La revisión de la normativa MiFID, la llamada MiFID II, ya ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y camina hacia su implementación. Tras su entrada en vigor, los estados miembros de la Unión Europa dispondrán de dos años para su trasposición a las normativas nacionales, de forma que su aplicación práctica no llegará hasta finales de 2016.
Aunque aún quedan más de dos años para ello, el supervisor de mercados en España, la CNMV, ya cuenta con utilizar las herramientas que la normativa propicia, para «facilitar, en el corto plazo, la tarea de los supervisores europeos al dotarnos de instrumentos de investigación y de sanción más adecuados para perseguir las actuaciones abusivas”, según indicó la presidenta del organismo, en el marco de la presentación de la memoria anual de la institución, correspondiente a 2013, en el Congreso de los Diputados.
Para mejorar los procesos de supervisión, tanto de los mercados y emisores como de las normas de conducta de los intermediarios financieros, la CNMV pretende hacer uso de nuevos instrumentos de investigación, y en su comparecencia citó dos: en primer lugar, “la posibilidad de acceso a los registros telefónicos de compañías operadoras” y, en segundo término, “la potestad que concede MiFID II a los supervisores para prohibir o restringir la comercialización de determinados productos financieros cuando no los considere adecuados para los inversores minoristas”. Es decir, que pretende utilizar ese poder de restricción a la comercialización de productos no adecuados para los inversores particulares. Son medidas que se utilizarían a partir de 2017, cuando la normativa MiFID II ya esté en vigor.
En un reciente comunicado a ESMA indicando que apoya sus directrices para MiFID II, la CNMV ya había lanzado la petición a las entidades de que no recomienden ni comercialicen productos complejos que no beneficien al cliente.
Supervisión preventiva en fondos
En lo que respecta a la supervisión en el ámbito de los servicios de inversión y de las instituciones de inversión colectiva, Rodríguez indicó que el organismo ha optado por una visión preventiva. En relación con las Instituciones de Inversión Colectiva (fondos y sicavs), destacó las iniciativas desarrolladas en relación con los fondos de inversión con objetivo concreto de rentabilidad no garantizada –muy populares en España en detrimento de las fórmulas garantizadas tras la reducción de tipos en los activos de deuda-. “La finalidad de estas iniciativas ha sido asegurarnos de que los inversores no confundiesen estas Instituciones de Inversión Colectiva con fondos garantizados, para lo cual hemos aumentado la transparencia en este tipo de operaciones”, explicó.
La presidenta también recordó el buen momento que vive el sector y que ha propiciado un incremento de ingresos de las entidades financieras por su comercialización. “Ha sido uno de los factores determinantes de la mejora de los ingresos de las entidades financieras en el ámbito de los servicios de inversión”, añadió.
Con respecto a la comercialización de productos de inversión entre clientes minoristas, explicó que han prestado y siguen prestando especial atención, sobre todo en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de evaluación del cliente y de información sobre el producto, así como reforzando los mecanismos de supervisión temprana.
Así, en el segundo semestre del año pasado, la CNMV inició la revisión del cumplimiento de las nuevas obligaciones legales de información contenidas en el artículo 79 bis de la LMV y desarrolladas por la Circular 3/2013 de la CNMV, en relación con la evaluación de la conveniencia e idoneidad de los instrumentos financieros. La norma establece nuevas obligaciones con respecto a la información que debe facilitarse a los clientes sobre el resultado de la evaluación de la conveniencia y la idoneidad y al manuscrito que los clientes deben firmar en determinados supuestos como el de evaluación no conveniente. También exige un registro de clientes evaluados y de productos no adecuados.
Mayor autonomía
Como en ocasiones anteriores, la presidenta de la CNMV aprovechó su comparecencia para reclamar una reforma normativa que otorgue una mayor autonomía y capacidad supervisora a la institución para el adecuado cumplimiento de sus funciones. No obstante, reconoció que ya se ha iniciado la tramitación parlamentaria de una nueva ley de tasas de la CNMV, pero todavía está pendiente «una reforma normativa de carácter estructural que dote a la institución de suficiente flexibilidad y de las herramientas necesarias para cumplir con su cometido supervisor con la máxima eficacia en un contexto enormemente cambiante y dinámico».
Rodríguez afirmó que «el primer paso ya se ha dado», pues el Gobierno ha incluido en su programa nacional de reformas la modificación del marco legal aplicable a la CNMV. «Me parece especialmente oportuno la decisión de clasificar esta reforma en aquellas destinadas a fomentar el crecimiento y la competitividad actual y futura».
Acelerar las reclamaciones
Con respecto a las reclamaciones, indicó que ha acelerado el ritmo de resolución. “Con respecto a 2012, en 2013 se ha aumentado en un 87% el número de reclamaciones tramitadas y ha descendido en un 43% el número de las que se hallaban en trámite al cierre del ejercicio”, explicó en su comparecencia.
Por Alicia Miguel Serrano
Por Funds Society, Madrid
