Tras dos años de negociaciones, los Ministros de Finanzas de los Estados miembros de la UE aprobaron ayer, durante su reunión en Bruselas, la primera lista de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal.
De los 17 estados incluidos en esta lista de paraísos fiscales, hay cinco de América Latina y el Caribe: Barbados, Panamá, Granada, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.Todos han sido señalados por no realizar esfuerzos suficientes en la lucha contra la evasión fiscal y también están incluidos en la lista que cada año elabora la OCDE.
A estos cinco se unen otros 12 países: Samoa Americana, Bahréin, Guam, Corea del Sur, Macao, las Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palaos, Samoa, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.
Las Bahamas y las islas vírgenes tanto Británicas como de Estados Unidos estaban destinadas a entrar en la lista negra, lo mismo que Anguilla, Antigua y Barbuda o Dominica, pero la Unión Europea ha pospuesto el análisis hasta 2018 para que estas pequeñas islas caribeñas tengan tiempo de recuperarse de la devastadora temporada de huracanes.
Además, 47 países se han comprometido a abordar las deficiencias en sus sistemas tributarios y cumplir los criterios requeridos. En esta lista gris sí está Uruguay. Esto se debe a su legislación sobre las Zonas Francas señalada este año como un “incentivo legal dañino” por la OCDE.
La tramitación parlamentaria de una reforma de la ley de Zonas Francas que somete a las empresas a mayores controles, debería terminar de sacar a Uruguay de la zona de duda.
¿Qué supone estar incluido en esta lista?
Los países que fomentan las prácticas fiscales abusivas, según la Comisión Europea, debería tener un impacto real en los países afectados, gracias a las nuevas medidas legislativas de la UE.
En primer lugar, siguiendo las propuestas de la Comisión, la lista de la UE está ahora vinculada a la financiación en el contexto del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEEF), el Fondo Europeo de Inversión Estratégica (FEIE) y el Mandato de Préstamo Exterior (ELM). Los fondos de estos instrumentos no pueden ser canalizados a través de entidades en los países listados. Solo se permitirá la inversión directa en estos países (es decir, la financiación de proyectos sobre el terreno) para preservar los objetivos de desarrollo y sostenibilidad.
En segundo lugar, la Comisión ha propuesto que se exija a las multinacionales con actividades en esas jurisdicciones unos requisitos de reporting mucho más estrictos. Además cualquier esquema fiscal que incluya operaciones en alguno de los países incluido en la lista de la UE será automáticamente reportado a las autoridades tributarias.
Por último, la Comisión ya ha dado pasos para que los Estados miembros impongan a estos países sanciones coordinadas que incluyen medidas como un mayor monitoreo y auditorías, retención de impuestos, requisitos especiales de documentación y disposiciones contra el abuso.
Las razones de la UE
Estos 17 países de la lista negra han sido señalados tras constatar que no cumplen con las normas internacionales de transparencia sobre intercambio automático de información o por alentar una competencia fiscal injusta.
“Aquellos países que opten por no tener impuesto a las empresas o por tasa cero deben asegurarse de que esto no aliente las estructuras offshore artificiales sin una actividad económica real”, explica la Comisión en su comunicado.
