El Pacto de Toledo ha aprobado el texto que recoge las recomendaciones para reformar el sistema de pensiones español. El texto ha contado con un amplio consenso, todos los partidos lo han apoyado a excepción de la negativa de VOX y las abstenciones de Bildu y ERC.
El documento engloba 20 recomendaciones sobre las que se decidirá el futuro del sistema. El siguiente paso será que, en las próximas semanas, se aprueben en el Congreso. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha felicitado a la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, y a los grupos por llegar a un acuerdo y considera que el consenso “es el arma más poderosa para dar certidumbre a los ciudadanos”, según ha publicado en su cuenta de Twitter.
Estas 20 recomendaciones incluyen la posibilidad de ligar las pensiones al IPC, la separación de la financiación entre las pensiones contributivas y los gastos impropios que se incluyen en el sistema o reducir las jubilaciones anticipadas. Asimismo, recomienda ligar la edad de jubilación efectiva, la cual ronda los 63 años, a la efectiva a la edad legal, que en 2027 quedará fijada en 67 años y potenciar el segundo pilar que complementa a la pensión pública, los planes de empleo.
El Gobierno pretende reducir las desgravaciones a los planes de pensiones individuales
Asimismo, se ha conocido el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, el cual contiene una modificación del tratamiento fiscal de la previsión social. Concretamente, se ha anunciado una reducción de las desgravaciones a los planes de pensiones privados o individuales.
El límite de aportaciones máximas bajará de 8.000 a 2.000 euros, en línea con las recomendaciones de Airef y la Comisión Europea. Esta medida, ha advertido la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afecta a un número muy reducido de contribuyentes, puesto que, según datos de la Airef, solo un 8% de ellos hacen aportaciones superiores a 4.000 euros, y el 58% lo hacen por debajo de 1.000 euros. Por otro lado, se eleva de 8.000 euros a 10.000 euros el límite para los sistemas de empleo.
Las primeras reacciones de la industria no han sido positivas. Concretamente, Inverco y Unespa consideran que, de aprobarse, “afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía española”. Las entidades han justificado su postura mediante cinco y concluyen que “la reducción de los límites de aportación que se pretende aplicar a los sistemas de previsión social no va a conseguir los efectos deseados. En cambio, las medidas contempladas en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado sí van a perjudicar el desarrollo de la previsión social complementaria en España, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la sociedad y la economía nacional”.
Su primera razón es que el establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite notoriamente inferior, es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española. Asimismo, opinan que “carece de sentido” en situaciones de crisis como la actual en la que muchos trabajadores han visto reducidos sus ingresos por estar en un ERTE o por un cierre temporal de su negocio.
Además, consideran que, debido a que en España existe un significativo déficit de ahorro para la jubilación en comparación con la situación existente en el resto de los países de su entorno, defienden que este desajuste no puede dejarse exclusivamente a cargo de las empresas. “Hace falta que los trabajadores, a título particular, tomen conciencia de la necesidad de ahorrar para su jubilación”, alertan.
Para Inverco y Unespa, esta “reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos”. Con respecto a la fiscalidad, recuerdan que realmente no se trata de un beneficio fiscal sino de un “mero diferimiento de la tributación”. “Es decir, su tratamiento fiscal no genera beneficios. La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones”, aclaran.
Por su parte, Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas señala que esta reducción supone «un mazazo» para este tipo de productos, generalmente más ilíquidos y cuyo mayor atractivo es el diferimiento fiscal de impuestos. «Hay que tener en cuenta que en España hay poca cultura de ahorro para la jubilación, al contrario de lo que ocurre en Europa, donde generalmente los planes privados son un complemento a la pensión pública», advierten.