Ha tenido lugar el seminario-webinar “Finanzas sostenibles: exigencias regulatorias y competencias profesionales” organizado por el Instituto Español de Analistas Financieros– IEAF en colaboración con el programa de formación Entidades Financieras Sostenibles – EFS. El evento se realizó en formato online y presencial en la Bolsa de Madrid.
En su discurso de apertura, Javier Méndez Llera, secretario general del IEAF, destacó que la sostenibilidad es una nueva tendencia de gran importancia en la actividad financiera, y explicó que “como toda nueva tendencia, hay dos cuestiones que marcarán el éxito o fracaso de la misma: que entre todos sepamos dotarnos de una regulación sólida pero amigable con los sectores que la desarrollan, y que sepamos formar a los profesionales con las competencias adecuadas”.
Por su parte, Juan Carlos Delrieu, director de estrategia y sostenibilidad de la Asociación Española de Banca, destacó el papel activo que la banca ya está desarrollando en la promoción e integración de la sostenibilidad y como canalizador de la financiación necesaria de toda esta transformación, el reto de gestionar el riesgo para evitar la inestabilidad financiera, además de su legítima y obligada capacidad de capitalizar las oportunidades que surgen de esta tendencia.
De igual forma, Delrieu hizo una revisión del marco regulatorio de las finanzas sostenibles en la Unión Europea y en España, poniendo énfasis en que “La regulación debería tener un contenido más estratégico, ser más coherente y eficaz, dar certidumbre regulatoria, promover la colaboración público-privada, y debería buscar la no inhibición de la innovación”, concluyendo con la importancia de elevar el conocimiento y formación de las entidades en todo este proceso de transformación.
Posteriormente, el presidente del Instituto de Crédito Oficial, José Carlos García de Quevedo, destacó en su intervención la experiencia del ICO en este contexto de nueva regulación y nuevas competencias profesionales que demarca la sostenibilidad. Explicó que esta institución busca “…anticiparse a los objetivos y a la implementación de medidas dentro de su actividad de negocio, adaptarse a las circunstancias y a las necesidades de las empresas, y pretende tener un mayor alcance con una aproximación transversal” y cómo entienden la sostenibilidad desde un enfoque transversal que impregna e involucra a todas las áreas y actividades de la institución.
El evento también contó con la participación, como ponente, de Jorge Medina Aznar, codirector del Programa de Formación Entidades Financieras Sostenibles y consejero independiente, quien en su discurso recalcó tres aspectos que deben abordar los bancos sobre las capacidades profesionales requeridas en sostenibilidad: el cambio cultural en las organizaciones, el desarrollo de perfiles y capacidades que faciliten la integración de los criterios ESG en las entidades y la importancia de adaptar el liderazgo corporativo a la narrativa sostenible.
Por su parte, José María López Jiménez, director de sostenibilidad y RSC de Unicaja Banco, subrayó que la integración de la sostenibilidad a través de los conocimientos y las competencias profesionales, debe realizarse en todos los departamentos y órganos de las entidades, pero de forma gradual para entender bien y afrontar de manera adecuada la complejidad y el calibre de la tarea a desarrollar.
El evento finalizó con un espacio de preguntas y debate moderado por María Folqué, global head of analysis en Fundspeople, en el que los ponentes coincidieron en la importancia de la integración transversal de la sostenibilidad en las organizaciones, en la necesidad de fortalecer el conocimiento y formación de las entidades y la idoneidad de generar alianzas público-privadas para avanzar más rápido hacia un modelo sostenible.
La última revisión de la Perspectiva de Uruguay a Estable refleja su resistencia fiscal a través de la pandemia y la mejora continua de la situación fiscal estructural. Las expectativas fiscales de Fitch han mejorado en medio de un rendimiento superior en los ingresos fiscales, menores costos de endeudamiento y una mayor confianza en los planes de consolidación orientados al gasto de las autoridades. La clasificadora de riesgo proyecta que estos desarrollos desacelerarán sustancialmente la trayectoria ascendente de la deuda / PIB, con una brecha más estrecha con los pares de calificación que la que se ve antes de la pandemia.
La calificación ‘BBB-‘ está respaldada por un PIB per cápita relativamente alto, sólidos indicadores de gobernabilidad y fortaleza institucional evidenciada por una exitosa campaña de vacunación, así como por una sólida posición de liquidez externa. Se ve limitado por un crecimiento económico débil y una recuperación pospandémica relativamente lenta, una deuda pública elevada y su gran componente de moneda extranjera, un historial de inflación alta y una flexibilidad de política débil en el contexto de la dolarización prevalente, la indexación y la poca profundidad financiera.
Fitch proyecta que el PIB real crecerá 3,4% en 2021 después de caer 5,9%, más fuerte que las proyecciones anteriores de Fitch. La importancia relativa del sector turístico rezagado y un pequeño esfuerzo de política contracíclica en comparación con sus pares han significado una recuperación más lenta que la ‘BBB’ y las medianas regionales, pero esto está siendo respaldado por el gran proyecto de la planta de celulosa UPM, marcado dinamismo en las exportaciones. y mejorar la confianza. El mercado laboral ha experimentado una fuerte recuperación, apoyado en parte por políticas salariales prudentes.
Fitch proyecta que el crecimiento del PIB real se moderará a 2,7% en 2022 y gradualmente a un ritmo de tendencia de 2,0% a partir de entonces a medida que finalice la construcción de UPM y la producción aumente, mejor que la tendencia prepandémica (0,8% promedio en 2015-2019) pero aún relativamente bajo.
Los problemas clave de competitividad (altos precios de los combustibles, bajos resultados educativos y un marco salarial rígido) podrían persistir si no se llevan a cabo reformas importantes para abordarlos. Aun así, los precios agrícolas más altos y la estabilidad institucional de Uruguay en una región volátil podrían respaldar la inversión. La apertura comercial es un punto brillante en la agenda microeconómica, ya que las autoridades planean lograr un acuerdo comercial con China.
La posición fiscal de Uruguay está mejorando en términos cíclicos y estructurales, luego de un deterioro relativamente pequeño en 2020-2021 que refleja una política fiscal prudente e ingresos resistentes durante la pandemia. Fitch proyecta que el déficit del gobierno central (neto de los efectos de las pensiones de los «cincuentones») caerá a 4,5% del PIB en 2021 desde 5,8% en 2020.
Este déficit está por debajo de su nivel de 2019 neto de gastos por pandemia de emergencia e ingresos extraordinarios, incluidos los dividendos del banco comercial estatal y la compañía de electricidad y las ganancias de capital sobre las reintegraciones de bonos por encima del valor nominal (deducidas de los intereses). Esta mejora ha sido impulsada por un rendimiento superior en la recaudación de impuestos en relación con el PIB real (debido al auge de las importaciones con impuestos elevados) y el crecimiento del gasto no relacionado con una pandemia por debajo de la inflación.
Fitch espera que la eliminación gradual de la mayor parte del gasto pandémico reduzca el déficit al 3,9% en 2022. Las proyecciones fiscales de Fitch reflejan una mayor confianza en la estrategia de consolidación centrada en el gasto de las autoridades. Las autoridades están logrando ahorros al contener el gasto no discrecional por debajo de la inflación alta, ayudadas por caídas reales de los salarios (a los que se indexan las pensiones). Fitch espera que los salarios públicos se reduzcan nuevamente en términos reales en 2022, después de un recorte del 5% en enero de 2021, y que los salarios reales del sector privado continúen cayendo en medio de las negociaciones colectivas en curso. Como resultado, las pensiones y los salarios públicos están en camino de caer en términos reales en 2022 por tercer año consecutivo. Los esfuerzos para recortar las inversiones operativas discrecionales y el gasto de capital han contribuido a ahorros fiscales adicionales.
Los costos por intereses están siendo contenidos por un acceso favorable al mercado externo a bajos rendimientos, respaldado por las sólidas credenciales de ESG de Uruguay, así como por una importante reducción en los costos de endeudamiento en pesos que Fitch espera que sean en parte de naturaleza estructural. Los rendimientos reales de los valores en pesos han caído drásticamente en medio de la relajación monetaria durante la pandemia, incluso a plazos más largos (de 3,5% a 1% a cinco años), y siguen siendo bajos en medio de un incipiente endurecimiento de las políticas.
La caída gradual de las tasas de interés efectivas ha compensado el mayor volumen de deuda pública para mantener los pagos de intereses en general estables a su nivel prepandémico del 2,7% del PIB en términos brutos (es decir, antes de compensar las ganancias de capital). Los datos fiscales de Uruguay basados en efectivo no capturan los intereses que capitalizan los bonos indexados a la inflación, por un valor adicional de 2 pp del PIB a los niveles de inflación actuales.
Los desafíos fiscales podrían resurgir eventualmente dado el compromiso de las autoridades de restituir eventualmente las pérdidas salariales reales, pero han señalado que esto será muy gradual. Las demandas de gasto social posteriores a la pandemia podrían ser una fuente de presión, particularmente cerca de las elecciones de 2024, pero las autoridades han mantenido pequeños nuevos desembolsos hasta ahora (por ejemplo, 0,1% del PIB en beneficios para la niñez).
Fitch espera que se presente una reforma de las pensiones en 2022 que ofrecería un alivio fiscal en un horizonte a largo plazo dadas las reglas de transición. Las perspectivas de recaudación tributaria, luego de su mejor desempeño en 2020-2021, son fuente de cierta incertidumbre dado que las autoridades proyectan un aumento permanente de 0,7 pp del PIB sin haber elevado las tasas.
Fitch proyecta que la deuda del gobierno general disminuirá a 65,0% del PIB a fines de 2021 desde 66,2% en 2020, capturando gobierno central ampliamente estable (alrededor de 62%), consolidación de valores mantenidos dentro del fideicomiso de pensiones de ‘cincuentones’ y bonos emitidos para recapitalizar el banco central (BCU) se canceló parcialmente a fines de 2021. Se proyecta que la deuda aumente lentamente en los próximos años, divergiendo de la mediana ‘BBB’ proyectada para caer por debajo del 60% en 2022-2023, y esta brecha es mucho menor que la observada antes de la pandemia. Estas proyecciones asumen una depreciación del peso en línea con la inflación relativa, pero son altamente sensibles a cualquier divergencia en estas variables.
