En este reportaje especial de Reuters, se explica cómo el mayor banco de China se vio atrapado en una gran causa contra el lavado de dinero: pocos minutos antes de las 8 de la tarde del 8 de agosto de 2012, dos ciudadanas chinas que vivían en España -una banquera y su cliente- mantuvieron una abrupta conversación telefónica.

Wang Jing era directiva de la sucursal madrileña del Industrial and Commercial Bank of China, controlado por el Estado. La cliente, Xu Kai, era uno de los supuestos líderes de un grupo internacional de lavado de dinero que supuestamente usó a la entidad para transferir fondos ilegales a China. La red utilizaba supuestamente varias cuentas a nombre de residentes chinos de España, en algunos casos sin su permiso, para realizar las transferencias. Pero había una pega.

Poco antes, el mismo día, según la banquera Wang, había llegado a la sucursal una mujer para quejarse de que se estaban haciendo transferencias desde su cuenta sin su conocimiento. Wang reprendió a Xu y le dijo que se asegurara de que los titulares de la cuenta utilizados en el plan estaban al tanto.

«Tienes que mirar por ti y asegurarte de que esas personas sean obedientes», advirtió Wang para añadir que si había más quejas, el banco tendría «problemas». De hecho, el banco ya tenía problemas. Grandes problemas. La policía española estaba escuchando.

La advertencia de Wang a Xu está documentada en declaraciones judiciales confidenciales que incluyen transcripciones de escuchas telefónicas como parte de una serie de investigaciones que comienzan en 2009 contra el crimen organizado chino en España.

Las autoridades españolas han dicho públicamente que sospechan que estos grupos trasladaron desde España a China hasta 1.200 millones de euros (1.400 millones de dólares) entre 2009 y finales de 2012.

Las escuchas telefónicas y las conclusiones de las investigaciones policiales llevaron a los investigadores españoles a las puertas del Banco Industrial y Comercial de China, ICBC, el mayor banco del mundo por activos. En la mañana del 17 de febrero del año pasado, decenas de policías entraron en la sucursal de Madrid y arrestaron a Wang Jing y a otros cuatro altos directivos. Otros dos ejecutivos fueron arrestados después del registro.

En un comunicado distribuido en mayo del año pasado, los fiscales españoles dijeron que el gigante prestamista estatal era un vehículo para blanquear decenas de millones de euros en fondos ilegales procedentes del fraude fiscal y el contrabando de «organizaciones criminales de ciudadanos chinos».

Las sumas blanqueadas eran de tal magnitud que los fiscales dijeron que «resulta evidente el daño para el orden socio económico y la propia economía nacional».

Pero, más allá de las noticias de los arrestos y un resumen de las acusaciones, poca información sobre el caso se ha hecho pública.

Miles de páginas de presentaciones confidenciales de casos revisadas por Reuters y entrevistas con investigadores y exempleados de ICBC proporcionan la primera versión detallada de la supuesta red y muestran que la investigación llega a altas instancias de la operativa europea del banco estatal. La investigación ha alarmado tanto a Pekín, que el máximo funcionario chino en Madrid ha presionado públicamente a los funcionarios españoles para que concluyan la investigación, advirtiendo de que si no lo hacían, las relaciones económicas bilaterales se verían dañadas.

Documentos falsificados

En el núcleo del caso ICBC están la relación entre el banco y un grupo de clientes de la próspera comunidad empresarial china de España. Se alega que estos clientes han acumulado montañas de dinero en efectivo, en gran parte evitando aduanas e impuestos sobre la venta de bienes de consumo importados de China. No podían gastarlo ni depositarlo en España sin levantar sospechas, por lo que optaron por enviarlo a cuentas bancarias en su país.

Las transcripciones del proceso muestran cómo ICBC supuestamente les ayudaba a hacerlo: Los banqueros aceptaban documentos falsificados para ocultar la fuente de los fondos, no reportaban transacciones sospechosas e incluso informaron a los grupos de contrabando de las inspecciones en el banco, dijo la policía en los documentos presentados por los tribunales.

Según ha podido saber Reuters, funcionarios de Justicia en España se están preparando para ampliar su investigación. Los fiscales planean pedir al juez encargado del caso que convoque por primera vez al consejo de administración europeo de ICBC con sede en Luxemburgo para ser interrogado, según dos funcionarios españoles que participan en la investigación. La filial luxemburguesa de ICBC posee la licencia bancaria de la Unión Europea y es responsable de supervisar la sucursal de Madrid.

