los efectos que ha tenido la normativa en los intermediarios financieros. En el informe de 2018 el grupo de trabajo ya puso de manifiesto que un posible efecto de la regulación era que solo intermediarios de gran tamaño podrían mantener un modelo de negocio rentable, lo que representaría una probable reducción del número de operadores en detrimento de proyectos pequeños y especializados sin suficiente capacidad financiera para afrontar las nuevas exigencias.
“La transformación del mercado por la carga regulatoria ha supuesto cambios relevantes en su marco de actuación y la reducción de ingresos y márgenes, así como un incremento de las inversiones necesarias para mantener modelos de negocio rentables. Los intermediarios han hecho un esfuerzo de adaptación pero que solo los de mayor tamaño pueden afrontar”, dice Martínez-Pardo. “Esto se materializará en una probable reducción del número de operadores que afectará sobre todo a proyectos pequeños y especializados”, añade.
En opinión del grupo, esta posibilidad se está confirmando y viene motivada por varias causas, como los menores ingresos y los altos costes e inversiones en tecnología necesarios para adaptarse a las nuevas exigencias en un mercado ya muy maduro; la consecuente reducción de márgenes que implica que solo las entidades capaces de desarrollar un negocio basado en volumen puedan ajustar sus cuentas de resultados; la reducción del tamaño del mercado; y el incremento de la carga regulatoria.
“Ante esta situación de reducción de márgenes e ingresos, los intermediarios están incrementando su dedicación al negocio de operaciones corporativas, donde pueden encontrar refugio para desarrollar una actividad rentable que forma parte de su programa de actividades”, explica el informe. Esta tendencia les hará jugar un papel relevante en la preparación, análisis y provisión de liquidez a las pymes que optan por acudir a los mercados de capitales para encontrar una alternativa a la financiación bancaria, pero les aleja de lo que es la actividad central del intermediario.
En opinión del grupo de trabajo, esta situación pone de relevancia la importancia de la aplicación del principio de proporcionalidad como algo esencial y estratégico y que debe ser objeto de atención por reguladores y supervisores dentro del proceso de desarrollo de la UMC. “Es preciso evaluar los elementos que pueden incidir en la reducción o desaparición de operadores y hacer un análisis de los costes que la nueva regulación ha añadido al mercado frente a los beneficios que está generando, sin perder de vista el objetivo, que no es otro que el de alcanzar mayores niveles de competencia e innovación en los mercados europeos”, asegura el grupo.
