Durante los dos primeros años del gobierno de Cambiemos, la crítica constante al equipo económico que la mayor parte de los economistas hacían (entre lo que me incluyo) era la desincronización existente entre la política monetaria y la política fiscal.

Mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ensayaba una política contractiva, al menos desde el impulso de una tasa de interés real positiva de entre 5% a 7%, el Tesoro no acompañaba desde la evolución del gasto público. El desequilibrio fiscal no solo que no se mantuvo respecto la situación heredada sino que tendió a agrandarse, haciendo truncos los esfuerzos de la autoridad monetaria por controlar la inflación.

De esta manera, los datos inflacionarios alcanzados no deberían sorprender a nadie: tanto la meta de 2016 como la de 2017 fue sobrepasada con creces.

El 28 de diciembre último, cuando vimos sentados a Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Marcos Peña y Federico Sturzenegger en la misma mesa, uno podría haber tenido la esperanza de que eventualmente las partes se reunían para ahondar los esfuerzos de esa “sincronización” tan esperada. Sin embargo, la señal resultante fue, hasta ahora, más dañina para los problemas que veníamos arrastrando desde antes.

La decisión de aumentar la meta inflacionaria de 2018 al 15% e invitar amigablemente al Banco Central a disminuir su tasa de interés de referencia para no ahogar la recuperación económica ha traído más costos que beneficios.

Por un lado, no solamente el gobierno reconoció la inflación más alta a su meta, sino también que fogoneó un aumento de una de los insumos que más contribuyen a la suba generalizada del nivel de precios: las expectativas. Todos los estudios privados, incluido el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) del propio BCRA, ajustan sus proyecciones hacia la zona del 20%, es decir un 33% por encima de lo esperado por el gobierno.

En segundo lugar, se produjo una aceleración de la devaluación nominal del peso contra el dólar. Desde esa fecha hasta ahora, la divisa subió un 7,7%, pero si consideramos el valor al 1 de diciembre, el dólar trepó un 16,5%. Todos podemos coincidir que una suba del billete norteamericano era necesaria para una economía terriblemente cara en términos de dólares, pero la magnitud de la velocidad de ajuste no hace otra cosa más que adicionar presión alcista para la inflación. La historia indica eso y es muy difícil que esta vez sea la excepción.

En tercer lugar, creció la desconfianza del mundo con Argentina, principalmente de quienes son los encargados de financiar el tan promocionado régimen de gradualismo que adoptó el Gobierno para alcanzar el equilibrio en 2021. Muchos podrán aludir que el mundo es más desafiante para todos los países del globo por el reciente incremento de la tasa de interés en Estados Unidos, algo donde la Argentina no tiene poder de fuego ni capacidad de acción.

Sin embargo, las decisiones internas propias del Gobierno tendieron a ahondar ese problema. La prima de riesgo país, que muestra el sobrecosto de tasa de interés respecto el bono del Tesoro estadounidense que debe pagar un país por financiarse en los mercados globales de deuda, está determinada por dos factores fundamentales: las expectativas de devaluación y la capacidad de repago de la deuda por parte del emisor.

El contenido de la conferencia de prensa del 28 de diciembre contribuyó a aumentar las expectativas de devaluación, al tanto que tuvo un impacto en la percepción del respeto a la independencia de las instituciones por parte del Poder Ejecutivo.

Como consecuencia, el riesgo país de Argentina pasó de 349 puntos básicos el 28 de diciembre a 397 puntos en la actualidad. Esos casi 48 puntos básicos adicionales que parecen imperceptibles, son terriblemente costosos en términos financieros, sobre todo si consideramos la necesidad de financiamiento de US$ 30.000 millones prevista para este año y otros US$ 25.000 millones para el 2019 por parte del Tesoro.

En contraste, los beneficios de la decisión del 28/12 son apenas perceptibles. Por un lado, la autoridad monetaria sólo pudo rebajar 150 puntos básicos su tasa de referencia, algo que no tiene impacto sobre el nivel de actividad en lo inmediato (incluso esa herramienta se agotó por la ascendente presión inflacionaria). Y por el otro, la suba del dólar para descomprimir la falta de competitividad, amenaza con verse evaporada rápidamente por la dinámica actual de la inflación.

Si se trató de un nuevo error no forzado del gobierno, éste puede haber sido uno de los más costosos por su impacto en lo económico y su costo en lo social (caen las expectativas económicas de los individuos sobre una mejoría a futuro como consecuencia de la aceleración inflacionaria).

La lección de lo anterior debe ratificar algo que es difícil de entender para la clase dirigente: la solución de los problemas estructurales de la Argentina no se alcanzan mediante atajos, sino que el camino es el respeto de la institucionalidad, la disciplina económica y la coherencia a lo largo del tiempo.

Diego Martínez Burzaco es economista y director de MB Inversiones