El acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y Venezuela puede terminar siendo mucho más que una operación energética. Si las inversiones anunciadas logran materializarse, América Latina podría estar frente al nacimiento de uno de los mayores ciclos de inversión en infraestructura energética de las últimas décadas. Y, detrás del petróleo, aparece una pregunta que interesa especialmente a los mercados financieros: ¿quién pondrá los cerca de 100.000 millones de dólares que se necesitan para reconstruir la industria venezolana?
La magnitud del desafío ayuda a dimensionar la oportunidad; el acuerdo anunciado por Washington contempla el control estadounidense de una parte de los activos asociados con 17 campos petroleros que concentran alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas probadas. La Casa Blanca sostiene que el proyecto puede movilizar hasta 100.000 millones de dólares de inversión privada para recuperar producción e infraestructura.
No se trata, por tanto, de simplemente abrir nuevamente los pozos; en los hechos se necesita reconstruir toda una industria completa que fue devastada en la última década, con graves consecuencias económicas. Venezuela pasó de producir alrededor de 2,3 millones de barriles diarios en 2015 a apenas 498.000 barriles diarios en 2023, el año con la cifra más creíble, como consecuencia de años de desinversión, deterioro de infraestructura, sanciones y problemas operativos. La recuperación exige perforación, oleoductos, almacenamiento, mejoradores de crudo pesado, refinerías, generación eléctrica, servicios petroleros, transporte y tecnología; cada una de esas necesidades representa una clase diferente de activo financiero, en realidad el petróleo es solamente la primera capa de la oportunidad
La primera reacción de los mercados suele concentrarse en las petroleras, es lógico. Chevron ya anunció que invertirá más de 7.000 millones de dólares en sus empresas conjuntas venezolanas para prácticamente duplicar su producción hasta unos 600.000 barriles diarios durante los próximos cinco años. La compañía estima costos de producción inferiores a 20 dólares por barril en estas operaciones.
Pero, para los inversionistas institucionales el verdadero atractivo podría estar en una segunda capa porque el petróleo necesita infraestructura y la infraestructura necesita financiamiento; la reconstrucción de Venezuela puede generar demanda para empresas de servicios petroleros, ingeniería, construcción, generación y transmisión eléctrica, transporte, logística, almacenamiento y refinación.
En este contexto el Departamento de Energía estadounidense confirmó el 2 de septiembre acuerdos con Chevron, Eni y GE Vernova, destinados no solamente a incrementar la producción de hidrocarburos, sino también a modernizar la red eléctrica venezolana, eso amplía considerablemente el universo potencial de inversión, ya no se trata exclusivamente de comprar acciones de una petrolera. En realidad ahora todo lo anterior puede involucrar private equity, private credit, infraestructura, deuda corporativa, project finance, fondos de energía, fondos de mercados emergentes y eventualmente vehículos especializados en activos reales.
La gran pregunta para los fondos: ¿quién pone los 100.000 millones?
Aquí aparece probablemente la parte más interesante para la industria de asset management; la cifra de 100.000 millones de dólares no significa necesariamente que exista un cheque por ese monto esperando ser colocado, en realidad es una estimación del capital que podría requerirse durante el proceso de reconstrucción y expansión.
Pero incluso si solamente una fracción se materializa durante los primeros años, el volumen sería suficientemente grande para crear un nuevo mercado de financiamiento; el precedente más importante es que la administración estadounidense está intentando reducir el riesgo político para que sea el capital privado el que haga el trabajo pesado.
De hecho, el Departamento del Tesoro comenzó desde febrero a modificar el régimen de sanciones para permitir negociaciones y contratos contingentes relacionados con nuevas inversiones en petróleo y gas venezolano. La licencia 49A autoriza precisamente negociaciones y entrada en contratos contingentes para determinadas inversiones, se trata de una señal importante para los inversionistas.
El mensaje de Washington no parece ser que el gobierno estadounidense vaya a financiar directamente toda la reconstrucción, es más bien: crear las condiciones para que el capital privado vuelva a Venezuela. Si lo anterior es correcto, si esa es la intención del gobierno estadounidense, cambia completamente la discusión.
Private equity: el primer candidato
Uno de los segmentos que podría beneficiarse es el de private equity especializado en energía e infraestructura; la razón es sencilla: muchos de los proyectos venezolanos tendrán características que difícilmente encajan en los mercados públicos tradicionales.
