En un contexto en que el Banco Central de Chile sorprendió al mercado con una subida de 150 puntos base en su Tasa de Política Monetaria (TPM) a finales de enero, los analistas están ajustando sus expectativas. En el caso de Itaú, el pronóstico es que los tipos de interés se empinen fuertemente en el corto plazo.
“Nosotros estamos proyectando un techo de 7% para la TPM, que se alcanzaría en la reunión de marzo o mayo, manteniéndose así hasta finales de año”, indicó el economista jefe de la firma, Andrés Pérez, el programa online del banco, “Visión de Líderes”.
Eso representa una subida de 150 puntos base respecto al 5,5% en que quedó la tasa rectora después de la última reunión de política monetaria. Eso sí, Pérez advirtió que si bien ese es el escenario base que maneja el banco, “todo dependerá de lo persistente que pueda ser la inflación hacia adelante”.
Así, el economista señaló que en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo deberían verse una serie de ajustes, donde figuran: la revisión al alza en la proyección del rango de crecimiento, más persistencia en la inflación y ajustes en el corredor de tasas de política monetaria.
“Lo más probable es que veamos algún grado de empinamiento en el corredor y luego, más adelante, un aplanamiento donde habrá dificultades para bajar la tasa de interés si es que la inflación termina siendo más persistente”, dijo.
Bajo esta misma lógica, y consultado por la persistencia de las presiones inflacionarias y lo complejo que podría ser converger al 3% anual, Pérez dijo que “la brecha que se abrió durante el tercer y cuarto trimestre del año pasado se demoraría más en converger a niveles más normales. Eso indica que seguiría existiendo algún grado de presión por el lado de la demanda hacia mayores precios”.
A esto, se sumaría el riesgo por la alta indexación del dólar en la economía chilena, los eventuales retiros de fondos de pensiones y las presiones por mayor gasto fiscal. “Eso podría mantener la inflación elevada por un tiempo, postergando que esta converja a la meta del 3% del instituto emisor”, explicó.
Considerando este supuesto, proyectó que la inflación en Chile va a cerrar en un 4,5% en 2022, muy por sobre el 3,7% al que apunta el Banco Central en el último IPoM. “Nuestra proyección apunta a una inflación que se mantendrá alta en los próximos meses y que luego empieza a caer”, afirmó.
Los 117 fondos calificados por Fitch Ratings en México administraban activos por 795.300 millones de pesos mexicanos al cierre del 2021, lo que corresponde a una disminución de 1,44% durante 2021, señala Fitch, con base en la actualización de su reporte«Comparativo de Fondos de Deuda en México».
La exposición a riesgo de crédito de los fondos disminuyó ligeramente, lo que se refleja en la reducción de 2,7% en la utilización del factor promedio de calidad crediticia (WARF; weighted average rating factor) en el año, el cual es de 33,7%.
Esto se vio reflejado en un aumento de 6,57% en instrumentos con la máxima calificación crediticia. El riesgo de mercado de los fondos ha disminuido durante 2021. Esto se observa en el factor de riesgo de mercado (MRF; market risk factor), cuyo contribuidor principal es la duración, la cual tuvo un nivel promedio de 1,92, con una disminución de 5,51% en 2021.
Fitch considera que los ajustes realizados por los administradores de los fondos se alinean con el ciclo alcista de tasas por parte del Banco de México, el cual se espera continúe durante el año 2022, debido al incremento constante en las expectativas de inflación general y subyacente para los próximos 12 meses.
Las métricas mostradas derivan del proceso de seguimiento a la calificación de los fondos que Fitch realiza mensualmente con información provista por las operadoras que los administran. La agencia revisa, ajusta y estandariza los datos de acuerdo a su metodología global de calificación. Este instrumento forma parte de la serie de herramientas creadas por Fitch para promover la toma de decisiones informadas por parte de los inversionistas con información de valor agregado más allá de las calificaciones.
Foto cedidaAlberto Silva, nuevo IAG Director y Head of Portfolio Solutions de BTG Pactual. Alberto Silva, nuevo IAG Director y Head of Portfolio Solutions de BTG Pactual
Después de pasar por distintos nombres relevantes del asset management chileno, Alberto Silva se incorporó a BTG Pactual este mes.
El ejecutivo llegó a la compañía de capitales brasileños el 1 de febrero, como un nuevo IAG Director para la unidad de Wealth Management de la firma, según señaló a través de la plataforma profesional LinkedIn.
Específicamente, el profesional indicó que estará a cargo de liderar el equipo de Portfolio Solutions en Wealth Management.
Antes de llegar a la firma de matriz brasileña, consigna su perfil profesional, se desempeñó como Head of Rates and FX de Credicorp Capital. Anteriormente, trabajó como portfolio manager de renta fija en Santander Asset Management, como portfolio manager senior en AFP Habitat y como portfolio manager en Bci Asset Management y en BBVA Chile.
Según indica BTG Pactual en su web, su equipo chileno de Wealth Management tiene más de 45 profesionales en total, con activos administrados por 5.950 millones de dólares.
En su presentación corporativa de la unidad de Portfolio Solutions Arquitectura Abierta, la describen como “un servicio de administración patrimonial discrecional de portfolios globales, gestionado por un grupo de profesionales expertos, enfocados en la selección de los mejores fondos mutuos, fondos de inversión y activos alternativos seleccionados entre los más importantes managers internacionales y locales”.
Wellington Management y el Programa Conjunto sobre Ciencia y Política del Cambio Global del MIT anunciaron la formación de una colaboración de investigación sobre el cambio climático.
“La alianza reforzará la investigación actual de Wellington sobre la transición a una economía baja en carbono, mejorará su comprensión de los impactos financieros esperados de varias vías de transición en industrias y economías, y profundizará sus prácticas de participación en la descarbonización”, dice el comunicado emitido por la firma.
El equipo integrado de científicos naturales y sociales del Programa Conjunto del MIT tiene como objetivo proporcionar a los equipos de inversión de Wellington proyecciones integrales sobre el cambio climático en varios escenarios ambientales, económicos y políticos.
“Nuestra colaboración con el Programa Conjunto del MIT se centrará en la investigación de riesgos de transición de vanguardia que describe los riesgos económicos y las oportunidades asociadas con el cambio climático. El ritmo del cambio y la innovación en este campo exige que colaboremos y aprendamos de los principales expertos en ciencias climáticas para informar mejor las decisiones de inversión”, dijo Chris Goolgasian, director de Investigación Climática de Wellington.
Además, el objetivo de esta investigación es delinear las vías de descarbonización para las operaciones corporativas, las cadenas de suministro y los productos, al tiempo que evalúa sus posibles impactos económicos.
Los equipos de inversión de Wellington planean integrar estos hallazgos de riesgo de transición en su investigación fundamental en curso, junto con los hallazgos de riesgo físico del Woodwell Climate Research Center, una organización independiente líder en investigación de ciencias del clima.
Wellington lanzó su primera estrategia de inversión centrada en el clima en 2007 y ha seguido ampliando sus capacidades de investigación climática, explica el comunicado.
En diciembre de 2020, Wellington se convirtió en miembro fundador de la iniciativa Net Zero Asset Managers, evaluando las vías de descarbonización estrategia por estrategia y trabajando con clientes individuales en sus objetivos de cero neto.
“Esperamos aplicar las capacidades del Programa Conjunto del MIT para evaluar muchas relaciones y retroalimentaciones socioeconómicas complejas, desde cambios en la tecnología hasta acciones de políticas globales y locales en evolución”, dice Sergey Paltsev, Director Adjunto del Programa Conjunto del MIT.
Pixabay CC0 Public DomainAinhoa Sánchez. Ainhoa Sánchez
La tarificación del carbono constituye una herramienta política de vital importancia para promover la descarbonización y lograr una reducción de las emisiones de CO2 acorde con los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. En este artículo, Natalia Luna, analista sénior de inversión temática responsable, y Roger Wilkinson, director de renta variable EMEA y análisis de inversión responsable en Columbia Threadneedle, examinan en mayor profundidad la función de la tarificación del carbono, el abanico de sistemas de tarificación del carbono a escala global y lo que los analistas, los gestores de carteras y los asesores deben tener en cuenta en relación con el posible impacto de la tarificación del carbono en las compañías, los sectores y la economía en general.
Un sistema eficaz de tarificación del carbono puede resultar decisivo para acelerar la transición hacia la neutralidad de carbono
Los gobiernos y el sector industrial están adoptando medidas para acelerar y superar los indicadores de referencia y los objetivos de emisiones de crucial importancia. Entre los catalizadores para lograr la neutralidad de carbono se incluyen la regulación climática y de los mercados de carbono a nivel nacional y regional, así como el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas limpias por parte de las compañías.
En la Unión Europea, las reformas del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) —anunciadas como parte del paquete de medidas “Objetivo 55” de la UE— tienen como objetivo adaptar el mercado del carbono a los objetivos climáticos provisionales para 2030, mientras que los reglamentos climáticos reforzados comprenderán políticas de energías renovables e impuestos energéticos.
En Estados Unidos, el programa de infraestructuras de la administración de Biden abarca un amplio abanico de políticas climáticas, como normas de electricidad limpia e incentivos fiscales para tecnologías limpias y energías renovables, y se prevé que se promulgue de una forma u otra a finales del año. Al mismo tiempo, se están adoptando políticas a nivel estatal que pretenden fijar las normas sobre tarificación del carbono y energías renovables.
Los gobiernos, los inversores y los consumidores también están ejerciendo presión sobre las compañías para que adopten compromisos significativos con respecto a la descarbonización. Tarificación del carbono: una herramienta esencial para lograr la neutralidad de carbono La tarificación del carbono representará un elemento clave para reducir las emisiones de CO2 con arreglo a los objetivos del Acuerdo de París y para acelerar la transición hacia la neutralidad de carbono. Conscientes de ello, más países han comenzado a adoptar sistemas de tarificación del carbono con el fin de limitar sus emisiones.
Ahora bien, mientras los precios de las emisiones de carbono están aumentando, los precios actuales siguen siendo demasiado bajos para lograr la necesaria descarbonización a largo plazo. La Agencia Internacional de la Energía (AIE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entre otros organismos, estiman que, para lograr los objetivos del Acuerdo de París, es preciso que el precio del carbono oscile entre 75 y 100 dólares por tonelada de CO2. Hoy en día, el FMI estima que cuatro quintas partes de las emisiones de carbono del mundo siguen teniendo un precio insuficiente, y que el precio de carbono medio global es inferior a 5 dólares por tonelada. Existen tres enfoques con respecto a la tarificación del carbono: impuestos sobre el carbono, mercados de carbono de cumplimiento regulado y mercados de carbono voluntarios o de compensación.
1. Los impuestos sobre el carbono representan un instrumento de política fiscal con una aplicación relativamente fácil. Estos impuestos determinan un precio directo sobre el carbono mediante la definición de un tipo impositivo basado en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o el contenido de carbono de los combustibles fósiles. Con los impuestos sobre el carbono, el precio del carbono es fijo y no se establece un máximo general de emisiones, lo que significa que la reducción general de emisiones exacta dependerá del precio del carbono. No obstante, los impuestos sobre el carbono suelen ofrecer escasa flexibilidad, ya que los emisores de carbono no pueden pagar a otras compañías para reducir las emisiones cuando esta opción sea más rentable. Conforme los países aumentan el nivel de sus compromisos con la neutralidad de carbono, también suben los impuestos sobre el carbono en un intento por conseguir esos objetivos.
Por ejemplo, Noruega tiene previsto triplicar con creces su impuesto nacional sobre las emisiones de CO2 hasta 237 dólares por tonelada de aquí a 2030, mientras que Canadá planea multiplicar por más de cinco su impuesto sobre el carbono desde 30 a 170 dólares canadienses por tonelada antes de 2030.
2. Los mercados de carbono de cumplimiento regulado se basan en un modelo de “tope y trueque” (régimen de comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos que se reducen con el paso del tiempo). Un regulador asigna o vende derechos de emisión hasta el límite máximo establecido. Cada año las entidades deben entregar suficientes derechos de emisión para cubrir todas sus emisiones. Un mecanismo de penalización suele incorporarse en caso de incumplimiento. Los precios del carbono se determinan en el mercado: las entidades con reducidas emisiones pueden vender los derechos excedentarios a emisores más grandes, y viceversa. En la opinión de Columbia Threadneedle, los mercados de carbono de cumplimiento regulado representan el mecanismo más eficaz para incentivar y materializar la reducción de las emisiones (gráfico 1).
3. Los mercados de carbono voluntarios, o compensación de carbono, ofrecen a las compañías una oportunidad para gestionar las emisiones que no pueden eliminar. Estos mercados se basan en el supuesto de que las compañías no pueden neutralizar o compensar la cantidad de emisiones que generan. Un mecanismo de compensación se crea mediante la financiación de proyectos destinados a reducir, prevenir o eliminar emisiones de CO2 de la atmósfera (gráfico 2).
