Gibraltar Private Bank & Trust, banco con sede en Coral Gables, ha revelado que la fiscalía y la sección de confiscación de activos y blanqueo de capitales del departamento de Justicia de EE.UU. están realizando una investigación sobre el cumplimiento, por parte del banco, del Acta relativo al secreto bancario y determinados requerimientos de las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales, publica el South Florida Business Journal.
Esto sucede casi seis años después de que Scott Rothstein, uno de los mayores clientes del banco -a través de su firma de servicios legales- y accionista minoritario fuera arrestado por llevar a cabo una estafa piramidal -también conocida como Ponzi Scheme– de 1.400 millones de dólares, por la que el banquero pagó, con posterioridad, una indemnización multimillonaria a las víctimas y fue condenado a 50 años de cárcel. Gibraltar Bank fue penalizado con una indemnización de 65 millones de dólares por su implicación en estos hechos, anteriores a la toma de control del banco por un nuevo equipo directivo en 2012.
Este nuevo equipo está liderado por Adolfo Henriques, un reputado banquero local. No hay constancia sobre en qué fechas se han producido los hechos bajo investigación, si antes o después de la entrada del nuevo equipo gestor.
El anuncio de esta investigación sucede después de que el banco recibiera una orden del regulador federal bancario, el pasado otoño, que señalaba los pasos que el banco debía seguir para cumplir con la regulación BSA. Esa orden, a su vez, reemplazaba otra de 2010 de la antigua Office of Thrift Supervision.