La demanda mundial por los ETFs se ralentizó en febrero, con entradas de 14.900 millones de euros. Según los datos de Amundi, se trata de la asignación más baja desde abril de 2022. La gestora destaca que la renta variable sumó 7.200 millones de euros, mientras que la renta fija registró entradas de 4.000 millones, “posiblemente como reflejo de la inquietud de los inversores por la evolución de los tipos de interés”.
Los datos muestran que los inversores europeos aportaron 6.800 millones de euros, mientras que los estadounidenses asignaron 6.100 millones, rompiendo la tendencia a largo plazo de que el mercado norteamericano suele ser varias veces mayor que el europeo. “La estrategia más popular fueron los bonos ultracortos, que ganaron 10.000 millones de euros el mes pasado e ilustran la actitud de esperar y ver de los inversores respecto a la deuda. Las estrategias blend registraron las salidas más significativas, con 10.000 millones de euros en febrero”, destacan desde Amundi.
Flujos europeos
En el caso de los flujos europeos, los ETFs UCITS de renta variable sumaron 5.900 millones de euros, con la renta variable de mercados emergentes añadiendo 4.600 millones de euros. “Dentro de esta asignación, los índices generales de mercados emergentes resultaron populares, con entradas de 3.900 millones de euros”, destacan desde Amundi. Por su parte, la renta variable europea de mercados desarrollados ganó 2.400 millones de euros, mientras que la estadounidense registró salidas por valor de 2.700 millones de euros.
En cuanto a las estrategias, los inversores retiraron 1.000 millones de euros de las estrategias de volatilidad mínima y 500 millones de euros de las estrategias de calidad, “posiblemente como reflejo de un retorno al apetito por el riesgo de la renta variable”, matizan.
Del total de 5.900 millones de euros asignados a renta variable, 3.200 millones se destinaron a estrategias ESG, mientras que 2.700 millones se destinaron a productos tradicionales. Al igual que el mes pasado, los mercados emergentes ESG fueron la estrategia más popular, con 1.500 millones de euros, lo que equivale a alrededor de un tercio de la asignación total a estrategias de renta variable de mercados emergentes.
En el caso de la renta fija, en febrero, los inversores sólo añadieron 500 millones de euros a los ETF UCITS, lo que, según Amundi, “refleja la incertidumbre sobre la dirección de los tipos de interés”. Según muestran los datos, la deuda corporativa resultó ser más popular, ya que los inversores añadieron 1.200 millones de euros a bonos investment grade y retiraron 1.100 millones de euros de bonos soberanos. “En particular, los inversores añadieron 500 millones de euros a los bonos corporativos denominados en euros y retiraron 1.400 millones de euros de los bonos soberanos denominados también en euros. La renta fija ESG ganó 1.100 millones de euros este mes, siendo los bonos corporativos Investment Grade la estrategia más popular (700 millones de euros). En cambio, los inversores retiraron 600 millones de euros de os productos tradicionales de renta fija”, concluyen desde Amundi.
Desde BlackRock consideran que, en los casi seis años transcurridos desde su introducción en los mercados privados europeos, los vehículos ELTIFs (Fondo Europeo de Inversión a Largo Plazo) han demostrado su valor y versatilidad a los inversores. La previsión es que este tipo de fondo crezca de forma rápida en los próximos años: se calcula que el mercado de los ELTIFs habrá alcanzado los 10.000 millones de euro a finales de 2022, y Alternative Investment Management Association prevé un volumen adicional de 100.000 millones de euros en los próximos cinco años.
“Este desarrollo positivo coincide con los inversores europeos que buscan acceso a los beneficios de los mercados privados y los gestores de patrimonio que buscan métodos escalables y eficientes para ofrecer la clase de activos a sus clientes. Aunque hay más de una forma de satisfacer esta creciente demanda, los ELTIFs se están convirtiendo rápidamente en el vehículo preferido en Europa”, señalan desde BlackRock.
Según la firma, desde la perspectiva de las gestoras europeas, los ELTIFs constituyen prácticamente el único vehículo escalable capaz de distribuir mercados privados a inversores minoristas a través de las fronteras dentro de Europa. “Esta eficacia de la estructura de los ELTIFs ha sido elogiada públicamente por varios de los principales bancos con sede en Alemania, Francia e Italia, que han empezado a distribuir los fondos entre sus clientes. Creemos que, del mismo modo que los UCITS se han convertido en el vehículo de referencia para los gestores de patrimonios que distribuyen mercados públicos, los ELTIFs pueden llegar a ser el vehículo preferido para la distribución de mercados privados”, defiende la gestora.
