¿Qué es lo que más le importa a la población en la lucha por la igualdad de oportunidades? Según un estudio elaborado por Amundi, actualmente se identifica la desigualdad económica como la raíz del problema. Sin embargo, el estudio de la gestora advierte que el punto de partida ha cambiado en estos últimos años. 

Las desigualdades han sido un problema importante durante años, pero la pandemia del COVID-19 ha llevado este tema a un primer plano. La OCDE presenta una serie de documentos en los que se destacan las principales conclusiones de un módulo sobre oportunidades, apoyado por Amundi, incluido en la encuesta anual de la “OCDE Risks That Matter”. Estos informes exploran la importancia que las personas dan a diferentes aspectos de la desigualdad: el papel del esfuerzo y de aquellos factores independientes de la voluntad individual en la desigualdad de oportunidades, y el papel que los diferentes actores desempeñan en la reducción de la desigualdad y el tipo de políticas y acciones a priorizar. 

“Los datos recopilados por la OCDE con el apoyo de Amundi en 27 países de la OCDE revelan la preocupación generalizada de la población por el nivel actual de desigualdad económica y la falta de oportunidades en la sociedad. El mayor reto está por delante, ya que la gran mayoría de los encuestados reclama más acciones colectivas para reducir estas desigualdades y asegurar la igualdad de oportunidades, expresando también su opinión sobre cómo podríamos reducir estos problemas, pidiendo una participación activa del sector privado”, ha explicado Jean-Jacques Barbéris, director de la División de Clientes Institucionales y Corporativos y ESG de Amundi.

Por su parte, Romina Boarini, directora del Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades (WISE, por sus siglas en inglés) de la OCDE, ha señalado que señala que los datos han mostrado que se considera que los sectores público y privado, así como la sociedad civil y los individuos, tienen un papel que desempeñar en la lucha contra la desigualdad y la falta de oportunidades. “La preocupación por la desigualdad también se traduce en el apoyo a una amplia gama de diferentes opciones y medidas políticas, que van mucho más allá de los impuestos y transferencias sociales”, ha aclarado. 

Las principales conclusiones sobre “la percepción sobre la igualdad de oportunidades”, publicadas por el Centro WISE de la OCDE, se exponen en tres informes de Policy Insights:

A la hora de hablar sobre si trabajo duro, privilegios o suerte, dos de cada tres encuestados creen que debería hacerse más para promover la igualdad de oportunidades. Es más, el 60% afirma que el trabajo duro es esencial o muy importante para determinar la posición social de cada uno, aunque la mayoría reconoce que no es el único factor de éxito y hasta un 43% de los encuestados cree que factores independientes de la voluntad, como el país de nacimiento o el hecho de tener padres educados, son determinantes clave del éxito personal. 

“El destino parece determinar los bajos ingresos, pero no para las personas con altos ingresos: las circunstancias ajenas a la voluntad de las personas (la suerte) se perciben como más importantes a la hora de determinar los malos resultados que los buenos. Los que valoran el trabajo duro aceptan las diferencias de ingresos como recompensa al esfuerzo”, apunta el informe en sus conclusiones. 

Un dato llamativo es que el 70% de los encuestados están preocupados por el nivel actual de desigualdad económica en la sociedad, cuestionando la distribución de los recursos. “Las disparidades no son sólo económicas; van mucho más allá de los ingresos y afectan a todas las esferas de la vida, como el poder político de los ciudadanos, la representación, la educación, etc. Para el 70%, la responsabilidad de reducir las desigualdades económicas recae en múltiples actores”, añade el documento. 

En este sentido, se observan claras diferencias de edad: los jóvenes son más partidarios de la participación de los gobiernos locales, las ONG y los ciudadanos. En cambio, los encuestados de más edad (54 años o más) tienden a favorecer más la implicación del sector privado y de las personas adineradas a la hora de abordar las disparidades económicas.

Por último, a la hora de debatir qué se debe hacer para luchar contra la desigualdad, los encuestados muestran un fuerte apoyo a las políticas centradas en la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, el 46% apoyan políticas que mejoren el acceso a la educación y un 52% el fortalecimiento del salario mínimo. También ponen el foco en las medidas redistributivas, como gravar a los que más ganan o ampliar las prestaciones a las rentas bajas, que son respaldadas por menos del 40%. 

Llama la atención que se considere la acción del sector privado como una palanca clave, ya  que dos tercios de los encuestados creen que el sector privado puede desempeñar un papel significativo en la reducción de la desigualdad de ingresos ofreciendo salarios justos a sus empleados peor pagados. Además, más del 40% de los encuestados cree que el sector privado también debería abordar las disparidades salariales. 

El informe muestra que las preferencias por las medidas políticas varían en función del nivel de desigualdad y movilidad dentro de un país. En contextos de alta desigualdad, los encuestados dan prioridad a las políticas dirigidas a los hogares con rentas bajas; y en los países con una movilidad intergeneracional limitada, los encuestados se inclinan por medidas dirigidas a los que más ganan, como aumentar los impuestos sobre la renta. 

Un matiz relevante es que el informe concluye que la renta y la edad influyen significativamente en las preferencias. De hecho, los encuestados más ricos tienden a dar prioridad a las políticas que refuerzan la igualdad de oportunidades, mientras que el apoyo a la redistribución disminuye con los ingresos. Los encuestados también apoyan más las medidas centradas en la competencia de mercado y el aumento de los impuestos a las rentas más altas a medida que envejecen.