La inflación subió a 7,9% en noviembre, nuevamente por encima del rango objetivo (3% -7%), impulsada por presiones globales. Las expectativas se han desviado un poco más por encima del rango objetivo (que cae al 3% -6% en 2022), lo que indica desafíos futuros para los objetivos de desinflación de las autoridades. Las pautas para las conversaciones salariales incluyen aumentos nominales conservadores, pero también un correctivo ex post de la inflación en 2023 que podría contribuir a la inercia, al igual que aumentos más altos y correctivos más frecuentes que se adoptan en muchos sectores. El BCU ha elevado su tasa de política en 125 puntos básicos a 5,75% desde julio, que sigue siendo muy negativa en términos reales ex ante, pero el ajuste gradual está ayudando a contener la presión inflacionaria al mantener el peso fuerte.
La administración de Lacalle Pou mantiene una sólida posición política, respaldada por una campaña de vacunación exitosa, pero se enfrenta a una prueba en marzo de 2022 en torno a un referéndum de su «ley de consideración urgente» (LUC) aprobada en 2020. Si se mantiene la LUC, esto podría fortalecerse aún más la posición política del gobierno y su capacidad para llevar a cabo reformas y sostener políticas conservadoras durante el resto de su mandato, mientras que la derogación de la LUC podría hacer esto más difícil.
Uruguay tiene un puntaje de relevancia (RS) de ESG de ‘5 [+]’ tanto para la estabilidad política y los derechos como para el estado de derecho, la calidad institucional y regulatoria y el control de la corrupción. Estos puntajes reflejan el alto peso que los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial (WBGI) tienen en nuestro Modelo de Calificación Soberana patentado. Uruguay tiene una alta clasificación del WBGI en el percentil 82 que refleja un historial de transiciones políticas pacíficas, un alto nivel de derechos y participación en el proceso político, alta capacidad institucional, un estado de derecho bien establecido y un bajo nivel de corrupción.
Pixabay CC0 Public Domain. La Française REM y Vectura se alían para satisfacer la demanda de inversión en activos logísticos de última milla
La Française Real Estate Managers (REM) ha establecido una asociación estratégica con Vectura, una empresa inmobiliaria especializada en la adquisición, arrendamiento y desarrollo de activos inmobiliarios industriales y logísticos. La asociación se centrará en el desarrollo de activos logísticos de «última milla» en Francia y, potencialmente, en otros mercados, incluido España.
El acuerdo inicial de esta asociación comprende una cartera de seis centros de entrega de última milla y plataformas logísticas urbanas (que suman más de 40.000 metros cuadrados), que cumplen las normas más recientes en materia de almacenes logísticos y están situadas estratégicamente en toda Francia: Región del Gran París, Toulouse, Belfort, Pau, Saint-Quentin y Calais.
Los activos, de entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados, están totalmente alquilados a largo plazo, por inquilinos de primer nivel que operan en los sectores del comercio electrónico o los servicios de entrega, y fueron adquiridos por La Française REM, que actúa en nombre de un importante inversor institucional surcoreano.
David Rendall, director general de La Française Real Estate Managers – División Institucional, concluyó: «Los activos logísticos de última milla de calidad cuentan con buenas perspectivas de valoración por diversas razones, como el crecimiento del comercio electrónico; la eficiencia de las redes, que mejora la fiabilidad de las entregas y, en última instancia, la satisfacción de los clientes. Además de constituir una ventaja competitiva; los objetivos de reducción de las emisiones de carbono, que exigen una presencia generalizada, lo más cerca posible de los consumidores finales; y a medida que el suelo escasea y las normas de zonificación de las ciudades se vuelven más estrictas, estos proyectos de desarrollo serán cada vez más escasos. Todas las ubicaciones se eligieron en función de las estadísticas de compra de los consumidores y cinco de los activos están cerca de países fronterizos, lo que permitirá realizar operaciones paneuropeas. Esto ilustra a la perfección la experiencia de Vectura, y confiamos en poder aprovechar este éxito en el futuro».
Michel Chiche, presidente de Vectura, añadió: «Llevamos muchos años participando en el desarrollo de herramientas logísticas de última milla para muchos actores de la cadena de suministro, pero también para muchos usuarios finales. Esta asociación con el reconocido gestor de activos inmobiliarios La Française Real Estate Managers es la culminación de muchos años de trabajo y refuerza nuestra estrategia de desarrollo».
La demanda de los inversores de fondos domiciliados en Europa que invierten en mercados frontera ha mejorado en 2021, pero las perspectivas siguen siendo dispares, según recoge Cerulli Associates en uno de sus últimos informes. Según explican, los mercados fronterizos presentaban oportunidades para los inversores antes de la pandemia, pero los riesgos asociados a la inversión en estos mercados son considerables, lo que ha contribuido a reducir el apetito inversor a lo largo del año pasado y de este.