Una de las principales ventajas que BlackRock ha identificado en esta clase de fondo es que están disponibles para los inversores minoristas de toda Europa con un bajo nivel mínimo de inversión y un pasaporte de comercialización de la UE, lo que permite una distribución más amplia. “Esta menor inversión mínima, en comparación con los fondos de capital inversión institucionales tradicionales, es uno de los principales motores del aumento de la demanda que observamos, y permite a los nuevos clientes obtener exposición a alternativas como parte de toda su cartera. También observamos que esto conlleva la obligación correspondiente de asegurarse de que los clientes comprenden los riesgos de las inversiones alternativas, y en particular el riesgo de liquidez”, comentan.
En este sentido, los inversores podrán elegir entre dos estructuras principales: con peticiones de capital o como vehículos totalmente capitalizados. Según explica la gestora, la ventaja del vehículo totalmente capitalizado es que permite a los clientes evitar recibir una serie de peticiones de capital, como ocurre durante un periodo de inversión con los fondos cerrados tradicionales. “El modelo de capitalización total conlleva periodos de inversión más cortos y curvas J potencialmente más cortas. Pero puede haber una contrapartida en forma de rendimientos más bajos debido a que el efectivo (u otros valores líquidos) se mantiene en el fondo hasta que el capital puede ser utilizado en su totalidad. Los clientes deben tener muy en cuenta estas características”, añaden.
Por último, las otras dos ventajas que identifica BlackRock es que los ELTIFs pueden comercializarse en países clave no pertenecientes a la UE con arreglo a normas de colocación privada. “Esto puede ampliar potencialmente el mercado al que pueden dirigirse los gestores de patrimonios, aunque la mayor parte de la demanda actual sigue esperándose en Europa”, matizan. Y, por último, que se verán apoyados, ya que la UE está tomando medidas para promover la estructura ELTIFs como forma de impulsar la inversión en infraestructuras y otros proyectos y negocios a largo plazo dentro de la Unión Europea.
Franklin Templeton ha anunciado el nombramiento de James Andrus como nuevo vicepresidente de Sostenibilidad para los mercados globales, un puesto de liderazgo de nueva creación dentro del Equipo de Estrategia Global de Sostenibilidad de la firma. Se une a Franklin Templeton desde el Sistema de Jubilación de los Empleados Públicos de California (CalPERS), donde ocupó el puesto de director de Inversiones Interino para Inversiones Sostenibles y dirigió la estrategia de inversión sostenible de CalPERS en su cartera de inversiones de 443.000 millones de dólares.
“James cuenta con una amplia experiencia en gobierno corporativo y aporta a Franklin Templeton una gran conocimientos y experiencia en la gestión eficaz del capital financiero, humano y natural. Estamos comprometidos con la creación de recursos dedicados a medida que la profunda evolución y las crecientes complejidades relacionadas con la inversión sostenible continúan en la industria a nivel mundial. Estoy encantada de que James se una a nuestro creciente equipo a medida que aceleramos nuestros esfuerzos en esta importante área”, ha señalado Anne Simpson, directora global de Sostenibilidad de Franklin Templeton.
Ubicado en la sede en California, Andrus supervisará la ejecución de las iniciativas de sostenibilidad y administración de Franklin Templeton y actuará como defensor y portavoz ante clientes, organizaciones externas, responsables políticos, reguladores y partes interesadas internas. Además, dirigirá el equipo de Estrategia de Sostenibilidad Global de la compañía, que implementa la estrategia de inversión sostenible de la empresa y está formado por profesionales de Europa, Asia y Estados Unidos, con contrataciones adicionales en curso para puestos relacionados con datos, contenidos, administración y productos. También colaborará estrechamente con el equipo de Políticas Públicas Globales.
Andrus dependerá de Simpson, que es responsable de la dirección estratégica general de la empresa en materia de gestión e inversión sostenible en su función de directora global de Sostenibilidad. A su vez, Simpson depende de Jenny Johnson, CEO y presidenta de Franklin Templeton.