Un portavoz de ICBC en Europa, Sun Feng, dijo que el expediente fue declarado secreto por el tribunal y que por ese motivo no podían hacer comentarios. Añadió que ICBC era una «empresa respetuosa de la ley» y había cooperado con las autoridades españolas.

«La filial de ICBC en España ha insistido en que opera en conformidad con la ley y las regulaciones y ha fortalecido de manera continua el control interno de la lucha contra el lavado de dinero», dijo Sun en una respuesta por escrito a las preguntas planteadas de cara a la elaboración de este artículo. «La filial de ICBC en España ha estado siempre cooperando activamente con la autoridad judicial de la investigación.»

Reuters ha hablado por teléfono con cinco de los empleados arrestados de ICBC y envió preguntas a los siete y a sus abogados. Todos menos Wang Jing, que comentó muy brevemente, se negaron a hablar sobre el caso.

«Dentro del banco, soy lo más bajo», dijo Wang Jing, quien se negó a hablar de su conversación telefónica con Xu Kai. Wang remitió todas las preguntas a ICBC. Xu Kai, que fue arrestada y liberada bajo fianza a finales de 2012, huyó a China. No pudo ser localizada para hacer comentarios.

Vigilancia policial

Las declaraciones de los tribunales y las transcripciones de escuchas revisadas por Reuters muestran que en los ocho meses posteriores a la apertura del ICBC en Madrid en enero de 2011, su personal estaba ofreciendo operativa de transferencias de dinero a personas bajo vigilancia policial. Estas transferencias a China representaron pronto un 95 por ciento del negocio de la sucursal de Madrid, según un funcionario judicial español.

Las transcripciones recogen al menos 30 conversaciones de ejecutivos de ICBC con seis líderes de redes chinas en España, que la policía cree que estaban buscando nuevas vías para lavar dinero. Entre ellas se incluyeron conversaciones en las que el personal de ICBC trataba sobre cómo evitar la detección cuando se trasladaba dinero a China. En ocasiones, el personal advirtió de transferencias que podrían llamar la atención.

Tras escuchar el 8 de agosto de 2012 una conversación telefónica en la que Wang Jing advertía a Xu Kai, la policía concluyó como consecuencia de una serie de escuchas telefónicas que Wang, «desde su posición privilegiada como empleada del Banco ICBC, no sólo sería conocedora de las actividades» de los sospechosos de lavado de dinero, sino que también estaría «colaborando de un modo más activo» con ellos. La policía señaló el consejo que le dio a Xu sobre «cómo ha de realizar las transferencias o de que ha de controlar a la gente con la que trabaja».

Las transcripciones de las escuchas telefónicas también documentan conversaciones entre sospechosos de lavado de dinero chino en España y altos ejecutivos de ICBC en China.

Los funcionarios involucrados en la investigación hablaron con Reuters bajo la condición de anonimato porque la investigación está en curso y la Corte Suprema de España ha establecido el secreto de sumario.

Entre 2011 y 2013, dijeron los funcionarios, la sucursal del ICBC en Madrid transfirió unos 225 millones de euros a China, la mayor parte llevada a cabo por redes criminales sospechosas. Estas redes también enviaron fondos a través de empresas de transferencia de dinero en España y mediante el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo por carretera a otros países europeos desde los que era transferido a China.

El año pasado, la policía arrestó a siete ejecutivos de ICBC en Madrid, entre ellos el director de la filial, Liu Wei, y el director general de la división europea de ICBC, Liu Gang, apoyándose en las pruebas de las escuchas telefónicas. Las autoridades acusaron al banco de blanquear dinero para varias redes criminales en España tratando de ocultarlo.

Los siete empleados que son sospechosos en el caso de lavado de dinero están en libertad bajo fianza. Todos ellos tienen sus pasaportes confiscados y están en espera de nuevas citas judiciales en España, según un portavoz del Tribunal Superior.

Licencia bancaria

Por ahora, ninguno de los sospechosos ha sido acusado formalmente. Según la legislación española, una persona es considerada sospechosa en una investigación por un delito en particular -y puede ser detenida por un período de hasta cuatro años- hasta que un juez de instrucción decida si presentará cargos.

