Las fortalezas institucionales de Uruguay respaldan sus esfuerzos para navegar la crisis del coronavirus, pero el país carece de margen para una respuesta fiscal y monetaria más contundente para contener el daño económico, afirmó Fitch Ratings en uno de sus informes de análisis que señalan que “los riesgos de una dinámica de deuda ya desafiante han aumentado” en el país riopletense.
Una fuerte gobernanza y cohesión social son evidentes en la respuesta de Uruguay, país que ha implementado sin problemas medidas para contener el virus y mitigar su impacto económico, por ejemplo, creando un Fondo de Solidaridad para canalizar de manera transparente el alivio económico de emergencia, financiado en parte por las contribuciones de los empleados públicos y el sector agrícola.
La fortaleza institucional y un sistema de bienestar desarrollado podrían ayudar a Uruguay a contener el daño económico de la pandemia en relación con otros países latinoamericanos, al igual que mejores términos de intercambio (el costo del petróleo importado ha caído más que los precios de las exportaciones agrícolas).
Sin embargo, Uruguay entra en la crisis con un pie débil. Su fortaleza institucional ha sido insuficiente para detener el deterioro del crecimiento económico y el rápido aumento de la deuda pública en los últimos años, tendencias reflejadas en la Perspectiva Negativa sobre la calificación soberana ‘BBB-‘ de Uruguay.
El PIB creció solo 0,2% el año pasado y se contrajo en el 4T19. Esta debilidad persistió hasta 2020 antes de la crisis, con un aumento del desempleo a un máximo de 13 años de 10,5% en febrero. Esperamos que el PIB real se contraiga un 3,3% en 2020 y un repunte del 3,6% el próximo año, respaldado por la construcción de la planta de celulosa UPM.
La débil posición fiscal de Uruguay reduce el margen de estímulo fiscal contundente para respaldar una rápida recuperación económica. El déficit del gobierno central aumentó a 5,1% del PIB en marzo (neto de ingresos extraordinarios) antes de que comenzara la crisis. Fitch pronostica que aumentará a 7% en 2020 debido a pérdidas de ingresos, estabilizadores automáticos y medidas discrecionales por valor de 0,8% del PIB.
Los amortiguadores financieros y la deuda a largo plazo le permiten a Uruguay financiar este déficit sin recurrir urgentemente a los mercados mundiales de capital. Su amortiguación de efectivo de «prefinanciación» se ha reducido en los últimos años, pero Uruguay ha comenzado a activar 2.200 millones de dólares en líneas de crédito multilaterales dispuestas con prudencia para emergencias. Ha continuado la emisión en el mercado local, aunque esto se ha vuelto más costoso, destacando una flexibilidad monetaria más débil que sus pares donde los recortes en las tasas de política han reducido los costos de los préstamos.
Fitch proyecta que la deuda del gobierno general aumentará al 72% del PIB (muy por encima de la mediana del 50% ‘BBB’) este año desde el 62% en 2019 debido al déficit más amplio y un crecimiento más débil. El índice de deuda de Uruguay aumentó más en la categoría ‘BBB’ en los cinco años hasta 2019, y su aumento en 2020 nuevamente estará entre los más grandes de la categoría, debido a la aguda sensibilidad a la depreciación del peso (el stock de deuda en moneda extranjera es grande) y la indexación de la mayoría de la deuda denominada en pesos al aumento de la inflación.
Si bien este salto en la deuda refleja principalmente un shock inesperado, los excesos en el gasto estructural también continúan contribuyendo, destacando los riesgos capturados en la perspectiva negativa. La previsión de aumento de la deuda en 2020 agotaría el margen fiscal de Uruguay en su calificación actual, y el shock del coronavirus puede representar un revés más duradero para la estabilización de la deuda. Estimamos que una mejora de 3pp-of-GDP en el saldo primario (desde el déficit de marzo de 2,1% a un superávit de 1%) estabilizaría la deuda. Sin embargo, una recuperación económica más lenta o presiones de gasto más prolongadas derivadas de la crisis pueden hacer que sea necesario un mayor ajuste para lograrlo.
Este escenario proporcionaría una prueba más firme de las promesas del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, que asumió el cargo en marzo, para la revitalización económica y la consolidación fiscal. Se ha movido rápidamente en estas promesas, recortando gastos administrativos y presentando una ley de reformas microeconómicas. Pero estabilizar la deuda podría requerir que aumente y acelere los planes de consolidación fiscal, potencialmente a través de aumentos de impuestos que previamente había descartado. Esto amplificaría las compensaciones de política que enfrenta el gobierno en su próximo presupuesto quinquenal.
Por Magdalena Martínez