«Los riesgos existentes antes de la pandemia, combinados con la incertidumbre que rodea el COVID-19, no fueron un buen augurio para la demanda de inversión en los mercados fronterizos el año pasado. Dada la incertidumbre en torno a la pandemia, los inversores buscaron inversiones más seguras y menos arriesgadas orientándose hacia los mercados desarrollados. Aunque los flujos hacia los fondos domiciliados en Europa que invierten en mercados fronterizos volvieron a ser positivos en los primeros seis meses de 2021, las perspectivas para los mercados fronterizos siguen siendo mixtas, ya que los inversores siguen preocupados por las continuas perturbaciones que la pandemia del COVID-19 ha provocado en estos mercados», explica Fabrizio Zumbo, director asociado de análisis de activos y wealth managemente europeo.
El informe de la Cerulli Associates indica que los inversores están preocupados por el impacto del coronavirus en las economías de los mercados fronterizos, donde el despliegue de las vacunas es lento. «El turismo, que contribuye de manera fundamental al PIB de muchos mercados fronterizos, se ha visto muy afectado por las restricciones a los viajes internacionales. Además, los cierres han interrumpido masivamente las cadenas de suministro, lo que ha afectado a las empresas de los mercados fronterizos y ha mermado el apetito de los inversores. De esta manera, indican que la preocupación por la lentitud en el despliegue de las vacunas y la continuación de los cierres persistirá entre los inversores en fondos de mercados fronterizos en un futuro previsible», sostiene el documento en sus conclusiones.
No obstante, el estudio señala que los gestores de activos no han realizado cambios significativos en cómo y dónde invierten en los mercados fronterizos. Los gestores siguen apostando por invertir en empresas que se centran en temas como la inclusión financiera, la atención sanitaria y lo digital. Los inversores están especialmente interesados en los mercados fronterizos africanos debido a la infraestructura subdesarrollada del continente y a la creciente clase media.
PEP y SSRP en Estados Unidos
En EE.UU., los recientemente introducidos Planes de Empleadores Agrupados (PEP) y los planes de jubilación patrocinados por el Estado (SSRP) podrían crear un nuevo impulso para los administradores más pequeños. Con el tiempo, los PEP podrían convertirse en una opción atractiva para las pequeñas empresas y, con 46 de los 50 estados de EE.UU. adoptando o considerando los SSRP, es probable que más pequeñas empresas tengan pronto acceso a esta opción. En muchos sentidos, los SSRP pueden servir como «ruedas de entrenamiento» del plan de jubilación para las pequeñas empresas que, con el tiempo, se graduarán en planes de jubilación más complejos. Para los gestores, esto representa una oportunidad de retener a estas organizaciones como clientes en un momento crítico de la evolución de sus programas de beneficios y su crecimiento como empleadores.
En Asia, la rivalidad entre Hong Kong y Singapur se ha extendido a los ámbitos de la inversión ecológica y la gestión del patrimonio. Dadas las perspectivas positivas de la gestión de patrimonios en la región y los continuos esfuerzos regulatorios, Cerulli cree que hay buenas oportunidades para que tanto el Puerto Fragante como la Ciudad del León se hagan con una parte importante del pastel mundial de los grandes patrimonios. Los gestores de activos de ambos centros financieros pueden ganar negocio de las oficinas familiares desarrollando relaciones con los bancos privados, ya sea directamente o a través de sus equipos institucionales.
Pixabay CC0 Public Domain. El asesor financiero se convierte en guía de la ISR haciendo fácil el laberinto de la normativa
La regulación en torno a la inversión sostenible es una carrera de relevos, ya que se va modificando y actualizando según las necesidades que detectan los reguladores. Por ahora, una de las metas que tienen en la mente las gestoras es el 2 de agosto de 2022, día en el cual los distribuidores y asesores necesitarán ser capaces de ofrecer carteras ESG aptas para MiFID II a los clientes con preferencias por la sostenibilidad.
El gran catalizador de la regulación de estos últimos años responde al compromiso político por parte de los países, en particular la Unión Europea, pero también a que los clientes están pasando a la acción. Desde Nordea AM destaca que la “sostenibilidad está en lo más alto de la agenda”. Según los datos de su última encuesta, el 89% de los encuestados considera que la sostenibilidad es un tema que la sociedad debe abordar y un 77% cree que sus decisiones de inversión pueden tener una influencia importante en ello.
Esta declaración de intención tiene una traducción práctica, ya que el 76% de los inversores encuestados reconoce que ha aumentado su exposición a inversiones ESG en los últimos 12 meses. “Para los inversores más jóvenes, lo que más les importa es la parte social de sus inversiones y las oportunidades de inversión en la parte de derechos humanos”, explica Lorenzo González, director de ventas institucionales de Nordea AM.
En su opinión, en este encaje entre los intereses del inversor, la regulación y la ISR, los asesores financieros tienen un rol central, ya que se les considera la fuente más importante de información ESG. Según los datos de su encuesta, el 97% de los clientes percibe que el nivel de conocimiento de su asesor es bueno o muy bueno, y un 31% como muy bueno. González considera que se han convertido en un elemento clave a la hora de enfrentarse a los tres principales obstáculos de la inversión ISR: la falta de experiencia, la falta de información y la falta de productos atractivos.