Si fuesen condenados por lavado de dinero, los banqueros podrían ser encarcelados por hasta seis años. Si el banco es considerado cómplice, podría incurrir en una multa importante. En caso de juicio, el banco tendría que soportar la publicitación de sus presuntos vínculos con redes criminales sospechosas en España y China.

Pero el mayor peligro para el ICBC es que su licencia bancaria europea podría llegar a ser retirada. Varias personas con conocimiento directo del caso, dijeron a Reuters que a ICBC le preocupa que la investigación pueda afectar a su sede europea en Luxemburgo. Estas inquietudes incluyen el riesgo de que el supervisor financiero de Luxemburgo pida al Banco Central Europeo que retire la licencia bancaria de ICBC si el supervisor cree que hay pruebas suficientes de que el banco no cumplió con las disposiciones obligatorias contra el blanqueo de dinero, dijeron las fuentes.

El ICBC es un buque insignia en la ambición de China de convertirse en un gigante bancario global. A instancias del gobernante Partido Comunista, este y otros bancos estatales chinos se han expandido agresivamente hacia mercados exteriores.

Para ICBC y los otros gigantes, las acusaciones de lavado de dinero podrían obstaculizar sus planes de expansión. En Italia, el estatal Banco de China fue multado este año por su participación en un caso separado de lavado de dinero. El banco dijo que había reforzado sus controles internos y que el acuerdo para pagar el importe y cerrar el caso «no implica ninguna admisión de culpabilidad».

Para los países europeos, mientras tanto, las investigaciones plantean el riesgo de un conflicto diplomático con Pekín que podría afectar las relaciones comerciales con la segunda economía más grande del mundo. Un portavoz de la Unidad de Delitos Graves de la Guardia Civil española dijo que la policía estaba trabajando con autoridades «en muchos otros países», sin dar más detalles.

Operación sombra

En los registros de la policía el año pasado en la sucursal de ICBC, en el marco de la denominada «Operación Sombra», los agentes recorrieron el edificio de color limón en el Paseo de Recoletos, un amplio bulevar arbolado en el centro de Madrid repleto de galerías de arte, museos y palacios. A todo el personal se le ordenó no tocar sus teléfonos ni computadoras, dijeron exempleados de ICBC.

En el resumen de las acusaciones contra el ICBC revelado el pasado mes de mayo, la fiscalía anticorrupción española dijo que los presuntos delincuentes llevaban miles de euros en efectivo a la sucursal del banco, dentro de mochilas y cajas.

Según el resumen, ICBC dividía los fondos transferidos a China entre varias cuentas para asegurarse de que no excedieran el límite de 50.000 euros por encima del cual habría tenido que declararse a las autoridades. El banco, agregaba el documento, no informó de ninguna transacción sospechosa según lo exigido por la legislación española en relación con 78 de sus clientes. Los documentos de los tribunales muestran que muchos de estos clientes estaban siendo investigados por sospechas de estar involucrados en diversos delitos, incluyendo lavado de dinero, fraude fiscal, soborno, extorsión, falsificación y contrabando.

De acuerdo con los documentos confidenciales del proceso, los miembros de estas organizaciones criminales sospechosas usaron documentos falsos como pasaportes falsificados para abrir cuentas en la sucursal de Madrid del ICBC. Los empleados de ICBC son sospechosos de aceptar facturas falsificadas para justificar el origen del dinero transferido a China, según documentos de la policía.

Si los sospechosos del banco y la supuesta red de contrabando van a juicio, es posible que algunos nieguen haber participado en las conversaciones pinchadas. También podrían rebatir las conclusiones que las autoridades han extraído de las grabaciones.

Choque diplomático

Los arrestos del ICBC supusieron un conflicto diplomático entre bastidores en la primavera de 2016, según altos funcionarios españoles.

China estaba particularmente indignada por el mediático registro realizado en la sede madrileña y por las amplias informaciones en la prensa nacional que vinculaban los arrestos con la «mafia china», según Javier Serra Guevara, que era el principal agregado comercial de España en Pekín en el momento de la incursión. «Intentamos explicarles que el gobierno de España no controla los medios de comunicación», dijo.

Tras el registro, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció que había pedido a España que protegiera los «derechos e intereses» de las empresas y ciudadanos chinos.