El precio del carbono se determina en el mercado y depende de la oferta y la demanda de compensaciones. Los proyectos de compensación del carbono incluyen soluciones basadas en la naturaleza, como la repoblación forestal, las energías renovables y la eliminación de residuos. Los resultados deben ser medibles, verificados y de eficacia probada. Una importante desventaja de los sistemas de compensación es que el mercado está fragmentado y presenta una gran complejidad por la variedad de registros y metodologías aplicadas. Tampoco existen suficientes normas, lo que plantea el riesgo de “lavado de imagen verde”, es decir, presentar información falsa o engañosa sobre cuán respetuoso con el medioambiente es un producto/ una compañía. Por esta razón, los mecanismos de compensación de carbono no se consideran actualmente una alternativa o un sustituto de peso frente a otras soluciones de reducción de emisiones más completas. El grupo de trabajo sobre los mercados de carbono voluntarios (“Task Force for Voluntary Carbon Markets”), la iniciativa recién lanzada de Mark Carney, trata de establecer las normas en este tipo de mercados con el fin de contribuir al proceso de descarbonización.
Opciones de descarbonización
Desde Columbia Threadneedle evalúan lo fácil y costoso que resulta para una compañía de un sector específico reducir las emisiones de carbono y, por lo tanto, compensar el impacto de unos mayores precios del carbono. Por ejemplo, los servicios públicos pueden rebajar las emisiones a través de las energías renovables, lo cual reduciría la sensibilidad de este sector al aumento de los precios del carbono.
Otros sectores como la aviación o los productos químicos dependen de tecnologías limpias que todavía están en fase de desarrollo y/o no están disponibles en el mercado, como los combustibles sostenibles y el hidrógeno. La transición hacia la neutralidad de carbono para estos sectores podría llevar más tiempo, lo que aumenta su vulnerabilidad ante unos mayores precios del carbono.
En la gestora utilizan estas tres lentes para determinar el impacto potencial del aumento de los precios del carbono y evaluar la capacidad de adaptación de los emisores en cada sector. Incluso en sectores de elevada intensidad de carbono, las compañías que adoptan planes de reducción de las emisiones inmediatos y creíbles y muestran un sólido poder de fijación de precios deberían salir mejor paradas que las que no lo hacen.
La neutralidad de carbono tendrá repercusiones en todas las compañías y en todos los sectores. Y ese impacto ya se está haciendo notar. Los inversores y sus asesores deberían informarse adecuadamente de los posibles efectos de la tarificación del carbono en la economía y en las compañías en las que invierten, así como determinar la mejor manera de posicionar sus carteras en vista de las iniciativas de descarbonización.
Pixabay CC0 Public Domain. Dunas Capital AM encara 2022 con una cartera enfocada a la reapertura económica
Dunas Capital AM encara 2022 con una cartera orientada a la reapertura económica. Según ha explicado su director de Renta Variable, Carlos Gutiérrez, en este contexto, caracterizado por la volatilidad, la inflación y los cambios de políticas, apuestan por negocios afectados por tres megatendencias: redes de transporte y distribución de energía, transporte (entendido como producción de vehículos y empresas de transporte) y la salud y el envejecimiento poblacional.Además, la entidad se aleja de sectores como la tecnología o el lujo debido a los bajísimos tipos reales.
“Son megatendencias que en un entorno incierto nos dan fiabilidad”, argumenta Gutiérrez. Concretamente, la cartera de renta variable, según matiza Alfonso Benito, CIO de Dunas Capital AM, está centrada en el sector financiero, bancario, ferrocarril, automoción, salud y energético. Además, han incorporado algunas estrategias satélites que les aportan diversificación, entre las que destacan los activos alternativos. “Ofrecen diversificaciones y riesgos distintos, además están más protegidos frente a las subidas de inflación y de tipos reales”, apunta Benito.
Asimismo, los expertos de Dunas Capital recuerdan cómo la pandemia llevó a premiar los “stay at home stocks” de duración larga frente a las empresas de “reopening”, para apuntar que creen que esa dispersión no es sostenible ante el escenario de normalización de la vida social, económica y financiera que esperan (salvo nuevas variantes de COVID-19 que nos llevaran a nuevos confinamientos).
Pasando al gran reto de los gestores, la renta fija, José María Lecube, director de esta área, explica que partimos de un mundo muy complicado, donde los bonos de gobierno tenían rentabilidades negativas, se intuía una normalización de tipos y empezaba a aparecer la inflación.
Para 2022 esperan repetir su estrategia de 2021, debido a que les ha dejado un retorno “interesante”, aunque con ciertos cambios. Consiste en combinar compras de bonos de alto rendimiento a muy corto plazo, con ventas de bonos de gobierno utilizando futuros. “Esa combinación nos ha permitido arañar unos puntos básicos. Para el año que viene estamos acortando aún más la duración de los activos de crédito y estamos manteniendo, y posiblemente aumentemos, nuestras posiciones en deuda pública, porque pensamos que es el año del inicio de la normalización de los tipos”, continúa.
A corto plazo, esperan que vuelva a ser un año complicado para la renta fija, pero Benito añade un tono positivo: “Se abren nuevas oportunidades de coger bonos de mejor calidad, pero hay que esperar y ser pacientes”, advierte.
El impacto de la inflación
2022 seguirá siendo un año con un crecimiento positivo, pero los expertos de Dunas Capital ya advierten de que no será tan bueno como el pasado. Este año tendremos que vivir con una inflación más prolongada, que hará, según explica Gutiérrez, que los bancos centrales tengan que ser activos en su lucha con este viejo fantasma.
Según explica el equipo, los problemas logísticos, las estrecheces del mercados laboral en el países más desarrollados, los costes de la energía y una cierta “relocación” de la industria cerca de los centros de consumo, generará una inflación estructural mayor a vista prepandemia. Sin embargo, consideran que la inflación ya ha tocado su pico y que, aunque seguiremos viendo niveles más altos a los que estamos acostumbrados, se moderará.
Con todo esto, los expertos avisan de que los márgenes empresariales se ven amenazados por subidas de costes salariales, de materias primas, energía, costes logísticos, impuestos… “La capacidad de cada sector y cada empresa en poder trasladar a subidas de precios esos incrementos será critica en su evolución en los mercados bursátiles y de bonos”, apuntan.
Objetivos cumplidos
Los expertos de Dunas Capital pueden presumir de haber cumplido sus metas, ya que como comenta BorjaFernández-Galiano, head of sales de Dunas Capital, todos los fondos han alcanzado el objetivo de rentabilidad de su folleto, algunos con creces, como es el caso del Dunas Valor Prudente. Además, según comenta, con una volatilidad muy contenida.
En la parte de sostenibilidad también han cumplido, teniendo buena parte de sus fondos clasificados en el artículo 8 de la taxonomía de la UE. El año pasado reconvirtieron el fondo Selección USA en uno puramente ESG y, además, sus dos últimos fondos de capital riesgo, Dunas Clean Energy y Absolut Impact, también van en este línea de sostenibilidad.
“En 2021 hemos alcanzado los 1.350 millones de euros en activos bajo gestión en productos tradicionales tras captar 465 millones de euros, lo que nos posiciona en el Top 25 de gestoras nacionales por tamaño. Esto nos ha permitido, entre otras cosas, complementar la gama Dunas Valor con el fondo Dunas Valor Cauto, que añade un peldaño más en la escala rentabilidad-riesgo que ofrecemos a nuestros clientes, y que ha una tenido una muy buena acogida en el mercado», reflexiona Fernández-Galiano.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS), en su sentencia 470/2021 del 16 de diciembre de 2021, ha establecido ciertos criterios interpretativos sobre la pérdida de la condición de IIC. En concreto, en lo relativo al momento en el que deja de aplicarse el régimen especial previsto en el Impuesto sobre Sociedades (IS) para las instituciones de inversión colectiva (IIC) y en el momento en el que se produce la conclusión del período impositivo, cuando la pérdida de la condición de IIC resulta impuesta por un acuerdo de revocación de la CNMV. De esta forma, resuelve el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional del 31 de octubre de 2019, según analiza el despacho finReg 360.
Formación de jurisprudencia
Las cuestiones con interés casacional objetivo para formar jurisprudencia son las siguientes: determinar a partir de qué momento deja de resultar de aplicación el régimen especial de tributación previsto en la normativa reguladora del impuesto de sociedades para las IICs, fijar el momento de conclusión del período impositivo cuando la pérdida de la condición de IIC proviene de un acuerdo de revocación de la CNMV y precisar si los tribunales económico-administrativos están obligados a resolver todas las cuestiones presentadas por los administrados, con independencia de que se hayan planteado o no previamente por ellos ante los órganos de la inspección de los tributos.
