Las primeras acciones llevadas por el gobierno interino brasileño para hacer frente a los aumentos de gastos y del déficit de la seguridad social muestran un renovado interés en la consolidación fiscal, según informa Fitch Ratings. Sin embargo, la incertidumbre política permanece lo suficientemente alta como para afectar al contenido, alcance y ritmo de las reformas fiscales. Esta incertidumbre es uno de los factores que se refleja en la perspectiva negativa de la calificación de la deuda soberana de Brasil, que Fitch mantiene después de rebajar la nota de Brasil a ‘BB’ en mayo de 2016.
La administración del gobierno interino de Michel Temer tomó el poder después de que el voto a favor del ‘impeachment’ de Dilma Rousseff provocara su suspensión durante seis meses. Desde entonces, el nuevo ministro de Finanzas, Henrique Meirelles ha anunciado planes para llevar a cabo una reforma constitucional que permita controlar el crecimiento del gasto público. El gobierno está también planeando una reforma en las pensiones, aunque los detalles exactos y el ahorro que podría suponer son inciertos. La nueva administración ha comenzado a frenar el estímulo cuasi-fiscal, imponiendo al Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (BNDES) a repagar 100.000 millones de reales brasileños al Tesoro en un periodo de tres años, en claro contraste a con los préstamos otorgados por el Tesoro para apoyar la capacidad de préstamo del BNDES en los últimos años.
Estas iniciativas sugieren un intento de cohesión en el control del gasto, aunque pueden no ser suficientes para lograr una rápida consolidación fiscal que estabilice la creciente deuda del gobierno. Por otra parte, la política fiscal aún está sujeta a riesgos políticos como la estabilidad y durabilidad de la coalición del gobierno de transición, y su capacidad para implementar reformas económicas no está garantizada. La popularidad del gobierno de Temer sigue siendo relativamente baja y las investigaciones del caso Lava Jato son una fuente continúa de trastornos políticos. La tolerancia pública a una profunda austeridad fiscal puede verse limitada por la fuerte y prolongada contracción económica, así como por el aumento del desempleo.
La administración interina ha obtenido la aprobación para un nuevo objetivo para el presupuesto de 2016, que prevé un déficit fiscal del gobierno federal primario de aproximadamente un 2,8% del producto interior bruto. Este objetivo más alto, refleja los retos que una economía débil presenta para los ingresos del gobierno y excluye ingresos derivados de la venta de activos, reflejando las dificultades de las condiciones del mercado. También incluye el coste de la moratoria de pagos de la deuda que el gobierno federal otorgó a los gobiernos estatales para el resto del 2016.
Un objetivo mayor de déficit primario para el 2016 implica un punto de partida más débil para la consolidación fiscal. En la actualidad, Fitch proyecta que la carga de la deuda de las administraciones públicas aumentará hasta casi el 80% del PIB en 2017, asumiendo que ningún coste en la deuda soberana por apoyar a bancos o empresas. Se espera que el objetivo de déficit primario sea anunciado próximamente, lo que proporcionará una señal en el ritmo de consolidación que se puede esperar en el corto plazo.
La dinámica de la deuda gubernamental no se estabilizará sin superávit primario, ni sin un crecimiento económico más rápido. Fitch proyecta un crecimiento moderado del 0,5% sobre una base anual en 2017. Los recientes aumentos de la confianza de las empresas y del consumidor; y una reapertura de los mercados de capitales domésticos e internacionales para algunas de las empresas brasileñas son signos positivos. Pero un aumento sostenible de la confianza y el ritmo de la recuperación dependerán del desarrollo político y de la credibilidad de los ajustes fiscales.
La estabilización política, que se traduce en una implementación política efectiva y reduce los desequilibrios macroeconómicos, incluyendo la creación de una mayor confianza alrededor de la estabilización de la deuda pública, podría equilibrar las perspectivas de la calificación de la deuda pública, tal y como Fitch señaló en el análisis de sensibilidades de calificación, cuando rebajó el rating de Brasil en mayo.
Desde Fitch Ratings creen que tomará algún tiempo para que las políticas del gobierno interino se afiancen y que emerja la evidencia de su efectividad. Un giro en la política y la incapacidad de implementar medidas que mejoren las perspectivas de las finanzas públicas podrían provocar que la trayectoria de la deuda del gobierno y el crecimiento fueran negativas para el crédito.
Por Fórmate a Fondo