El embajador de China en España fue más incisivo en una conferencia sobre inversiones este marzo. «Ha pasado más de un año desde que se ha presentado el caso», dijo Lv Fan en Madrid. «Esto ha socavado la confianza de los empresarios chinos y la inversión aquí, y también del gobierno. Una solución a tiempo contribuirá a devolverles esta confianza y que la cooperación entre los dos países vuelva a la normalidad».

La embajada china no respondió a las preguntas de Reuters.

El exministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, negó que hubiera habido una crisis diplomática con China sobre el caso. «Ni hubo presión, ni la hubiéramos tolerado. Las aguas se encauzaron desde el punto de vista mediático y fin de historia», explicó terminando abruptamente la entrevista.

España ha sido el hogar de una próspera comunidad china durante décadas. Residentes establecidos y una afluencia constante de nuevos inmigrantes, muchos del condado de Qingtian en la provincia china de Zhejiang, descubrieron que la crisis financiera global proporcionaba una oportunidad ideal para expandirse. Sus productos eran baratos y las empresas españolas luchaban por la supervivencia.

Los productos fabricados en China inundaron España. Las importaciones procedentes del país pasaron de 4.700 millones de euros en 2000 a 18.900 millones en 2010, según el Ministerio de Economía.

Operación Emperador

Una muestra de esta expansión fue la aparición de un gran polígono industrial llamado Cobo Calleja en las afueras del sur de Madrid. El emplazamiento se convirtió en uno de los mayores centros de comercio de productos chinos en toda Europa. El denso complejo de almacenes y puntos de venta al por mayor vende una gran variedad de productos a granel – desde lápiz de labios hasta compresores industriales, zapatos de ballet, sombreros de fiesta, cacerolas o banderas nacionales -.

Muchos de los importadores sólo declaraban una fracción del valor de cada contenedor que importaban, sabiendo que los fiscales y las aduanas no podían inspeccionar todos los contenedores que llegaban a Europa, según un alto funcionario español. Sin embargo, una vez que los importadores vendían los productos no declarados, debían ocultar los ingresos a las autoridades fiscales españolas.

Así, alega el funcionario de la fiscalía española, redes de comerciantes se convirtieron en bandas de delincuentes al involucrarse sistemáticamente en evasión de impuestos, contrabando y lavado de dinero para ocultarlo y sacarlo en dirección a China.

Las transcripciones de las conversaciones escuchadas son explícitas sobre el contrabando. En una llamada telefónica, Zhou Jianjun, un policía sospechoso de liderar una red de lavado de dinero en España, discute el comercio ilícito de mercancías con un socio nombrado en los documentos judiciales como presunto jefe criminal en China.

«Si Colombia es conocida por las drogas, los países africanos por el conflicto, bueno, China es conocida por el contrabando», decía Zhou.

Zhou fue arrestado en octubre de 2012 y luego puesto en libertad bajo fianza. Su abogado dijo que su cliente no quería hablar con Reuters sobre el caso.

Un poco más de dos meses después de su conversación con el banquero Wang Jing en agosto de 2012, Xu Kai fue arrestada en relación con una investigación con el nombre en clave de «Operación Emperador», una amplia operación contra el crimen organizado chino. El esposo de Xu, Wang Feng, también fue arrestado. La policía encontró 34.530 euros en efectivo cuando registró la casa de la pareja, según un informe policial sobre el registro.

Códigos secretos

La mayoría de las llamadas interceptadas que involucraban al personal de ICBC eran con Xu Kai y Wang Feng. El matrimonio dirigió un grupo «dedicado al envío masivo de dinero desde nuestro país a China», de acuerdo con las órdenes de arresto. En conversaciones con el personal del banco, la policía dice en los archivos de la corte, la pareja usó códigos secretos. El dinero era denominado «mercancía» y aludían a una suma de 10.000 euros con el término «unidad».

Xu y Wang huyeron de España después de ser puestos en libertad bajo fianza en noviembre de 2012, dijeron los investigadores. Se han emitido órdenes internacionales de arresto. Se enfrentan a denuncias de lavado de dinero, fraude fiscal, falsificación y pertenencia a una organización delictiva.

Reuters no pudo contactar con Xu y Wang que, según las autoridades españolas, están de vuelta en China. Un exabogado de Wang dijo que no tenía detalles de contacto para él.

