La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dejó claras sus ambiciones en cuanto a la financiación de la transición energética y medioambiental para 2020. En este sentido, la Unión Europea quiere fomentar un flujo cada vez mayor de fondos que se canalizarán hacia activos verdes, por lo que se espera que el papel de las gestoras y casas de inversión sea realmente relevante. La gran pregunta es: ¿cómo coordinar todos estos esfuerzos?
Desde finReg apuntan que uno de los pilares es la regulación que poco a poco se va articulado y que resulta muy relevante, como por ejemplo el reglamento de taxonomía verde de 2019. Se trata de un “acuerdo político” para determinar un marco que facilite las inversiones sostenibles y se establezca las bases para determinar si una actividad económica es sostenible desde el punto de vista medioambiental. “Este paso ayuda al objetivo del Consejo de que os criterios de sostenibilidad se publiquen antes el término de 2020 y sean aplicables a finales de 2022. El acuerdo establece el texto de compromiso final que el Consejo y el Parlamento adoptarán formalmente conforme a procedimiento de un acuerdo rápido en segunda lectura”, explican desde finReg.
Esta regulación tiene sentido dentro del Plan de Acción sobre finanzas sostenibles de la Comisión Europea, un marco regulatorio centrado en la sostenibilidad propuesto para gestoras de activos, aseguradoras y fondos de pensiones. Se lanzó el año pasado y está diseñado para implementarse a lo largo de un periodo de varios años, hasta 2022 en el caso de sus elementos principales y más allá de 2023 para medidas más concretas. Una de sus propuestas clave es la creación de un marco específico sobre sostenibilidad, concentrado sobre todo en actividades relacionadas con el medioambiente.
“Aunque esto debería considerarse como un primer paso sustancial en la dirección correcta, un examen más detallado del marco revela lagunas en las definiciones, metodologías y ámbito de aplicación que amenazan con limitar su efectividad de no corregirse. El objetivo de la Unión Europea de construir un sistema financiero que respalde el crecimiento sostenible tiene su origen en dos acuerdos internacionales históricos alcanzados en 2015: la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y el Acuerdo de París sobre cambio climático (CMNUCC)”, comenta Joshua Kendall, analista ESG en Insight Investment, parte de BNY Mellon Investments Management.
Justamente el desarrollo de esta primera taxonomía ayuda a ir reduciendo los retos y, en especial, lograr que todo el sector utilice un lenguaje y conceptos comunes. “La novedad del sistema de clasificación verde para las actividades económicas ambientalmente sostenibles es que ahora existe un lenguaje común dentro de la UE, en particular para limitar e incluso evitar las acusaciones de los denominados casos de greenwashing. Es un buen momento porque la emergencia climática y el compromiso de la UE (con la excepción de Polonia) de ser neutral en cuanto a las emisiones de carbono para el año 2050 requiere una inversión mucho mayor en activos verdes para la próxima década”, explica Jean-Philippe Desmartin, responsable de inversión sostenible en Edmond de Rothschild Asset Management.
En opinión de Desmartin otro de los retos que todo este camino supone atañe a las empresas que cotizan en bolsa. “El acceso a datos e información para clasificar los productos y servicios de las empresas como ecológicos constituye una barrera significativa para los inversores. La buena noticia es que la normativa europea exigirá a las empresas que cotizan en la Unión Europea con más de 500 empleados que revelen qué parte de su volumen de negocios e inversiones entrará en la lista verde. Este es un buen comienzo para construir una curva de aprendizaje para los emisores, los inversores y el regulador europeo. Los inversores de la UE tendrán que explicar de forma transparente cómo están integrando la lista verde en sus fondos, así como su enfoque de la integración de los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), según los Principios de Inversión Responsable (PRI) de la ONU”, explica
Tal y como recuerda Kendall, el objetivo de la UE de transición hacia una economía sostenible, con un empleo más eficiente de los recursos y bajas emisiones de carbono, requiere un marco que abarque todo el espectro de riesgo ESG. “Por desgracia, el Plan de Acción sobre finanzas sostenibles lo hace parcialmente, al concentrarse solo en actividades e impactos relacionados con el clima”, reflexiona sobre los retos que aún quedan por delante.
Por Funds Society, Madrid