Criterio jurisprudencial
El TS determina que el momento en el que deja de resultar de aplicación el régimen especial de tributación para las IICs debe situarse en el período impositivo en el que se hubieran producido las circunstancias determinantes de la revocación acordada por la CNMV. Para esta conclusión, se apoya en la disposición adicional tercera de la Ley 23/2005, en la que se advierte de que los efectos fiscales de la revocación de la CNMV se producen desde el período en el que se hubieran producido las circunstancias determinantes de la misma. Siendo tan claro este tenor, no cabe interpretar —indica el Tribunal— que los efectos hayan de demorarse al momento en el que la CNMV emite y notifica su acuerdo de revocación.
En lo referente al período impositivo para el impuesto de sociedades, cuando la transformación de una sicav sea consecuencia de la pérdida de la condición de IIC por una decisión de la CNMV, corresponde aplicar del mismo modo la citada disposición adicional tercera de la Ley 23/2005. En consecuencia, el momento de conclusión del período impositivo, cuando la pérdida de la condición de institución de inversión colectiva resulta de un acuerdo de revocación de la CNMV, debe situarse también en el período impositivo en el que se hubieran producido las circunstancias determinantes de dicha revocación.
Por último, el TS determina que los tribunales económico-administrativos están obligados a resolver todas las cuestiones que les sean suscitadas sin que, en un contexto de buena fe y descartando el abuso del derecho, puedan rechazar la resolución de esas cuestiones por la circunstancia de que los interesados no las hayan planteado previamente ante los órganos de la Inspección de tributos.
La inversión ESG como movimiento dentro de la industria de la gestión de inversiones está fallando a los inversores éticos. Particularmente a aquellos cuya ética está forjada por el cristianismo, la mayor religión del mundo.
El problema de los criterios ESG para los inversores cristianos comprometidos es doble: por un lado, se encuentra la falta de consistencia por parte de las empresas de inversión a la hora de implementar los criterios ESG en sus fondos de inversión. Por otro, los criterios ESG se quedan cortos cuando se trata de abordar aspectos morales que están en el corazón de la vida cristiana, como la dignidad de la vida o la libertad religiosa, considerados por un número creciente de inversores confesionales como una debilidad fundamental que les frena en su decisión de optar por la inversión socialmente responsable.
Esto ha llevado a muchos inversores a buscar una alternativa: la inversión coherente con la fe (que por su traducción en inglés se conoce también como Faithful Investing). El Faithful Investing sugiere una mayor objetividad, transparencia y claridad, ofreciendo así una capa adicional de escrutinio que aporta una mayor profundidad de la que pueden ofrecer las oportunidades de inversión centradas en los criterios ESG. Esto no debería sorprender a los observadores del mundo de la inversión ya que las agencias de calificación, los reguladores y las empresas de gestión de activos han fracasado en lograr un enfoque coherente, consensuado, unificado y armonizado para la aplicación de los criterios ESG.
Por una parte, la falta de coherencia ha sido destacada por los académicos que han demostrado que la correlación entre las agencias de calificación es baja (véase el estudio 2019 de la MIT Sloan School of Management – Aggregate Confusion: The Divergence of ESG ratings). Asimismo, un informe de la empresa de inversión SCM puso de relieve que una de las causas que contribuye a dicha divergencia es por ejemplo el hecho de que pocas empresas sometan sus informes de sostenibilidad a una auditoría externa que verifique realmente que todos los logros que anuncian en ellos son un fiel reflejo de la realidad (véase: SCM Greenwashing: Missclassification and Mis-Selling of Ethical Investments).
Además, los investigadores han demostrado que menos del 5% de las empresas basan sus objetivos ESG en datos científicos, lo que pone de manifiesto la falta de respaldo científico detrás de los logros que anuncian sus informes.
Por otra parte, en el caso de los criterios ESG, su determinación depende de tres factores subjetivos como son: el ámbito (cuando hablamos de “sostenibilidad”…¿a qué se está refiriendo concretamente?); la medición (¿cuál es la manera correcta de medir el impacto social de las decisiones que toma una empresa?); y el peso que se le asigna al criterio (¿se mide de la misma manera el impacto en emisiones de CO2 de una fábrica de ropa en India que de una empresa de software en San Francisco?).