“Estoy entusiasmado por la oportunidad de unirme a Franklin Templeton, una firma de inversión global de renombre mundial con líderes dinámicos, en un momento importante para centrarse en la sostenibilidad.Estoy deseando añadir valor avanzando en las prioridades de inversión sostenible y contribuyendo directamente a la regulación global y a las iniciativas políticas, a la vez que hago hincapié en la mejora de la información financiera”, ha afirmado James Andrus, ya como nuevo vicepresidente de Sostenibilidad para los mercados globales de Franklin Templeton.
Según destacan desde la gestora, Andrus aporta un profundo conocimiento del sector y de la normativa gracias a su variada experiencia. Recientemente, como director de Inversiones Sostenibles interino de CalPERS, abogó por la transparencia de los mercados financieros a escala nacional e internacional para garantizar que inversores como CalPERS dispongan de entornos normativos adecuados para invertir sus activos. Antes de trabajar en CalPERS, fue socio de K&L Gates, un bufete de abogados internacional. Andrus es un experimentado defensor de los propietarios de activos como miembro del Comité Asesor de Inversores de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), del Grupo Asesor de Inversores del Consejo de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas (PCAOB), del Consejo Asesor de Normas de Contabilidad Financiera (FASAC) y del Consejo Asesor de Normas Internacionales de Información Financiera. También es copresidente del Comité de Capital Financiero de la Red Internacional de Gobierno Corporativo (ICGN), que representa a inversores que supervisan aproximadamente 70 billones de dólares. Y, en marzo de 2023, recibió el Premio a la Excelencia en Gobierno Corporativo de la ICGN.
Andrus es miembro del Executive Leadership Council, una organización nacional que reúne a directores generales y altos ejecutivos negros, actuales y anteriores, de empresas incluidas en las listas Fortune 1000 y Global 500.
Foto cedidaDe izquierda a derecha, Jaime Bofill, socio de CMS Albiñana Suárez de Lezo; Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN; Salvador Estevan Martínez, director general de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA; y Arturo González Mac Dowell, presidente de AEFI
La adopción de nuevas tecnologías en el sector asegurador otorga un mayor protagonismo al consumidor y permite adaptar la oferta hacia productos más atractivos, donde las preferencias y necesidades particulares de los clientes pasen a ser el centro del modelo de negocio. La digitalización del negocio en este sector que apuesta por la innovación redefine los papeles de todos los operadores, desde aseguradoras y mediadores hasta las empresas prestadoras de servicios.
La digitalización en el sector asegurador ha permitido desarrollar nuevos productos, establecer otros canales de interacción con clientes y proveedores, así como el desarrollo de un sector complementario al servicio de todos los operadores que participan en la industria aseguradora.
El Informe sobre la digitalización de la industria aseguradora elaborado por la Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI) y por UNESPA, la asociación empresarial del seguro, en colaboración con el despacho CMS Albiñana Suárez de Lezo tiene por objeto analizar los obstáculos que afronta la industria del seguro en el proceso de digitalización y plantear propuestas de mejora en el sector.
La reflexión gravita, en buena medida, en torno a cuestiones regulatorias. Es decir, en cómo la normativa incide sobre el proceso de digitalización e innovación.
El documento recoge las principales modificaciones normativas que la industria reclama en aras de progreso, innovación e impulso de sinergias entre los operadores aseguradores tradicionales y las InsurTech. En primer lugar, AEFI y UNESPA apuestan por flexibilizar y aplicar con proporcionalidad la normativa en materia de ordenación, supervisión y solvencia, con el objetivo de regular la actividad y el acceso a la misma desde un enfoque basado en el riesgo, adaptando determinadas exigencias de la normativa vigente.
Por otro lado, se pide actualizar la Ley de Contrato de Seguro para adaptarla a las nuevas tecnologías y las necesidades y hábitos de los consumidores, permitiendo que los productos de seguros se transformen digitalmente y se ajusten a las necesidades de la sociedad, adaptando también la normativa en materia de distribución y la comercialización a distancia de forma que se facilite el desarrollo de nuevos proyectos y la entrada de sujetos emprendedores.
Además, en el informe se apuesta por el desarrollo de una serie de compromisos que la industria aseguradora propone para impulsar las adaptaciones normativas a través de un mayor diálogo de todos los actores involucrados en la industria con los consumidores, así como con los agentes públicos, incluyendo reguladores y supervisores.