Liu Gang, ex director general de la división europea del ICBC, fue detenido dos días después del registro de 2016 en el banco cuando viajó a Madrid desde Luxemburgo para asistir a sus subordinados, dijeron investigadores a Reuters. En 2012, Liu había sido nombrado uno de los 10 ejecutivos de negocios chinos más influyentes en España por el diario de negocios líder del país.

Liu, que fue puesto en libertad bajo fianza en abril del año pasado, no respondió a las preguntas enviadas a él y a sus abogados.

Contactado por teléfono, el director de la filial de Madrid Liu Wei dijo que estaba ocupado en una reunión y colgó.

Los archivos de la corte muestran que la dirección de ICBC en España sabía que la policía estaba llevando a cabo una investigación más de tres años antes del registro de 2016. Como parte de la Operación Emperador, el Tribunal Supremo de España autorizó a la policía en noviembre de 2012 a investigar el banco en relación con las pruebas recogidas en las escuchas telefónicas.

Transferencias

El juez Fernando Andreu ordenó a ICBC congelar inmediatamente todos los activos financieros vinculados a las personas bajo investigación, cancelar todas las transferencias pendientes y proporcionar información sobre estos clientes a los investigadores.

ICBC cumplió con partes de la orden, según muestran los archivos de la corte. Rápidamente liquidó los servicios de transferencia de dinero que proporcionaba a los grupos, dijeron investigadores y exempleados de ICBC.

Pero los fiscales dijeron en el resumen de las acusaciones publicadas en mayo del año pasado que ICBC no había cumplido con las órdenes judiciales en relación a la información sobre clientes bajo sospecha. También dijeron que el banco había obstruido deliberadamente la investigación proporcionando información engañosa sobre sus clientes, sus facturas y las cuentas bajo investigación.

Después de que los fiscales emitieran las acusaciones, el presidente de ICBC Europe, Chen Fei, dijo en un comunicado a los medios de comunicación que no había juicio ni veredicto en el caso, por lo que «no deberían hacerse referencias a la culpabilidad del banco».

Mucho antes de que ICBC estuviera bajo sospecha, los grupos de contrabando ya estaban presuntamente usando otras instituciones financieras para blanquear efectivo no declarado.

La unidad española de inteligencia financiera para prevenir el blanqueo, Sepblac, dijo que detectó flujos de cantidades inusualmente altas a China en 2009, principalmente a través de compañías de transferencia de efectivo. La institución sancionó a dos empresas de transferencia de dinero por cablear cientos de millones de euros a China sin seguir procedimientos de autenticación apropiados, según los informes de Sepblac.

Al bloquear las empresas de transferencia de dinero, Sepblac había desplazado involuntariamente las redes criminales hacia el ICBC. «Enfocábamos toda (la actividad) al único sitio donde podía ir, que es al banco chino, ICBC», dijo un ex funcionario de Sepblac.

Asumiendo un riesgo

En enero de 2011, la sucursal de Madrid del ICBC abrió sus puertas en las profundidades de la crisis financiera. En la inauguración, el presidente del ICBC, Jiang Jianqing, miembro suplente del poderoso Comité Central del Partido Comunista, organizó un banquete en Madrid. Los funcionarios locales elogiaron la inversión como una demostración de confianza en España.

Tres antiguos empleados de ICBC en España dijeron a Reuters que la sucursal era caótica cuando se inauguró. Muchos de los empleados no estaban preparados para trabajar en un país extranjero, dijeron, incapaces de realizar evaluaciones básicas de riesgo o leer un balance. Añadieron que los controles del lavado de dinero eran laxos.

Un exempleado renunció ante la frustración por lo que consideraba como falta de atención prestada por los jefes de la sucursal a la prevención del lavado de dinero. El exempleado dijo que los negocios del banco eran especialmente vulnerables porque los clientes – casi todos chinos – utilizaban principalmente efectivo. Los jefes del empleado le habían dicho que no podían exigir una «declaración exhaustiva» de sus clientes chinos acerca del origen de los fondos porque los chinos trabajaban de manera diferente a los europeos y no estaban acostumbrados a eso.

El incumplimiento de estas prácticas bancarias estándar enervó a algunos empleados. «Yo sentía que estaba asumiendo un riesgo y no tenía el apoyo suficiente por parte de la dirección para realizar adecuadamente mi trabajo», dijo el exempleado.

A medida que el personal de ICBC se trasladaba a su nueva sucursal, los sospechosos de grupos criminales chinos en España buscaban nuevas vías para lavar dinero, según las transcripciones de las escuchas telefónicas y los funcionarios españoles de seguridad financiera.