A esto hay que sumarle la subjetividad existente entre los individuos o entidades que toman las decisiones en cuanto a lo que cumple y no cumple sus criterios (que pueden diferir de un individuo a otro). Lo que se consigue con todo esto es que la sensación de muchos inversores sea de que se están construyendo sus carteras sobre arenas movedizas en vez de sobre roca firme.
Faithful Investing
Sin embargo, el Faithful Investing o inversión coherente con la fe, basada en el magisterio católico, se centra en invertir en activos o empresas cuya actividad y prácticas no entren en conflicto con determinados principios morales. Estos principios y valores morales no cambian con el tiempo, ya que se consideran una expresión de la verdad y, por tanto, son permanentes, coherentes y no contradictorios entre sí. Esto los convierte en claros, sólidos e idóneos para tomar decisiones de inversión.
Es innegable que el crecimiento del mundo ESG y la adopción de criterios extra-financieros para tomar decisiones de inversión ha sido un paso adelante muy positivo. Sin embargo, para aquellos que buscan una vida auténtica alineando sus acciones con sus valores, la inversión ESG por sí sola no es suficiente. Mientras que la ESG busca añadir ciertos objetivos como promover ciudades y comunidades más sostenibles, el inversor coherente con su fe busca además promover aspectos inherentes a la persona, que respeten la vida humana, la familia, la dignidad del hombre y el valor real de la creación, mirando más allá de los criterios tradicionales de ESG para cumplir con sus propios valores personales.
En definitiva, el Faithful Investing es más amplio y profundo que la solidaridad con determinadas políticas sociales que suenan muy positivas y loables pero que desgraciadamente quedan en muchos casos en papel mojado. El inversor coherente busca un enfoque más sólido, construido sobre verdad, que le permita el pleno desarrollo de una cultura cristiana donde el centro de la economía y la inversión sea el desarrollo integral de la persona…. y ese es un objetivo en el que la ESG actual simplemente no está cumpliendo.
Tribuna de Borja Barragán, fundador de Altum Faithful lnvesting
El 27 de enero se anunció que la Comisión Europea tenía previsto adoptar el acto delegado complementario que incluye el gas natural y la energía nuclear en la taxonomía de la UE a partir del 2 de febrero. Este reciente giro que los propone como adiciones tardías a la taxonomía ha desatado la protesta generalizada de los activistas medioambientales y grupos de interés social, que temen que la Unión Europea corra un riesgo aún mayor de no cumplir con sus objetivos de emisiones netas cero para mediados de siglo.
Sin embargo, para las estrategias de bonos verdes y de impacto de NN Investment Partners (NN IP), y para otros inversores verdes que ya tienen opiniones bien fundadas sobre el gas y la energía nuclear, no es probable que la decisión genere cambios en el comportamiento de inversión, aseguró la analista de bonos verdes de la gestora Isobel Edwards.
El camino de la economía mundial hacia la «normalidad» tras la pandemia está siendo lento y todo menos estable, pero la demanda mundial de energía ya se ha recuperado e incluso ha alcanzado los niveles anteriores a la crisis. Este repunte pone de manifiesto la insuficiente oferta de energías renovables.
La capacidad de fuentes como la eólica y la solar ha crecido considerablemente en los últimos años, pero la demanda global de energía está aumentando a un ritmo más rápido. Por eso algunos responsables políticos han pedido que el gas natural y la energía nuclear cubran el déficit de suministro, y por eso la Comisión Europea decidió considerar como sostenibles bajo determinadas circunstancias a estas dos fuentes en la taxonomía de la UE, una lista de actividades económicas ambientalmente sostenibles cuyo objetivo es aumentar la inversión sostenible y poner en práctica el Pacto Verde Europeo
La estrategia de bonos verdes de NN IP no se ve afectada
«Tenemos una posición sobre la energía nuclear para las estrategias de impacto, y sobre el gas natural en la estrategia de bonos verdes», explicó Edwards. «No tenemos el gas natural como actividad elegible dentro del uso de los ingresos de los bonos verdes. Y dentro de las estrategias de impacto en NN IP, no podemos invertir en nuevas centrales nucleares construidas después de 2019 ni en empresas que construyan nuevas instalaciones nucleares después de 2019”.