Entre estos compromisos, se incluye la creación de un espacio de diálogo entre el sector asegurador y los consumidores, donde tienen gran protagonismo las asociaciones de consumidores que conocen y defienden los intereses e inquietudes de estos. También se plantea la redacción de un Libro Verde con todos los actores involucrados en la industria, enfocado en los consumidores y usuarios y sus necesidades. Se planea la organización de encuentros y eventos dentro del sector que fomenten la reflexión y el análisis del mercado y la implementación de cambios acordes con las tendencias contemporáneas. Por otro lado, se prevé la estructuración de un comité que vele por los intereses de la industria aseguradora mediante la mejora en la interlocución con los agentes públicos, legisladores, reguladores y supervisores.
Mejora en la experiencia del consumidor
Una de las principales ventajas que aporta la digitalización es la capacidad de ofrecer pólizas a medida, basadas en las características y peticiones concretas manifestadas por el cliente, así como la creación de plataformas en las que los asegurados pueden informar de los siniestros o interponer reclamaciones de forma instantánea. De esta manera el consumidor mejora su experiencia y la aseguradora agiliza sus procesos, evitando solicitar continuamente información relevante. A su vez, la digitalización también permite una lucha más eficaz contra el fraude e impulsa modelos de negocio más eficientes, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la experiencia del consumidor.
En este sentido, se ha podido hablar de las facilidades y las ventajas que la digitalización está implementando en el sector. Se apuesta por una digitalización accesible para todos que no deje a ningún sector excluido. Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) recalcaba que hay que mantener un equilibrio entre la industria y el consumidor final: “Nuestro país está muy digitalizado, incluso mucho más que otros países vecinos de la Unión Europea. La cuestión que hay que estudiar es cómo estamos digitalizando. El sector financiero, donde incluimos al asegurador, ha hecho las cosas rápido y bien, implementando una digitalización fácil y accesible. El problema radica en que, por el camino, estamos dejando atrás a un sector muy importante, como es el de la avanzada edad, un colectivo que va más lento y que quizás no quiere digitalizarse. No se trata de ‘analogizar’ la digitalización, pero tenemos que hacerla más fácil y, quizás, realizar una implementación a dos velocidades para adaptarla a las necesidades que se presenten en cada caso”.
La Inteligencia Artificial (IA) es, probablemente, la tecnología más disruptiva en la operativa interna de la industria aseguradora. Su implantación en el sector de los servicios financieros, que se aceleró durante la pandemia, presenta numerosas oportunidades tanto para el sector asegurador como para los consumidores. En especial, para la creación de productos y servicios, así como la reducción de costes, gracias a la precisión de las estimaciones y la automatización. Además, la industria aseguradora también puede utilizar la IA para introducir mejoras en la distribución, la atención al cliente o la gestión de siniestros.
Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, apunta que el consumidor es cada vez más digital y está cada vez más acostumbrado a relacionarse con su proveedor de seguros mediante modos de relación digitalizados: «Ahora utiliza unos métodos que le empoderan mucho más que en el pasado. La industria tiene que entender, asimilar y convertir este proceso en una ventaja. Un elemento fundamental del empoderamiento digital del consumidor es, por ejemplo, la posesión de datos que genera. Esos datos permiten abrir la puerta a relaciones de seguro más eficientes y capaces”.
Contexto normativo
Los cambios que el desarrollo digital ha favorecido en los modelos de negocio asegurador tradicionales deben ser analizados necesariamente junto con el marco normativo aplicable a las entidades que forman parte de la industria, pues se trata de un sector hiper regulado, en el que cualquier iniciativa innovadora se ve irremediablemente supeditada al cumplimiento de los requisitos y restricciones legales vigentes. A estos efectos, cabe destacar los esfuerzos que las autoridades regulatorias han dirigido en los últimos años a revisar la normativa vigente y crear nuevas directrices adaptadas a las nuevas realidades derivadas de la digitalización.
