El Gobierno español y las gestoras de pensiones están decididos a dar un impulso a la transparencia de cara a la jubilación con el objetivo de concienciar sobre los problemas futuros y fomentar un sistema de ahorro mixto que no dependa solo de las prestaciones públicas y que permita a los ciudadanos afrontar mejor la última etapa de su vida, desde el punto de vista financiero.
A la batería de medidas aprobadas el pasado mes de agosto y que modifican el reglamento de fondos y planes de pensiones y de seguros colectivos, se une el reciente proyecto para aumentar la liquidez de los planes de pensiones –incluido en la reforma de la ley del IRPF, ya aprobada en Consejo de Ministros– y antes de final de año se espera la aprobación del reglamento que obligará tanto a la Seguridad Social como a los proveedores de productos de cara a la jubilación ofrecer al ciudadano información postal anual con la estimación de la pensión (tanto pública como derivada de los sistemas complementarios) que recibirán en el futuro. Por eso, las gestoras de pensiones han de estar atentas a los detalles.
Esta última normativa es la única que está pendiente de aprobación y podría sufrir algunas modificaciones con respecto a las ideas iniciales. Así, frente a la idea inicial de ofrecer información anual, vía postal, a los ciudadanos mayores de 50 años, el Estado se está planteando extender esa información, rebajando esa edad para ampliar esa información a colectivos más jóvenes y permitir la toma de decisiones lo más tempranas posibles, según explicó la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, María Eugenia Martín Mendizábal, en la IV Jornada sobre Pensiones, organizada por BBVA en Madrid. “Esta información sobre la pensión futura marcará un antes y un después”, apuntó David Carrasco, director del Instituto BBVA de Pensiones.
“En la UE, la información se envía con periodicidad anual y vía postal a colectivos por encima de 45 a 55 años, por lo que la intención es rebajar la edad a partir de la cual se ofrecerá la información”, explicó la experta. Aunque no dio detalles del proyecto, algunas fuentes del sector indican que esa edad podría estar sujeta a un periodo transitorio: la ley obligaría a ofrecer información de la pensión estimada (tanto pública como privada) a los ciudadanos de más de 50 años ya en 2014, pero en 2017 esa edad podría rebajarse a los 40 años y, en 2019, la obligación podría extenderse a informar a todos los ciudadanos con un mínimo de cinco años cotizados. Aunque esas obligaciones podrían tratarse en desarrollos posteriores del reglamento, también se baraja la posibilidad de que ese periodo transitorio ya se recoja en un primer texto.
¿Qué tendrán que hacer las gestoras?
La información que se dará a los ciudadanos, vía postal y con periodicidad anual, vendrá tanto por parte de la Seguridad Social como de los sistemas privados complementarios, en principio de forma separada pero simultánea en el tiempo y con criterios homogéneos.
Por un lado, la Seguridad Social ofrecerá datos sobre la edad de acceso a la jubilación ordinaria, y la fecha, y sobre la pensión prevista que se obtendrá en la jubilación, teniendo en cuenta los periodos de cotización y la vida laboral -considerando como hipótesis la estabilidad en esa vida laboral y una trayectoria con ciertos incrementos en los salarios cuyos detalles están por confirmar-. La información sobre la pensión estimada a recibir se ofrecerá tanto en términos mensuales como anuales y la cuantía también se podrá ver en dos formatos: en forma de capital y en forma de rentas vitalicias.
Por otro lado, las gestoras y aseguradoras (así como otros proveedores de productos destinados a la jubilación) tendrán que ofrecer información -de forma armonizada con la Seguridad Social y simultánea en el tiempo- sobre la cuantía procedente de los sistemas de ahorro privados para la jubilación, en caso de existir (planes de pensiones, seguros, etc). En este punto, aún están pendientes de trascender los detalles sobre la forma en que se harán los cálculos de las prestaciones futuras, aunque en los borradores del reglamento se ha hablado de considerar como rentabilidad la media móvil de la deuda pública española a 10 años. Con todo, algunas fuentes del sector indican que se ha abierto un periodo de reflexión sobre este tema, que estaría retrasando la aprobación del reglamento. Y, en cualquier caso, a los resultados finales (tanto en la pensión pública como privada) habría que descontar el efecto de la inflación, la prevista según las estimaciones del BCE (de en torno al 2%).
El reglamento se esperaba para este mes pero habrá retrasos hasta que se determinen todos los detalles. Aunque la idea es que se apruebe durante lo que queda de año, pues en principio se quería empezar a implementar con información relativa al año 2013, algunos expertos señalan que, de retrasarse, la información referente al año pasado podría no resultar ya obligatoria y el primer año con respecto al que las gestoras y la Seguridad Social tendrían que mandar información sería 2014. La fecha tope para hacerlo sería mayo de 2015.
Información también disponible vía web
Aunque la información enviada por vía postal se limitará a ciertas edades (al menos en un principio, hasta que en 2019 se haga más amplia), la idea es poner a disposición del ciudadano herramientas digitales de forma que todo el mundo pueda obtener, de forma proactiva, esa información.
En este sentido, la Seguridad Social ha lanzado un apartado en su web que ya permite acceder a datos como los años cotizados o la edad estimada de jubilación y en los próximos meses desarrollará un simulador de jubilación para calcular las pensiones públicas futuras. “Con el nuevo entorno tecnológico y el suministro de información vía postal se está mejorando la transparencia”, según Martín, que explica que actualmente los ciudadanos pueden solicitar información en las oficinas de la Seguridad Social sobre su pensión pública futura pero solo si están próximos a la edad de jubilación. “Hay una gran desinformación en la materia –solo un 35% tiene información suficiente sobre su futura pensión y el 39% lo desconoce, y más del 50% de los ciudadanos está intersado en saber la fecha y el importe de su prestación de jubilación, según algunos estudios-“ y estas medidas ayudarán.
Las gestoras y entidades privadas también están lanzando simuladores sobre la pensión futura: Mercer o BBVA, con simuladores, y Aviva, que ha lanzado una nueva guía de pensiones, son algunos ejemplos de los esfuerzos de las entidades por aumentar el conocimiento entre los ciudadanos para que puedan tomar sus decisiones de ahorro e inversión cuanto antes.
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel Serrano