Aunque la taxonomía incluya algún sector, “no significa que tengamos que ir a comprarlo”, sentenció. “Y nuestros clientes esperan ciertos tipos de inversiones, como las energías renovables, el transporte limpio y los edificios ecológicos, por lo que no podemos empezar a comprar energía nuclear y gas natural. Para la estrategia de bonos verdes, realmente no cambia las cosas».
Según Edwards, tampoco es probable que otros gestores de activos hagan cambios. «No me imagino a muchos inversores cambiando sus políticas de inversión en función de lo que anuncie la UE. No creo haber hablado con muchos gestores de activos que sigan exactamente esta taxonomía en sus decisiones de inversión. Por el momento, sólo proporciona una orientación útil y las mejores prácticas en cada sector. Los fondos pertinentes tendrán que revelar su alineación con la taxonomía de la UE a partir de 2023».
El riesgo del metano como gas de efecto invernadero
La posición de NN IP respecto de que el gas natural no es «verde» se basa en un amplio conjunto de consideraciones. Una de las grandes objeciones al uso de este combustible es que el metano, principal componente del gas natural, es 28 veces más potente que el dióxido de carbono a la hora de atrapar el calor en la atmósfera, y hay muchas preguntas sin respuesta sobre la tasa de filtraciones de metano de la cadena de suministro de la producción de gas natural.
En algunas circunstancias, el gas natural puede ser útil como combustible de transición temporal en un plazo corto. «Ya hemos visto algunos marcos de bonos verdes en los que declaran que pretenden que sus instalaciones de gas natural se conviertan en instalaciones de hidrógeno una vez que el mercado se haya desarrollado lo suficiente», dijo Edwards. «Si un emisor puede demostrar que el gas natural es una solución a corto plazo con una fecha y un plan de desmantelamiento, lo consideraríamos una solución provisional aceptable».
En cuanto a la energía nuclear, las estrategias de impacto de NN IP no invierten en nuevos proyectos nucleares posteriores a 2019, una opinión compartida por los equipos de Inversión Responsable y Bonos Verdes. «Aunque es probable que las instalaciones nucleares existentes llenen un vacío en el suministro de energía en los próximos años mientras hacemos la transición, es difícil asegurar que no haya otros resultados negativos en materia de ASG de la energía nuclear en este momento, por lo que tampoco la consideraríamos una actividad económica verde por definición», indicó Edwards.
Es poco probable que los inversores verdes cambien su enfoque
Las instalaciones nucleares y de gas existentes seguirán sin duda complementando el suministro durante unos años, ya que se consideran más «limpias» que el petróleo y el carbón, pero la taxonomía de la UE es un conjunto de definiciones para las actividades verdes, señaló Edwards. «Según nuestras definiciones, estas actividades no deberían llamarse así”.
«No es probable que la última medida de la UE sobre la taxonomía cambie las cosas para los inversores como NN IP, pero puede suponer una diferencia para los fondos y las empresas que antes no cumplían del todo con la taxonomía y ahora sí lo hacen», concluyó.
Beka AM, la gestora del Grupo Beka Finance, refuerza su equipo de ventas con el nombramiento de María del Camino Duró como Senior Sales Manager. Duró se encargará de desarrollar las capacidades de distribución de la gestora en el segmento family offices.
“La incorporación de Camino, con su amplia trayectoria y experiencia profesional en el mundo de los family offices, permitirá posicionar a Beka Finance como un jugador de referencia en este segmento, poniendo especial énfasis en potenciar los diversos vehículos de inversión de Beka Asset Management», ha afirmado Javier Godoy, director de Distribución de Beka Finance.
María del Camino Duró cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, trabajando en entidades como JP Morgan, BBVA, BNP Paribas y Citibank. Antes de incorporarse a Beka Finance fue directora de Banca Privada en Citibank.
Además, Duró posee una amplia experiencia en family offices españoles en las funciones de planificación financiera, gestión de portfolios de inversión, análisis de mercado y desarrollo de producto. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas.
El equipo de distribución de Beka AM está centrado en la expansión y venta de las soluciones de inversión especializadas y diferenciales de la gestora, como el fondo agroalimentario Beka & Bolschare Iberian Agribusiness, el Beka Alpha Alternative Income, el Beka Alpha Search Fund y próximos lanzamientos de productos enfocados al mercado de crédito privado e inmobiliario. La oferta se complementa con los fondos líquidos Beka International Select Equities y Beka Optima Global, así como el compartimento de la sicav Beka Lux SICAV SA.