Serán proyectos intensivos en capital, con horizontes largos, riesgos operativos elevados y necesidad de estructuración financiera, precisamente por eso pueden resultar atractivos para fondos que acepten iliquidez a cambio de retornos potencialmente superiores.
Axios identificó explícitamente una posible oportunidad para private equity en la reconstrucción de la industria venezolana y señaló que el tamaño potencial del proyecto podría abrir espacio también para private credit. Para los gestores de activos, esa distinción es fundamental porque los 100.000 millones no necesariamente terminarán en las bolsas, una parte importante podría pasar por mercados privados.
Private credit: posiblemente el gran beneficiario silencioso
Si la reconstrucción avanza, una parte del financiamiento podría estructurarse mediante deuda privada; ahí aparece una oportunidad especialmente interesante porque los fondos de private credit pueden financiar, entre muchas otras cosas: infraestructura petrolera; equipos y perforación; almacenamiento; oleoductos; generación eléctrica; servicios petroleros; maquinaria especializada; infraestructura logística; proyectos de refinación y procesamiento.
En lugar de esperar a que las empresas venezolanas tengan acceso pleno a los mercados internacionales de deuda, los fondos podrían prestar directamente contra proyectos, flujos de efectivo, contratos de suministro o activos específicos; es exactamente el tipo de operación que ha ayudado a convertir al private credit en una de las principales fuentes alternativas de financiamiento para proyectos intensivos en capital. En este caso, Venezuela podría representar uno de los casos más grandes —aunque también más riesgosos— de esta tendencia en América Latina; pero no todo es tan fácil
El riesgo es enorme, y eso también tiene un precio
Naturalmente, el capital no llegará únicamente porque existan 65.000 millones de barriles bajo tierra; el gran problema venezolano nunca fue la ausencia de petróleo sino la capacidad para convertir reservas en producción rentable y sostenible.
El acuerdo Washington-Caracas enfrenta cuestionamientos legales, políticos y contractuales. Reuters señaló que todavía existen dudas sobre la estructura de las asociaciones, las aprobaciones necesarias y el marco jurídico que regirá las operaciones. El Financial Times, por su parte, ha destacado las dudas sobre la legalidad del acuerdo y las diferencias entre ambas partes respecto de la duración de las concesiones. Para un administrador de activos, eso significa que el retorno esperado tendrá que compensar un riesgo país extraordinariamente elevado, pero precisamente ahí aparece la lógica de los mercados privados: a mayor riesgo y menor liquidez, mayor debe ser la rentabilidad exigida.
La pregunta será si Venezuela puede ofrecer contratos, garantías, jurisdicciones y estructuras suficientemente sólidas para que esa prima de riesgo resulte atractiva, también cambia el mapa de los mercados emergentes y hay otra consecuencia que puede interesar a los gestores globales. Durante años, Venezuela estuvo prácticamente fuera del universo tradicional de inversión latinoamericana, los grandes fondos de mercados emergentes concentraban su exposición regional en Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y, en menor medida, Argentina.
Hoy, un regreso de Venezuela podría cambiar parcialmente esa fotografía y no necesariamente mediante acciones venezolanas —eso todavía parece lejano— sino mediante deuda, infraestructura, energía, commodities y empresas multinacionales con exposición al país.
El primer vehículo de exposición probablemente no será un ETF venezolano, sino sería una empresa estadounidense, europea o latinoamericana que tenga contratos y activos en Venezuela, ahí es donde los gestores de fondos pueden encontrar la primera vía de entrada y el acuerdo también puede modificar los flujos de capital hacia América Latina porque la dimensión regional es quizá la más interesante.
Si Venezuela logra incrementar sustancialmente su producción, podría convertirse nuevamente en un proveedor relevante de crudo para Estados Unidos y otros mercados. Reuters señala que la producción asociada con el acuerdo podría eventualmente escalar hasta 1,5 millones de barriles diarios, aunque alcanzar esa cifra dependerá de la inversión y de la reconstrucción de la infraestructura. Eso tendría implicaciones sobre: precios del petróleo, inflación, tasas de interés, monedas, balances fiscales y flujos hacia mercados emergentes.
Además, una mayor oferta de petróleo venezolano podría ejercer presión a la baja sobre los precios internacionales en determinados escenarios, lo anterior sería positivo para países importadores de energía de América Latina, mientras que para productores como Brasil, México o Colombia, el efecto sería más complejo.