¿Qué ha facilitado la normativa?
En opinión de Cristian Balteo, especialista senior de producto en Nordea AM, la normativa trata de aumentar la transparencia y limitar el greenwashing, reforzando así la confianza del inversor y que los productos se alineen con sus intereses. “De cara al inversor, la entrada en vigor del reglamento SFDR en la Unión Europea ha hecho una diferenciación muy clara entre inversiones que son sostenibles, bajo el artículo 9; aquellas que tiene características ESG, contempladas en el artículo 8; y otros productos financieros, contemplados en el artículo 6”, resume el experto.
De cara al próximo año, el reto que tendrán los asesores financieros y los distribuidores de fondos es adecuarse a los cambios que habrá en MiFID II y que entrarán en vigor a partir de agosto de 2022. “Los asesores tendrán que determinar si el cliente tiene preferencias en materia de sostenibilidad. Y si la respuesta es sí, puede ofrecerles únicamente productos adecuados para clientes con preferencias de sostenibilidad. Por lo que deberán confeccionar listas de productos aptos. Por su parte, las gestoras deberán cribar y revisar sus productos”, señala Balteo.
La complicación reside, según el experto, en que no siempre los productos que cumplen con el artículo 8 del reglamento SFDR son los requerimientos que se van a establecer en la revisión de MiFID II. “Sería esperable que entre MiFID II y el reglamento SFDR hubiera cierto alineamiento. Pero lo que vemos es que solo los fondos bajo el artículo 9 serían aptos, pero los que estén bajo el artículo 8 no tienen por qué. Esto ocurre porque MiFID II se centra más en cómo es la estrategia del producto y no tanto con una clasificación”, explica.
En concreto, MiFID II exigirá que los fondos cumplan alguno de los tres requerimientos para ser ofrecidos a un inversor sostenible. Estos requisitos son: proporción mínima de inversiones sostenibles; proporción mínima de inversiones alineadas con la taxonomía; y reflexión sobre las PIA (Principales Incidencias Adversas), en las que el cliente establece los elementos empleados para validar la reflexión. “El tema central estará en ver en qué medida los fondos bajo el artículo 8 del reglamento SFDR cumplen esos tres requisitos cuando el inversor indique en su test de idoneidad que quieren incluir inversiones sostenibles en su cartera”, añade Balteo.
Por último, el experto destaca que un cambio positivo tiene que ver con las PIA. Según indica, “esto ha provocado que las gestoras oficialicen cómo están integrando la ESG en los fondos. Miden cuantitativamente el impacto de su ESG en aspectos concretos y obliga a reportar el impacto adverso. Además, tener esos datos te lanza a hacer un buen trabajo de engagement con las compañías”. Y destaca que en Nordea AM han montado una “maquinaria” para reportar ese impacto año a año.
El aumento de los contagios a causa de la nueva variante Ómicron ha llevado a las firmas de Wall Street y otras compañías a reconsiderar sus planes de regreso a la oficina.
Morgan Stanley les dijo a los empleados que tenían que estar en la oficina durante las dos primeras semanas de enero que se cubrieran la cara cuando no estuvieran en sus escritorios y que limitaran las reuniones grandes en persona.
«Esta guía se aplica a todos los lugares (incluso aquellos donde todos están completamente vacunados)», solicitó a los empleados en un memorando emitido por la entidad esta semana, informa Advisorhub.
Además, el texto exclamaba que «siempre se recomienda el uso de máscara para cualquier persona que tenga un mayor riesgo o que tenga un miembro del hogar que no esté vacunado o que tenga un mayor riesgo».
Por otro lado, Citi anunció la semana pasada a los empleados, que sus tareas se lo permitan, del área metropolitana de Nueva York que podrían volver a trabajar desde casa durante las vacaciones de invierno.
Jefferies Financial Group, en cambio, pidió a sus empleados que trabajaran de forma remota y recibieran un refuerzo de la vacuna para fines de enero, y el director ejecutivo Rich Handler se puso en cuarentena después de dar positivo a principios de este mes, informa el medio especializado.
Si bien la nueva variante no es de alto riesgo para quienes esten vacunados, es altamente contagiosa, lo que ha llevado a que se suspendan cientos de vuelos por las vacaciones y muchas empresas y servicios esten tomando nuevas medidas para evitar contagios masivos.
Banco Santander anunció que destinará unos 6.000 millones de dólares (5.300 millones de euros) a la transformación digital y tecnología entre 2022 y 2024 en Latinoamérica para expandir el negocio y seguir mejorando el servicio al cliente.
En un encuentro con periodistas latinoamericanos, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, confirmó la inversión y destacó la importancia de la región para el grupo: «Latinoamérica forma parte de nuestra historia y de nuestro presente, y será una parte importante de nuestro futuro. La región cuenta con los recursos, el capital social y la experiencia necesaria para progresar y vamos a apoyar a las comunidades, los clientes y las empresas en la región, como hemos hecho durante las últimas tres décadas».
Latinoamérica representa el 40% del beneficio de Santander, que da servicio a casi 80 millones de clientes (de los 152 millones que tiene el grupo) en la región, principalmente en Brasil, México, Chile, Argentina y Uruguay.