Los miembros de estos grupos sospechosos de delinquir mostraban confianza en que podían salvar cualquier obstáculo para mover dinero en efectivo. En septiembre de 2011, un empleado no identificado de una sucursal del ICBC en China dijo a Yang Yongjun, sospechoso de pertenecer a una de las redes de delincuencia, que las nuevas reglas bancarias internas significaban que las transferencias de dinero debían ir acompañadas de documentos aduaneros.

«Todo se puede comprar con dinero», explicaba Yang. «Los albaranes no son un problema».

Reuters no pudo contactar con Yang, que estaba en China cuando las autoridades españolas emitieron una orden de arresto en octubre de 2012.

Dinero en el depósito

La policía alega que los contrabandistas usaron múltiples canales para mover su dinero. A finales de 2011, la policía española apostada en torno a la casa de Zhang Jianren, un hombre de negocios chino en Madrid, observó cómo un Volkswagen Golf gris con placas de matrícula italianas se detuvo y se estacionó en el garaje, según un informe presentado por investigadores. Meses antes, habían visto el mismo coche en esta dirección.

Esta vez, una cámara de vigilancia secretamente instalada por la policía dentro del garaje mostró que el conductor del Golf, su pasajero y el empresario pasaban más de 40 minutos recogiendo objetos de un par de maletas y cargándolos en la parte trasera del coche. Cuando salió el Golf, dos policías lo siguieron en la autopista R-5 de Madrid. En un peaje, a unos 20 kilómetros al suroeste de la ciudad, pararon al coche.

Un registro rápido desveló que los dos ocupantes, Zhan Fengyuan y Zhan Jing, llevaban 2.770 euros en efectivo, según el informe. Los hermanos, ambos nacidos en la provincia china de Zhejiang y con documentos de identidad italianos, se negaron a contestar preguntas sobre el dinero, diciendo solamente que iban a Portugal.

Pero había señales de que el vehículo había sido manipulado. El Golf había sido adaptado para permitir el acceso al depósito de gasolina desde debajo de los asientos traseros. Después de más de tres horas de búsqueda en el vehículo, la policía recuperó otros 1.254.020 euros en efectivo, envueltos en bolsas de plástico que flotaban en el depósito.

Un abogado en España que representó a los hermanos hasta 2015 dijo que no se habían presentado cargos criminales contra ellos. En 2012 se emitió una orden para la detención de Zhang Jianren, pero ya estaba en China. Reuters no pudo contactarlo.

Las conversaciones interceptadas entre miembros de las redes criminales sospechosas sugieren que ICBC fue más receptiva que los bancos locales después de que España endureciese las reglas de lavado de dinero en 2010.

«A muchos empresarios llevando las facturas a los bancos españoles no les hacen esas transferencias, sin embargo los de ICBC sí se le hace siempre que tengan relación (con el banco)», dijo Zhou Jianjun, la figura principal de una red supervisada por la policía, a un socio en una llamada en abril 22 de 2012.

«Me encuentro con personas de allí (ICBC) siempre que quiera», respondió Liu Cong, el socio. Liu, arrestado y liberado bajo fianza a finales de 2012, no respondió a las preguntas enviadas por Reuters a su casa en las afueras de Madrid.

Sin embargo, el personal de ICBC parecía nervioso por la posibilidad de atraer la atención de las autoridades españolas. En una llamada el 18 de mayo de 2012, el banquero de Madrid Wang Jing advirtió al marido de Xu Kai, Wang Feng, acerca de una inspección en la sucursal la semana siguiente. Wang Jing dijo que estaba indicando a clientes de ICBC que tendrían que congelar todas las transferencias a China hasta después de la inspección, de acuerdo con transcripciones de las escuchas telefónicas.

Hacia fines de 2015, pocos meses antes del registro, la preocupación en ICBC era alta, dijeron dos exempleados a Reuters. Alrededor de esa época, dijeron, la dirección general de ICBC en España ordenó a Wang Jing revisar todos los registros de clientes y transacciones de las ramas de Madrid y Barcelona para «limpiarlos» y corregir cualquier irregularidad. Wang, decían, trabajó de las 8.30 de la mañana a las 10 de la noche, todos los días durante varias semanas, recopilando y ordenando archivos.