En cuanto a los fondos especializados en commodities, energía y mercados emergentes, introduciría una nueva variable en sus modelos de asignación regional.
Brasil, México y Colombia: los grandes observadores
El impacto de lo que puede suceder también podría ser regional, existen muchas posibilidades. Brasil es uno de los mayores productores petroleros de América Latina y ha atraído grandes cantidades de capital internacional, una recuperación venezolana podría aumentar la competencia regional por capital, particularmente en proyectos de petróleo y gas.
México también podría verse afectado. Una mayor oferta de crudo pesado venezolano podría modificar los flujos hacia las refinerías estadounidenses y alterar los diferenciales entre distintos tipos de petróleo; para Pemex, esto tendría especial relevancia debido a la estructura de su producción y a su relación con el mercado estadounidense.
Colombia, por su parte, tendría que observar el efecto sobre inversión, producción y precios regionales en sus finanzas. Pero existe una segunda posibilidad.
Una Venezuela nuevamente integrada a los mercados puede terminar atrayendo capital hacia América Latina en lugar de quitárselo. Si los inversionistas perciben que Washington está dispuesto a respaldar la reconstrucción venezolana, el riesgo percibido de otros activos latinoamericanos relacionados con energía e infraestructura podría reducirse.
La gran apuesta: infraestructura latinoamericana
Es así como podemos aventurar el que quizás podría ser el ángulo más poderoso para los fondos porque el caso venezolano puede ser el catalizador de una tendencia mucho mayor: la necesidad de reconstruir la infraestructura energética latinoamericana.
La Agencia Internacional de Energía considera que la seguridad energética está modificando las prioridades de inversión global y que los flujos de capital hacia energía, infraestructura y redes están adquiriendo una importancia creciente. Su informe World Energy Investment 2026 analiza precisamente la evolución de los flujos de capital y las fuentes de financiamiento para proyectos energéticos.
Venezuela sería, en ese sentido, el caso extremo pero no necesariamente el único. México, por ejemplo, necesita infraestructura eléctrica y de gas; Brasil continúa desarrollando petróleo offshore; Argentina intenta convertir Vaca Muerta en un gran polo exportador; Colombia necesita nuevas inversiones energéticas; Chile requiere infraestructura para su transición energética.
El capital requerido excede con mucho la capacidad de los presupuestos públicos y la pregunta de los próximos años será quién financiará esa infraestructura, es aquí donde aparecen los fondos y el petróleo puede ser el principio, no el final. La paradoja del acuerdo entre Washington y Caracas es que el activo más importante quizá no sean los barriles de petróleo, podría ser el capital que esos barriles consigan movilizar.
Los 65.00 millones de barriles de reservas bajo el nuevo esquema son el activo físico. Los 100,000 millones de dólares representan el capital potencial. Pero alrededor de ambos puede desarrollarse una cadena mucho mayor de financiamiento: deuda privada, infraestructura, servicios petroleros, transporte, generación eléctrica, refinación, tecnología y logística.
Por eso, para los gestores de activos, la pregunta relevante no debería ser únicamente si Venezuela volverá a producir petróleo, la pregunta es: ¿cuánto capital privado puede movilizar el regreso del petróleo venezolano y quién se quedará con los retornos de ese nuevo ciclo de inversión latinoamericano?
Si Washington consigue convertir el acuerdo en un marco creíble para atraer capital institucional, Venezuela podría pasar de ser uno de los mayores riesgos del mapa latinoamericano a convertirse en uno de los mayores laboratorios de inversión en activos reales de los mercados emergentes, aunque todavía hay una enorme distancia entre la oportunidad y la inversión ya que el propio acuerdo enfrenta incertidumbres jurídicas y políticas, y los grandes productores internacionales siguen evaluando los riesgos.
Por ahora, Chevron ha dado el primer paso con sus 7.000 millones de dólares pero el siguiente será mucho más importante y debe consistir en conseguir que los grandes fondos de infraestructura, private equity, private credit y energía crean que los contratos venezolanos pueden sobrevivir a los ciclos políticos. Si eso ocurre, los 100.000 millones de dólares dejarán de ser una cifra política para convertirse en uno de los mayores flujos potenciales de capital privado hacia América Latina en décadas.
Por Funds Society, México
Por Antonio Sandoval