Además, en Latinoamérica trabajan la mitad de los 193.000 empleados del grupo. En Brasil, el retorno sobre el capital tangible (RoTE) ha aumentado hasta el 22% actual desde el 14% de 2015. Recientemente, la entidad también ha recomprado o presentado ofertas para recomprar participaciones de sus bancos locales en Brasil en 2014 o México y Argentina en 2021.
En el Investor Day de Santander en abril del 2019, Santander anunció que invierte 5.000 millones de euros (unos 5.600 millones de dólares) al año en todo el mundo en transformación digital y tecnología.
Botín señaló que la transición energética representa una oportunidad para Latinoamérica por el uso intensivo de materias primas que abundan en la región, que cuenta con el 30% de las reservas mundiales de agua, el 25% de las reservas mundiales de cobre, el 15% de las de hierro, tierras raras, plomo, entre otros.
Santander ha avanzado en inclusión financiera en los últimos años en Latinoamérica. Sus programas de microfinanzas Tuiio y Prospera han concedido créditos a cerca de 1,5 millones de personas desde su creación, dentro de sus planes de ofrecer acceso a servicios financieros a más de 10 millones de personas entre 2019 y 2025.
Además, Santander da servicio a más de 700.000 clientes por medio de Superdigital, una plataforma de inclusión financiera cuyo objetivo es llegar a cinco millones de clientes activos para 2023 en varios países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Chile, México, entre otros.
La brecha cambiaria entre el peso y el dólar sigue siento del principal problema de la economía argentina, y como muestran los analistas de Ecolatina, este año electoral los intentos del gobierno de establecer un ancla cambiaria fracasaron. Nuevamente, la clave está en restablecer la confianza y para ello sería esencial un amplio consenso político y un acuerdo con el FMI:
Una inflación acelerada
Con la normalización de la actividad económica y la demanda de dinero tras la etapa de restricciones más estrictas, el impacto rezagado del financiamiento monetario del déficit y la suba de precios internacionales, la inflación en Argentina se aceleró sustancialmente: pasó de promediar 3,1% en el segundo semestre de 2020 al 4,1% -con un máximo del 4,8% en marzo- en los primeros cuatro meses de este año. Ante el temprano desvío respecto de la meta oficial (29%) y los peligros de un mayor deterioro del poder de compra ante la aceleración inflacionaria en un contexto de año electoral, el Banco Central respondió modificando su estrategia cambiaria y transformó el tipo de cambio oficial en la principal ancla nominal de la economía para intentar contener la escalada de los precios.
¿El fin del ancla cambiaria?
De este modo, el dólar oficial pasó de correr casi al mismo ritmo que la inflación para quedar “anclado” en un 1,1% mensual promedio en los últimos siete meses. Sin embargo, y aun contando con la ayuda del congelamiento de precios reciente y del fuerte atraso de precios regulados (corren 10 p.p. por detrás del nivel general en el 2021, 42 p.p. desde diciembre 2019), la inflación se mantuvo en niveles muy elevados, sólo logrando bajar un pequeño escalón: del 4,1% promedio en el primer cuatrimestre del año retornó a la zona del 3% promedio de los últimos siete meses. Como consecuencia, la competitividad cambiaria cayó varios pisos: el tipo de cambio real multilateral se volvió un 17% menos competitivo en lo que va del año y el 2021 será el año de mayor atraso cambiario real de los últimos 13 años.
Esta heterogeneidad nominal, en un contexto electoral y de elevada incertidumbre, hizo eclosión en el mercado cambiario (acentuando la demanda de divisas) y el BCRA debió desprenderse de las reservas que había acumulado en la primera parte del año -en parte gracias al boom de precios internacionales y el ingreso de DEGs- para sostener la estrategia.
Finalizada la dinámica electoral, la situación del mercado de cambios oficial mostraba importantes vulnerabilidades: un elevado nivel de brecha cambiaria de casi 100% (más de 40 puntos superior a la brecha promedio del 2015), un muy limitado margen de maniobra en materia de reservas (caen un 55%/67% desde diciembre 2019 – según si se contemplan o no los DEGs ya descontando el pago al FMI de diciembre – y se dirigen a niveles mínimos históricos) y la credibilidad del Gobierno deteriorada (en noviembre el Índice de Confianza en el Gobierno de la UTDT marcó el menor nivel de los últimos dos años y cae un 26% desde la asunción del Gobierno).
En este contexto, en los últimos días la autoridad monetaria pasó de defender el ancla cambiaria sacrificando reservas a defender las reservas sacrificando el ancla: luego de los comicios se tomaron varias medidas apuntadas a apuntalar el stock de reservas (fin de las cuotas en pasajes al exterior, modificación de la PGN de los bancos, fin de la intervención en el dólar MEP) y en paralelo comenzó a acelerar el ritmo de depreciación del dólar oficial.
¿Sigue siendo “competitivo” el nivel actual del tipo de cambio real?
