Como resultado de las medidas gubernamentales para proteger a los consumidores y productores del impacto de las crisis globales y la alta inflación, el apoyo total a la agricultura alcanzó un récord, llegando a los 851.000 millones de dólares por año durante el período 2020-2022 en 54 países, según un estudio de la OCDE.  

Las medidas que más distorsionan el mercado, como los aranceles y los pagos basados ​​en la producción, representaron poco menos de la mitad de este apoyo público.

Como muestra la OCDE en su nuevo informe «Políticas Agrícolas: Monitoreo y Evaluación 2023», el apoyo a la agricultura es casi dos veces y media mayor que hace veinte años, incluso si ha aumentado menos que la producción total. También sigue estando muy concentrado en unas pocas grandes economías productoras, ya que China, la India, los Estados Unidos y la Unión Europea representan respectivamente el 36%, el 15%, el 14% y el 13% del total.

El apoyo positivo a los productores individuales ascendió a 630.000 millones de dólares por año durante el período 2020-2022, en comparación con los 525.000 millones de dólares antes de la pandemia de COVID-19 (2017-19). Más de la mitad (333.000 millones de dólares por año) fue financiada por los consumidores, a través de aranceles y otras medidas que elevaron los precios internos por encima de los precios de referencia. El resto (297.ooo millones de dólares por año) fue financiado por los contribuyentes en forma de transferencias presupuestarias, incluidos subsidios para el consumo de fertilizantes o electricidad y pagos basados ​​en la producción o la superficie.

La mayor parte del apoyo fortalece las estructuras de producción existentes. De hecho, muchos países siguen dependiendo en gran medida del sostenimiento de los precios y otras formas de apoyo que pueden distorsionar la producción y el mercado o que se dirigen a productos concretos e impiden que los sistemas de producción evolucionen. Estas formas de apoyo también crean distorsiones en los mercados internacionales, que son esenciales para mitigar los efectos de la escasez o las cosechas excepcionales.

«Nuestro informe anual hace transparente la naturaleza y el alcance del apoyo público al sector agrícola al medir los subsidios, los aranceles y los efectos de otras formas de apoyo que distorsionan la producción y el mercado», subrayó el Secretario de la OCDE. General Mathías Cormann. “Estas medidas afectan el comercio, la inversión y los lugares de producción, y socavan el valor del acceso a los mercados y los beneficios de los mercados competitivos y los regímenes comerciales abiertos. También pueden ser perjudiciales para el medio ambiente, ya que a menudo dañan la calidad del agua y la biodiversidad y pueden aumentar el consumo de recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se necesitan reformas para garantizar que el apoyo público a la agricultura y otros sectores no obstaculice el logro de los objetivos climáticos globales”.

Según la OCDE, el cambio climático está teniendo un impacto cada vez mayor en la producción agrícola en todo el mundo, a través de una mayor variabilidad en la temperatura y las precipitaciones, alteraciones de los servicios ecosistémicos y una desaceleración del crecimiento de la productividad. Los fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones, olas de calor y tormentas que afectan a la agricultura son cada vez más frecuentes y graves. Si esto resulta en un alargamiento de los períodos de crecimiento en ciertas regiones, casi en todas partes, es urgente que los agricultores se adapten al deterioro y a la mayor variabilidad de las condiciones de cultivo.

Las autoridades de los 54 países estudiados en el informe han adoptado cerca de 600 medidas para adaptarse al cambio climático en el sector agrícola. Tendrán que redoblar sus esfuerzos para ir más allá de la etapa de planificación y abordar urgentemente la implementación, el seguimiento y la evaluación de las medidas de adaptación.

Si bien el apoyo ha aumentado en general, su proporción destinada a servicios de interés general (innovación, bioseguridad, infraestructura, etc.) cayó al 12,5% durante el período 2020-22, frente al 16% veinte años antes. Sin embargo, estos servicios son esenciales para ayudar a los productores a adaptarse a condiciones climáticas cambiantes y menos favorables, marcadas por un aumento de fenómenos climáticos extremos, así como para promover un crecimiento sostenible de la productividad.

Las políticas para una agricultura más resiliente deben complementar los esfuerzos para ayudar a recuperarse de las perturbaciones climáticas y de otro tipo en el corto plazo, con el objetivo de realizar ajustes graduales a medida que las condiciones cambien en el mediano plazo y lograr la transformación necesaria en el largo plazo, cuando existan. Los sistemas se han vuelto insostenibles.

La OCDE propone una agenda de acción de seis puntos para hacer que la agricultura y los sistemas alimentarios sean más resilientes, proporcionar suficientes alimentos asequibles, seguros y nutritivos para una población mundial en constante aumento, y proporcionar medios de vida a lo largo de toda la cadena de valor de los alimentos y mejorar la sostenibilidad ambiental del sector:

.Eliminar gradualmente las medidas que obstaculizan el ajuste de la producción, como el apoyo a los precios y otros programas específicos de productos que endurecen los sistemas alimentarios.

.Centrar la acción pública dedicada a la gestión de riesgos agrícolas en la información, el apoyo y los riesgos de desastres.

.Invertir en intervenciones específicas que apoyen la adaptación al cambio climático y la transición del sector hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes.

.Dar preferencia a las llamadas medidas “sin arrepentimientos” que promueven la resiliencia en una amplia variedad de circunstancias.

.Mejorar los sistemas de conocimiento e innovación agrícola y centrarlos en el crecimiento sostenible de la productividad.

.Fomentar la provisión de bienes públicos como la preservación de la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos.