La entrada de inversores saudíes en Telefónica – gigante de las telecomunicaciones con presencia significativa en España, Alemania, el Reino Unido y Brasil- sorprendía ayer a muchos, cuando se anunciaba la compra del 9,9% de la entidad española por Saudi Telecom Co. En un sector europeo de las telecomunicaciones aún dominado por antiguos monopolios nacionales como BT, Deutsche Telekom, Orange y Telecom Italia, la nacionalidad sigue siendo importante, por lo que la operación plantea algunas dudas y retos desde el punto de vista político pero también económico.
“Es probable que una inversión de este tipo no sólo resulte políticamente delicada, sino que la historia ha demostrado que los beneficios de las inversiones transfronterizas en el sector de las telecomunicaciones son difíciles de obtener, si no imposibles, sobre todo en una industria tan madura como la europea”, explica Jacques de Greling, director de calificaciones corporativas de Scope Ratings.
Según el experto, para los gobiernos, los operadores nacionales europeos siguen siendo activos estratégicos sobre los que puede resultar difícil aceptar la influencia extranjera, por no decir el control, incluso cuando el Estado ya no es accionista, como ocurre en el caso de Telefónica. “En los últimos años ha cobrado cada vez más relevancia la importancia de garantizar el control político nacional sobre la infraestructura de telecomunicaciones, partiendo de las revelaciones de espionaje del denunciante de la NSA Edward Snowden hasta la conmoción económica que supuso la pandemia del virus COVID que llevó a generalizar el trabajo a distancia”, explica.
El experto recuerda cómo la política ha complicado hasta ahora los acuerdos transfronterizos en Europa, y cita varios ejemplos, como el intento fallido de la mexicana América Móvil de adquirir KPN en los Países Bajos -a pesar de que el Gobierno ya no era accionista-; los planes de fusión urdidos por KPN y Belgacom (ahora Proximus), así como por Swisscom y Telekom Austria, que finalmente quedaron en nada; o el hecho de que, en Austria, América Móvil tuviera que firmar un acuerdo especial de participación con el Gobierno para convertirse en el principal accionista de Telekom Austria. Y también recuerda que operadores de Oriente Medio como STC y la emiratí Etisalat están controlados por sus Gobiernos (64% y 60%, respectivamente).
“Sería poco realista pensar que un operador europeo de telecomunicaciones pudiera acabar cayendo bajo el control de los Gobiernos saudí o emiratí”, defiende.
La falta de sinergias perjudica la rentabilidad
Las dudas también llegan desde el punto de vista económico: “La segunda e importante razón por la que consideramos que hay poco futuro en las transacciones transfronterizas es que no hay sinergias en este tipo de operaciones”, recuerdan desde Scope Ratings. “Los servicios de telecomunicaciones se caracterizan por su estructura nacional: diferente regulación nacional incluso en Europa, diferentes competidores nacionales, diferentes hábitos/preferencias de los consumidores nacionales, diferentes redes nacionales, diferentes estructuras de red… todo ello juega en contra del ahorro de costes y el aumento de ingresos. En pocas palabras, un minuto de servicio de voz móvil o un gigabyte de datos móviles producido en Arabia Saudí no puede venderse en España, y viceversa, aunque STC poseyera el 100% de Telefónica».
Estas dos características del sector europeo de las telecomunicaciones han dado lugar a escasos beneficios, como puso de manifiesto la inversión de América Móvil en KPN. La cotización de Vodafone ha bajado un 45% desde que Etisalat hizo pública su participación inicial del 10% en Vodafone en mayo de 2022. A los operadores tradicionales europeos no les ha ido mucho mejor, como demuestra la inversión de Deutsche Telekom en la griega OTE o, más recientemente, en BT. Las inversiones en países vecinos no han tenido más éxito. Por ejemplo, la inversión del magnate francés de las telecomunicaciones Xavier Niel en Telecom Italia, las adquisiciones del operador sueco Telia en Finlandia y Noruega, y las inversiones de Orange en España (Amena, Jazztel), que provocaron una pérdida de valor de 4.000 millones de euros en 2021, reduerda De Greling.
Por ello, defiende que estas dificultades, junto con las limitadísimas posibilidades de consolidación de la telefonía móvil nacional por motivos regulatorios, hacen pensar que “el riesgo de fusiones y adquisiciones sigue siendo limitado en Europa desde el punto de vista crediticio, incluso a medida que los nuevos inversores buscan diversificación fuera de sus mercados de origen”.
Empresas españolas: ¿en venta?
Sin embargo, sí hay un motivo económico que impulsa la compra de compañías españolas, según Javier Molina, analista senior de mercados para eToro: su baja capitalización actual. “La baja capitalización de la compañía, síntoma común observado en el sector europeo, implica una infravaloración que la hace susceptible de adquisiciones en un momento complejo para dicho sector de telecomunicaciones. Con una capitalización cercana a los 22.000 millones de euros, adquirir un 10% como es el caso de STC Group, se antoja altamente eficiente dadas las características de Telefónica”, explica el analista.
Y pone varios ejemplos de operaciones similares: “Hace unos años Vodafone adquirió ONO por 7.200 millones de euros y se aseguró el acceso a 7,2 millones de hogares donde la empresa llegaba con tecnología propia. Por ponerlo en contexto, Telefónica cuenta con 383 millones de accesos totales, 168 millones de unidades inmobiliarias pasadas con fibra, 292 millones de accesos móviles y tiene presencia en España y a nivel internacional destaca su posicionamiento en Alemania, Reino Unido, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, entre otros. Por tanto, la jugada de STC Group no es menor y, para nada, podemos afirmar que está fuera de precio dado el alcance e implicaciones para la parte compradora”.
Es por esta razón, relexiona, y a la espera de la resolución de las consecuencias de una posible activación del escudo anti-OPA, que se abre la duda sobre si las empresas principales españolas, a estos niveles de capitalización, pueden estar en venta.
Molina no olvida, no obstante, el obstáculo político, materializado en el llamado “escudo anti-OPAS” -recientemente, el Gobierno español prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2024 las medidas de blindaje para salvaguardar a aquellas empresas estratégicas del país (en el sector energético y de infraestructuras) de adquisiciones no amistosas y ventas de activos-. De ahí que STC Group haya dejado claro que no tiene la intención de tomar el control ni adquirir una participación mayoritaria en Telefónica.
Por Funds Society, Madrid
