Alcanzar el nuevo objetivo de gasto en defensa de la OTAN, equivalente al 3,5% del PIB, incrementará los déficits presupuestarios y la deuda pública en toda la Unión Europea, debilitando los perfiles crediticios soberanos a menos que los gobiernos consideren una combinación de recortes de gasto, aumentos de impuestos y financiación conjunta de la defensa.
Los países miembros de la OTAN en la UE deberán destinar, en promedio, un 1,3% adicional del PIB al año para cumplir con el nuevo objetivo, lo que elevaría el gasto anual en defensa a más de 600.000 millones de dólares (frente a los aproximadamente 360.000 millones actuales). El objetivo ampliado de gasto del 5% incluye un 1,5% del PIB destinado a infraestructura, redes e industria relacionadas con la defensa.
Impacto desigual
No obstante, el impacto presupuestario en relación con los ingresos varía significativamente entre países. Alemania ha destinado hasta ahora alrededor del 10,5% de su presupuesto (1,2% del PIB) al gasto militar. Para alcanzar el anterior objetivo del 2% del PIB, el gobierno recurrió a un fondo especial de defensa de 100.000 millones de euros aprobado en 2022. Tras la reforma constitucional del freno a la deuda en marzo de 2025, el gobierno podrá financiar un mayor gasto en defensa mediante una emisión adicional de deuda. Sin una reasignación significativa del presupuesto, esto implicaría un endeudamiento adicional de más de 100.000 millones de euros por año.
Si Alemania decidiera financiar este gasto sin emitir nueva deuda, enfrentaría el mayor impacto presupuestario entre los principales países europeos, equivalente al 17% de los ingresos del gobierno central. Esta cifra es considerablemente más alta que la de Francia (8%), Italia (7%) o Reino Unido (3%). Sin la exclusión voluntaria acordada del objetivo de mayor gasto, España habría tenido el segundo mayor impacto presupuestario, alrededor del 11,4% de sus ingresos centrales. Asimismo, Bélgica, con un presupuesto militar relativamente bajo, también ha solicitado mayor flexibilidad para cumplir con el nuevo objetivo, ya que enfrentaría un impacto cercano al 8,7%.
En términos absolutos, el déficit de gasto en defensa de Alemania sigue siendo el mayor, rondando los 106.000 millones de dólares anuales una vez agotado el fondo especial de defensa, más del doble que Italia (46.000 millones), Francia (45.000 millones), Reino Unido (41.000 millones) y España (37.000 millones).
Varios países ya enfrentan dificultades para reducir sus déficits por debajo del 3% del PIB, conforme a las normas fiscales de la UE. No obstante, una mayor flexibilidad en estas reglas reduce la probabilidad de que más países enfrenten procedimientos por déficit excesivo (EDP) como consecuencia del aumento del gasto en defensa.
Aun así, esta carga presupuestaria adicional dificultará aún más los esfuerzos de consolidación fiscal en países ya sometidos a un EDP, como Francia, Bélgica e Italia. En contraste, Alemania es uno de los pocos Estados miembros con capacidad fiscal para absorber este aumento en el gasto, junto con países que ya alcanzan, o están cerca de alcanzar, el objetivo revisado (Grecia, Polonia y los Estados bálticos) y/o aquellos con mayor margen fiscal, como Portugal y los países con calificación AAA.
El gobierno alemán prevé aumentar el gasto total en defensa federal al 2,4% del PIB en 2025, con una subida gradual hasta el 3,5% en 2029. Para mantener este nivel de gasto en el largo plazo, serán necesarias reformas presupuestarias que estabilicen la trayectoria de la deuda pública. En el caso de Alemania, se prevé que la ratio deuda/PIB aumente del 63% en 2024 a poco más del 70% en 2030.
Gasto en defensa
Es importante destacar que estas previsiones de deuda se basan en diferentes ritmos de aumento del gasto en defensa. Se espera que los países de Europa Central y del Este aceleren sus esfuerzos inicialmente, mientras que los países del sur (como Portugal e Italia) y/o aquellos con fuertes restricciones fiscales (como Bélgica y Francia) probablemente adopten un enfoque más gradual. La decisión de España de desvincularse del nuevo compromiso de la OTAN refleja estas divergencias en la percepción de amenazas.
Desde la perspectiva de calificación crediticia, la evaluación va más allá del cumplimiento de las reglas fiscales. Se analiza la posición fiscal general del país, incluyendo saldos presupuestarios, sostenibilidad de los pagos por intereses y la trayectoria de la deuda a medio plazo. El mayor gasto en defensa conllevará un aumento del endeudamiento y un deterioro de la ratio deuda/PIB en la mayoría de los países de la UE, debilitando así sus perfiles crediticios soberanos, a menos que se recorte el gasto en otras partidas o se incrementen los ingresos.
Dado el escaso margen fiscal en varios Estados miembros, la financiación de la defensa y la seguridad podría desplazarse hacia el nivel europeo. Una centralización de la financiación permitiría una solución más sostenible y coordinada, además de generar economías de escala en adquisiciones de defensa. Este paso representaría un avance político importante hacia una mayor integración europea.
En este contexto, la UE ha adoptado una regulación para establecer la iniciativa Security Action for Europe (SAFE), que proporcionará una línea de crédito adicional de 150.000 millones de euros a los Estados miembros. Financiado mediante deuda emitida por la UE, SAFE ofrecerá préstamos con potenciales ventajas en términos de menores costes financieros y plazos extendidos, con vencimientos de hasta 45 años y un período de gracia de 10 años para el reembolso del principal.
La implementación de este programa aumentará la emisión de bonos por parte de la UE (662.000 millones de euros hasta junio de 2025) y requerirá destinar una mayor parte del presupuesto europeo al pago de intereses, especialmente a partir del próximo marco financiero plurianual 2028-2035.
Otras iniciativas incluyen el Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIF), que podría otorgar hasta 1.500 millones de euros en subvenciones antes de finales de 2027, con el objetivo de mejorar la cooperación transfronteriza en adquisiciones, reforzar las cadenas de suministro del sector y ampliar capacidades de producción.
Entre las propuestas también figura la creación de un Banco Europeo de Rearme, inspirado en instituciones como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Este banco estaría financiado por una coalición de Estados, tanto miembros de la UE como de la OTAN, que aportarían capital inicial, permitiendo a la entidad apalancar recursos mediante la emisión de bonos. Podría conceder préstamos tanto a gobiernos para adquisiciones como a empresas del sector para ampliar su capacidad industrial.
Otra propuesta es la creación de un Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSR, por sus siglas en inglés), con el objetivo de apoyar adquisiciones conjuntas, la ampliación de la capacidad de fabricación y el almacenamiento estratégico entre aliados afines, incluyendo socios transatlánticos e indo-pacíficos.
Tribuna de Alvise Lennkh-Yunus, Eiko Sievert y Brian Marly, analistas del sector público y soberano de Scope Ratings.
Por Funds Society, Madrid