Durante el 2020 el tipo de cambio oficial corrió en gran medida a la par de la inflación (se apreció menos de un 3% punta a punta). Esto permitió que el tipo de cambio real multilateral (TCRM) no pierda el nivel de competitividad que recibió el Gobierno en diciembre 2019. Incluso, al analizar la evolución histórica del TCRM post-Convertibilidad, el nivel de diciembre 2020 estaba en línea con el promedio histórico, es decir, a mitad de camino: ni muy apreciado, ni muy depreciado. Lamentablemente, el atraso electoral afectó la competitividad cambiaria en 2021. Pero, a pesar del deterioro del 2021, se argumenta que el mismo sigue ubicándose en niveles competitivos: ¿lo sigue siendo?
Si bien desde la salida de la Convertibilidad a la fecha en casi un 80% del tiempo el TCRM fue más competitivo que el actual, el nivel de hoy se ubica en torno al promedio de la última década y 40% por encima del nivel mínimo alcanzado en 2015. Asimismo, si solo contemplamos años de cepo recientes (2012-2015 y el período vigente), el nivel actual del TCRM está en línea con el promedio de dichos años. Entonces, a pesar del retraso que el tipo de cambio oficial tuvo contra la inflación en 2021, pareciera que aún se cuenta con “colchón” cambiario. Sin embargo, este “colchón” puede continuar erosionándose por dos motivos.
En primer lugar, porque a pesar de la reciente aceleración del ritmo de depreciación, el dólar oficial continúa corriendo muy por detrás de los precios, por lo que la estrategia actual sólo reduce la velocidad del deterioro de la competitividad cambiaria, pero no lo interrumpe. En segundo lugar, porque incluso aunque se detenga la apreciación en 2022, en el electoral 2023 podrían volver a surgir presiones e incentivos para volver a utilizar al dólar oficial como ancla nominal.
Si esto último ocurriese, ¿es suficiente el colchón? Aún si el Banco Central lograse mantener el nivel actual del TCRM estable durante todo el 2022, si nuevamente se viera políticamente obligado a repetir el atraso del 2021 en el 2023, prácticamente se agotaría por completo la competitividad cambiaria ganada en años recientes: se arribaría a un TCRM tan solo un 13% superior al de diciembre 2015. En este escenario podría ponerse en jaque a la competitividad real del tipo de cambio y condicionando el superávit externo actual.
Conclusiones
Para reducir las tensiones cambiarias actuales, frenar con la pérdida de competitividad cambiaria real -e incluso intentar recomponerla- es condición necesaria, pero no suficiente. La brecha del orden del 100% sigue siendo uno de los principales problemas a resolver en materia cambiaria: la misma refleja la incertidumbre a corto y mediano plazo, potenciando las expectativas de devaluación y la consecuente demanda de divisas para cobertura.
En este sentido, restaurar la credibilidad con un amplio consenso político respecto del rumbo económico de los próximos dos años y alcanzar un acuerdo con el FMI que aleje la probabilidad de entrar en una situación irregular de deuda son insumos necesarios para apuntalar la confianza, despejar la incertidumbre y descomprimir tanto el frente financiero como la demanda de divisas para cobertura, que en última instancia son factores los que empujan la brecha cambiaria. Estos elementos son además insumos necesarios que la actual trayectoria cambiaria que el BCRA intenta administrar pueda ser llevada a cabo sin sobresaltos.
La economía estadounidense se ha recuperado notablemente bien del colapso inicial de la actividad provocado por la pandemia, dice un informe de ING Bank.
La economía es ahora alrededor de 1,4 puntos porcentuales más grande que antes de comenzar y, aunque todavía hay millones menos de puestos de trabajo, el repunte del empleo también es impresionante.
Sin embargo, a pesar de todo el daño económico, los datos de flujo de fondos de hoy de la Fed muestran que la riqueza de los hogares ha aumentado en 29,4 billones (o trillions en idioma anglosajón) desde fines de 2019 y, de hecho, ha aumentado 35,5 billones desde el punto más bajo del primer trimestre de 2020.
Los activos no financieros, principalmente bienes raíces, pero también automóviles, joyas y equipos, ahora totalizan 48,6 billones de dólares frente a 40 billones a fines de 2019. Mientras tanto, los activos financieros suman 114 billones, frente a 93,4 billones en 2019, un aumento del 22% en 21 meses.
Dentro de los activos financieros, las categorías más grandes son acciones corporativas y fondos mutuos (42,6 billones) fondos de pensión y vida (32,9 billones), capital de pequeñas empresas (14,4 billones) y depósitos a plazo y de ahorro (10,7 billones).
Los balances de los hogares nunca han sido más sólidos
Es cierto que la mayoría de los aumentos de riqueza se habrán producido en hogares con mayores ingresos y ya ricos, ya que habrán invertido mucho en las clases de activos «ganadoras».
La mayor contribución a las ganancias de riqueza financiera provino de las acciones corporativas y los fondos mutuos debido principalmente a la recuperación del apetito por el riesgo y al alza de los mercados de acciones gracias a un estímulo sin precedentes de la Fed y del gobierno. Las mismas razones llevaron a buenos resultados para los fondos de pensiones y seguros de vida. Por el contrario, el valor de las tenencias de títulos de deuda ha disminuido debido a que los bajos rendimientos llevaron a los inversores a vender.