Arturo González Mac Dowell, presidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech, afirma que necesitamos un sistema regulatorio que sea proporcional, justo y equitativo: «No solo hace falta dentro de una misma industria, sino entre industrias. Pero también requerimos de un sistema regulatorio que fomente la innovación, y que permita a España ser un país cada vez más competitivo. Por eso, me gusta cada vez más el concepto de innovación regulatoria. El país que regula más pronto generalmente obtendrá ventajas competitivas frente a los países que regulen más tarde. Especialmente cuando está dentro de un marco común como es el europeo”.
El Sandbox como puente a la innovación de productos de seguro
AEFI y UNESPA reclaman una revisión y mejora continua en la implementación del Sandbox, apostando por la eliminación de las cohortes y por aceptarcie rta flexibilización en los requisitos para el acceso a las pruebas. El informe reflexiona sobre el papel que debe adoptar el Sandbox como herramienta que permite tanto controlar la innovación por parte de las autoridades, como ayudar al desarrollo de la misma. El Sandbox constituye, pues, una oportunidad de que se incluyan dentro de su entorno de pruebas a proyectos innovadores de entidades financieras y nuevos operadores, como las neoaseguradoras u otras InsurTech, que quieran desarrollar pruebas piloto sobre actividades e ideas que en la actualidad aún no puedan encajarse dentro de un marco jurídico concreto.
Para la actualización de las normas y la eliminación de barreras legislativas actuales, el informe apunta que la necesidad de que el Tesoro, como órgano regulador, acoja las mejoras presentadas en las memorias de los proyectos que han pasado por el Sandbox.
En este sentido, Lucía Bango, responsable del área de la DGSGP, ha declarado que algunas de las normas que tenemos en el contexto actual necesitan evolucionar: «Son normas de hace 40 años que en su día tuvieron mucho sentido. A día de hoy siguen teniéndolo, pero la sociedad avanza y el contexto actual es muy diferente, por lo que toda norma puede ser objeto de revisión. Como supervisores debemos evitar las lagunas legales y dotar de mayor seguridad jurídica para el desarrollo de actividades que encuentran un difícil encaje en la normativa actual. A corto plazo seguiremos viendo más espacios colaborativos. El Sandbox lo está siendo y tiene que servir como una palanca de cambio normativo.”
Los inversores aprecian las propiedades diversificadoras y de cobertura de la inflación que supone la inversión en materias primas. Pero también se centran cada vez más en los riesgos y oportunidades de inversión asociados con la creación de una economía más sostenible, y en algunos casos se ven limitados por ellos.
Puede parecer obvio que las carteras sostenibles no deben exponerse al negocio de extraer cada vez más materias primas de la tierra. En este webinar, la directora de Inversión Europea ESG de Neuberger Berman, Sarah Peasey, y el director de Commodities de la misma firma, Hakan Kaya, darán cuenta de las cuestiones clave en el debate, en el que argumentarán que un matrimonio armonioso es posible, y tal vez incluso necesario.
El evento tendrá lugar el miércoles 29 de marzo, a las 11.00h CET.
Foto cedidaDe izquierda a derecha; Javier Martín, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM y socio director de Ideo Legal; Jesús Rodríguez, presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente y socio director de Práctica Tributaria de Ideo Legal; y Juan Pujol, presidente de Lefebvre
Ha tenido lugar en el Espacio Bertelsmann de Madrid el ‘Congreso Fiscal 2023: el asesor ante la nueva fiscalidad‘, organizado por Lefebvre, empresa española de información jurídica y proveedor de software. En él se han detallado los principales retos fiscales del sistema tributario español para este 2023 y se han debatido temas como el Impuesto Mínimo Global y el Impuesto Temporal sobre la solidaridad de las grandes fortunas.
El encuentro patrocinado por Banco Santander, Auren, Deloitte Legal y KPMG, ha contado además con la colaboración de Asociación Española de Consultores de Empresa, CE Consulting, CEOE, el Consejo General de Economistas, FETTAF, el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid y la UNIR.
Juan Pujol, presidente de Lefebvre; Javier Martín, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM y socio director de Ideo Legal, y Jesús Rodríguez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente y socio director de Práctica Tributaria de Ideo Legal; han sido los encargados de inaugurarlo.
Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, ha abierto la jornada con una ponencia sobre los retos tributarios de la Presidencia española de la Unión Europea. En su exposición ha indicado que estamos en un momento de incertidumbre y complejidad, con una gran cantidad de frentes abiertos. Respecto a la imposición directa, ha mencionado la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el Pilar 1 OCDE, donde se contempla una fiscalidad mínima para grandes grupos multinacionales: «En todo caso, es deseo de la Comisión Europea armonizar el Impuestos sobre Sociedades entre los 27 países miembros. El ProyectoBEFIT (“Business in Europe: Framework for Income Taxation”), tiene como objetivo establecer unas normas comunes para hallar la base imponible en aquellos grupos que tengan más de 750 millones de facturación, aunque también se refiere a las PYMES, y dentro de su ámbito, se contemplan los precios de transferencia”.
Respecto a las entidades sin actividad económica (shell companies), Gascón ha destacado el Proyecto Unshell, señalando que busca prevenir su uso limitando cualquier ventaja impositiva que pudieran tener una entidad con substancia económica. También ha hablado sobre el Proyecto SAFE, que busca establecer reglas sobre el papel de los asesores e intermediarios en la planificación fiscal internacional. Y el ProyectoFASTER, que tiene intención de establecer un procedimiento más ágil que evite la doble imposición y la prevención de abusos fiscales.
El secretario de Estado de Hacienda expone que también se está considerando la posibilidad de avanzar en la DAC 8, que regularía todo lo relacionado con la información respecto a los criptoactivos.
Finalmente, en la imposición indirecta, Gascón ha mencionado al Proyecto VIDA (VAT in the digital age): «Busca avanzar en la ventanilla única en la UE, el papel de las plataformas digitales en el impuesto y el establecimiento de unas reglas armonizadas en los sistemas de información respecto al impuesto. También, es intención revisar el régimen de agencias de viajes, sobre todo a efectos de las reglas de localización”.
A continuación, Santos Gandarillas, magistrado de la Audiencia Nacional, y Antonio Montero, inspector de Hacienda del Estado en la AEAT, han participado en una mesa en la que han analizado la actual doctrina administrativa y jurisprudencial de la responsabilidad fiscal, incidiendo en que la función de la Agencia Tributaria no es recaudar sino velar por el buen cumplimiento de la regulación.
Tras ello, Begoña García-Rozado, directora Global Fiscal de Iberdrola; Luis López-Tello, director Corporativo de Repsol, y Javier Molina, director de Asesoría Fiscal de Santander, han debatido sobre las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias a la banca y al sector energético. Los tres han coincidido en que sí se pueden considerar como impuestos dichas prestaciones. García-Rozado ha resaltado el carácter impositivo de las prestaciones patrimoniales, por su cobertura de gastos generales, mientras que Molina ha indicado que, si existe capacidad económica y gasto público, se debe tener un principio de reserva de ley estricto.
Posteriormente, bajo la moderación de Pelayo Oraá, socio del área de Fiscalidad Corporativa de KPMG Abogados, Silvia López Ribas, inspectora de Hacienda del Estado de la Dirección General de Tributos; David Gutiérrez Abarquero, director de Control Económico y Fiscalidad de Acciona, y Alberto de Miguel, director de Áreas Corporativas del departamento Fiscal de BBVA, se ha dado un repaso al Impuesto Mínimo Global. Han hablado sobre las implicaciones de dicho impuesto, el cual establece un tipo del 15% para recaudar impuestos adicionales.
En esta ocasión, Silvia López se ha posicionado en contra de que haya doble imposición entre países: «Si todos usáramos las mismas reglas, el impuesto sería contable. El objetivo es crear un sistema que evite conflictos o, en su defecto, que ayude a resolverlos”.
Finalmente, en la última mesa de la mañana han participado César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela; Javier Pérez-Fadón, exsubdirector general del Ministerio de Hacienda; y Gerardo Cuesta, socio del Área Fiscal en Deloitte Legal. Los expertos han analizado el Impuesto temporal sobre la solidaridad de las grandes fortunas.
Han identificado los factores que podrían poner en duda la constitucionalidad de dicho impuesto, la invasión de las competencias autonómicas, la vulneración del principio de seguridad jurídica y la del principio de capacidad económica y no confiscatoriedad.
Por su parte, Gerardo Cuesta ha asegurado que existe una desproporción evidente en la carga tributaria que soportan los contribuyentes por su patrimonio.
