El Consejo de la Unión Europea (UE) ha actualizado la lista de países y territorios no cooperadores en asuntos fiscales. Se trata de una actualización que hace de forma periódica, y que tiene que ver con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
El objetivo del Consejo europeo es mantener actualizadas las listas de países, territorios o jurisdicciones de riesgo, e incluye a aquellos que no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre buen gobierno fiscal, o bien no han cumplido a tiempo su compromiso de introducir las reformas necesarias para respetar los criterios de la UE.
Tal y como recuerdan desde finReg360, hasta el momento, este listado estaba formado por: Samoa Americana, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y Vanuatu. Con la última revisión, a estos ocho territorios se han incluido cuatro más: Islas Caimán, Palaos, Panamá, y Seychelles.
“Estos países o territorios no han cumplido, en el plazo convenido, las reformas fiscales a las que se habían comprometido con la UE. De acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 304/2014, los sujetos obligados deben considerar a los paraísos fiscales como países de riesgo a efectos de PBCyFT. La lista actualizada no se ha publicado aún en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor el mismo día que se publique”, explican desde finReg360.
Revisión de criterios
En este sentido, la EBA (Autoridad Bancaria Europea, por sus siglas en inglés) ha puesto a consulta pública algunas de las directrices que orientan a las entidades financieras sobre los factores para evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y sobre la gradación de las medidas de diligencia debida. “Una vez aprobadas, estas directrices modificarán las aprobadas en este sentido en 2017”, matizan desde finReg360.
La consulta fue lanzada el 5 de febrero de este año y finalizará el 5 de mayo de este año. Entre los aspectos que se plantean también están los factores de riesgos que las entidades financieras deben evaluar, relativos a la prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT). Según explican desde finReg360, el objetivo de las nuevas directrices que se plantean pretenden “orientar sobre los factores que las entidades deben considerar para evaluar estos riesgos en sus relaciones de negocio y en las operaciones ocasionales de los clientes. Y establecer la forma en que las entidades pueden graduar las medidas de diligencia debida que aplican a los clientes, para que sean proporcionales a los riesgos identificados. Las directrices son relevantes en la medida en que aclaran cuáles son las expectativas supervisoras sobre los factores de riesgo de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo”.
Por Funds Society, Madrid