«El proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de junio de 2022, está en tramitación en el Congreso de los Diputados, en fase de elaboración de informes (tras la presentación de enmiendas y las comparecencias parlamentarias); fases en las que, por cierto, hemos sido invitados a intervenir. A pesar de que el Consejo de Ministros acordó el trámite de urgencia de la Ley, se están llevando a cabo aplazamientos en su tramitación y no sería de extrañar que su entrada en vigor se posponga hasta bien entrado el año 2023», señala David Gassó, presidente de Economistas Asesores Financieros – Consejo General de Economistas (EAF-CGE).
Desde EAF-CGE se han centrado en las modificaciones que la Ley introduce y que afectan directamente a las empresas de asesoramiento financiero (EAF). Las EAFs, que nacieron como empresas de servicios de inversión reguladas hace poco más de una década, han ido creciendo en número de entidades, clientes y patrimonio asesorado hasta estancarse debido a la multitud de cambios regulatorios que les han ido afectando, desde obligaciones en materia de cumplimiento normativo y sostenibilidad hasta, muy recientemente, el sometimiento a requisitos de solvencia sin que el ámbito y forma de prestación de sus servicios se haya visto ampliado en consecuencia.
«Algunas de las modificaciones que pretende introducir la actual reforma de la Ley, a nuestro modo de ver, son importantes y pueden suponer la desaparición de un sector cuyo tamaño es comparable en actividad y empleo al de algunos bancos y gestoras medianos», añade Gassó en la revista de Funds Society.
«Si tenemos en cuenta la importancia de una figura regulada cercana al inversor-ahorrador y que le ayude a tomar decisiones de inversión de forma fundada y en base a sus necesidades, objetivos e idoneidad, vistas experiencias pasadas de mala comercialización con cuantiosas pérdidas para muchos inversores minoristas, la desaparición de las EAFs no sería una buena noticia para el adecuado funcionamiento de los mercados financieros en España», destaca.
Las novedades que plantea el proyecto de Ley para las EAF son las siguientes.
EAF de ámbito nacional
La nueva regulación de las EAFs nacionales permitirá que empresas de asesoramiento, personas físicas y empresas de asesoramiento financiero con fondos propios inferiores a 75.000 euros puedan seguir prestando servicios de asesoramiento en materia de inversión, como hasta ahora, lo que constituye en principio una buena noticia.
Actualmente hay 29 EAFs personas físicas y 115 EAFs personas jurídicas de las que aproximadamente la mitad optarán seguramente por adoptar el estatus de EAF nacional. En el caso de las personas jurídicas, algunas de ellas, incluso cumpliendo con los requisitos de fondos propios que exige el Reglamento delegado 2019/2933, han optado por acogerse al régimen nacional para no aumentar sus costes vía tasas y demás requisitos normativos, teniendo en cuenta que no van a prestar servicios fuera de España.
«Lamentablemente, echamos de menos en el proyecto de Ley un procedimiento abreviado que permita el cambio de EAF de un tipo al otro, en ambos sentidos, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos para cada tipo de entidad, sin que tenga que pasarse por el trámite de autorización cada vez de nuevo», comenta el experto.
FOGAIN
La adhesión obligatoria al Fondo de Garantía de Inversiones podría suponer un mazazo para el sector de las EAFs. La cuantía económica, que actualmente es una aportación mínima anual de 20.000 euros, es inasumible para la mayoría de EAF, tanto de ámbito nacional como EAF (ESI). Además, el FOGAIN resulta del todo ineficaz, puesto que cubre la no recuperación de efectivo y valores en caso de insolvencia de la entidad, circunstancia absurda puesto que la EAF nunca puede tomar dinero ni valores de los clientes, ni depositarlos. Es decir, perjudica a las EAFs y no beneficia para nada a sus clientes.
Gassó destaca asimismo: «En cualquier caso, consideramos que las oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las EAFs, tanto nacionales como EAFs (ESI) siguen intactas, aunque los retos que deberán afrontar dependerán de cómo finalmente se apruebe la Ley y, en especial, la adscripción obligatoria y la cuantía de aportación al FOGAIN. Estimamos que una aportación en los niveles actuales haría desaparecer más del 80% de las EAFs». Y pide que «se escuche la voz del sector para que no se dificulte más su desarrollo y se consiga reducir el elevado intrusismo que se ceba con el inversor minorista en multitud de fraudes de los que las puntuales advertencias de la CNMV dan buena fe».
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Por Madina Kurbanova
Por Alicia Miguel
Por Funds Society, Madrid