Además, los hogares con mayores ingresos y más ricos gastan proporcionalmente más en servicios y «experiencias» como viajes, salir a comer, teatro y cine, cosas que las medidas de contención de COVID-19 han evitado. En consecuencia, es probable que hayamos visto un aumento significativo en el ahorro no planificado entre este grupo con el dinero invertido en varios activos financieros y físicos.
También hubo un aumento sustancial de la riqueza en efectivo, cuentas corrientes y depósitos de ahorro. Dadas las tasas de interés tan bajas que se pagan sobre los saldos, podemos decir con seguridad que esto se debió abrumadoramente a que las personas pusieron cada vez más dinero en estas cuentas: 3 billones de dólares desde el primer trimestre de 2020 y 3,4 billones desde el cuarto trimestre de 2019.
Los hogares de menores ingresos también se habrán beneficiado en cierta medida con los cheques de estímulo del gobierno de 1.200, 600 y 1.400 combinados con beneficios de desempleo extendidos y mejorados que contribuyeron a aumentos significativos en los ingresos familiares durante los últimos 18 meses.
Esto se puede ver en el cuadro a continuación con las barras naranjas que representan el aumento de ingresos de los cheques y las barras grises que representan los beneficios por desempleo ampliados.
Un documento del NBER (Buró Nacional de Investigación Económica, según sus siglas en inglés) calculó que el 69% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo en realidad ganaban más dinero estando desempleados que cuando estaban trabajando.
El beneficiario medio recibió el 134% de su compensación previa después de impuestos. Es alentador que ahora estamos viendo un crecimiento positivo de los ingresos a partir de sueldos y salarios más altos y, con suerte, esto significará que los ingresos pueden seguir aumentando a pesar de la reducción de las prestaciones por desempleo adicionales.
Más municiones para gastar
Dado que el crecimiento del empleo parece resistente y un aumento de los ingresos cada vez más evidente a medida que las empresas compiten por el personal, las perspectivas para el gasto de los consumidores siguen siendo positivas. La evidencia actual de una mayor acumulación masiva de riqueza solo se suma a la munición de gasto potencial del sector doméstico, lo que nos da más confianza en que la economía de EE.UU. puede expandirse en más del 4% en 2022.
El banco HSBC Uruguay colocó la segunda serie de su segundo programa de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias en unidades indexadas (UI) por el equivalente a 19,8 millones de dólares a través de la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay (BEVSA).
Los fondos obtenidos de la colocación serán destinados por el HSBC a la financiación de créditos hipotecarios para la construcción o adquisición de viviendas.
La serie de Notas de Crédito Hipotecarias suscrita a través del procedimiento de licitación de BEVSA, recibió una demanda total de 272 millones de UI (unos 31,6 millones de dólares) para los UI 170 millones ofrecidos, a un precio medio de 100,49, con un máximo de 103,58 y un mínimo de 93,40.
La emisión se realizó en dos tramos: uno mayorista competitivo inicialmente por el 90% de la emisión, unos 153 millones de UI (17,8 millones de dólares), con adjudicación mediante sistema inglés, donde a cada orden se le adjudica el precio que ofrece hasta completar el monto a emitir. El precio de las ofertas presentadas en ese tramo determinó un precio de 101,94 para la colocación en el tramo minorista no competitivo, que finalmente no tuvo demanda, por lo que asignó la totalidad de la emisión en el tramo competitivo.
De esta forma, la adjudicación de los 170 millones de UI se realizó en el tramo mayorista con un precio medio de 101,81, y un precio mínimo adjudicado de 100,67, determinando en promedio una tasa interna de retorno efectiva anual para el inversor del 2,95%anual en UI.
La colocación realizada bajo el segundo programa de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias de HSBC tiene un plazo de 25 años contados desde el día de la emisión. La tasa de interés de la emisión de la serie II es de 3,09% anual, calculado a partir del nodo de 15 años de la curva en UI (CUI) del décimo día hábil anterior a la emisión más 25 puntos básicos, y se amortizará el capital en 50 pagos semestrales, iguales y consecutivos. El programa recibió la calificación de riesgo AAAsf (uy) por parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos SA.
“Realizamos en el día de ayer la quinta colocación de Notas de Crédito Hipotecarias en unidades indexadas en el mercado local; en esta oportunidad por un equivalente a 19,8 millones de dólares y a 25 años de plazo. Los fondos obtenidos de esta colocación se destinarán a la financiación de créditos para vivienda. Agradecemos el apoyo de BEVSA y la confianza que los inversores continúan depositando en nuestra institución. Desde hace más de 20 años estamos comprometidos con el crecimiento del país y con los uruguayos que confían en nosotros para concretar el sueño de la casa propia”, comentó Geoffrey Fichte, Gerente General de HSBC en Uruguay.
“Una vez más tenemos la satisfacción de aportar el ámbito para la colocación y operativa de una herramienta como las notas de crédito hipotecarias que permiten canalizar fondos de mercado para brindar a los uruguayos la posibilidad de tener una vivienda”, afirmó Eduardo Barbieri, gerente general del BEVSA.