Además, a lo largo de la tarde, se abordaron también otras cuestiones fiscales, como la nueva ley de startups, el desarrollo de la prohibición del software de doble uso, la factura electrónica, así como el nuevo régimen fiscal de autónomos y el futuro de la profesión del asesor fiscal.
La aceleración de la innovación en el sector de la biotecnología puede ofrecer a los inversores nuevas oportunidades potenciales de crecimiento. Como explica el Equipo de Construcción y Estrategia de Carteras (PCS) de Janus Henderson en el artículo «Atención sanitaria: ¿inmunidad frente a la recesión?», el sector salud ha demostrado ser resistente durante contracciones del mercado anteriores y puede ofrecer oportunidades de crecimiento con independencia de las perspectivas de recesión.
En un entorno de mercado en el que desde la firma consideran que los inversores deben actuar con cautela, Janus Henderson Investors ha organizado un nuevo webcast temático en el que participarán Jennifer Nichols, gestora de carteras de clientes, y Matthew Bullock, director para EMEA de Construcción y Estrategia de Carteras (PCS). Ambos analizarán cómo la combinación única de características defensivas y potencial de crecimiento del sector sanitario puede ofrecer inmunidad frente a la desaceleración.
El webcast se hará en inglés y se celebrará el 30 de marzo a las 15:00 CEST. Ya es posible registrarse a través de este enlace.
En esta ocasión, Funds Society destaca en portada una entrevista con César Villacampa, responsable de Negocio de Banca Privada en Ibercaja, en la que nos cuenta sus planes de negocio y reflexiona sobre la industria.
También en portada, hablamos del regreso triunfal de la renta fija en 2023, que vuelve a reinar en las carteras: los expertos de gestoras internacionales nos hablan de las oportunidades (y riesgos) del activo (cabe señalar que son opiniones previas al estallido de la crisis bancaria a raíz de los problemas con SVB y Credit Suisse). El otro activo que destacamos en portada son los alternativos: deuda privada y activos reales son las principales apuestas del momento en las gestoras españolas.
También en portada destacamos el análisis de Ana Guzmán Quintana, directora de Impacto en Portocolom AV, sobre las curvas y encrucijadasen el camino hacia la sostenibilidad.
Y planteamos, dos años tras el recorte fiscal de los planes de pensiones, hacia dónde se han canalizado las aportaciones perdidas.
En la nota de estilo, destacamos cómo el sector se remanga por el planeta y repasamos algunas de las actividades de las entidades para crear un mundo mejor.
La lectura de la revista ayudará a la recertificación de sus titulaciones EFPA. Puede responder al test, disponible y activo en la página de EFPA.
Foto cedidaJosé Luis Blázquez, exCEO de Beka Values. Foto: Cuco Cuervo
La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje CIMA resolverá previsiblemente en septiembre el laudo no recurrible sobre el conflicto y las consecuencias económicas derivadas de la destitución del fundador y CEO de la Agencia de Valores Beka Values, José Luis Blázquez, que desembocó en la revocación de la autorización administrativa para operar por la CNMV el pasado 23 de diciembre de 2022.
En la documentación incorporada al expediente de arbitraje, Blázquez valora por encima de 5 millones de euros las consecuencias de los numerosos incumplimientos del Acuerdo de Accionistas que firmó con Beka Finance para el arranque y puesta en funcionamiento del proyecto de Beka Values.
Entre las condiciones del acuerdo que no se cumplieron, Blázquez apunta las circunstancias anómalas del propio cese del fundador y CEO, sin acudir previamente a la vía arbitral prevista para los casos de conflicto, y que se fraguó el 27 de octubre de 2021, a través de una Junta General Extraordinaria, por la vía de una Acción Social de Responsabilidad, sin incorporarse en el orden del día, y mediante una concertación de los representantes del accionista mayoritario -Beka Finance-, apropiándose de la gestión y perjudicando a la sociedad y al accionista minoritario. La convocatoria, desarrollo y acuerdos de esa junta están impugnados, a través de una demanda interpuesta por el consejero delegado cesado, en el juzgado mercantil N.º 8 de Madrid, siendo la audiencia previa el próximo día 9 de mayo. Por parte de Beka Finance, consejeros u otros accionistas, no se ha interpuesto, 17 meses después de la citada junta, demanda alguna contra el consejero delegado cesado.
Asimismo, Blázquez señala la no aportación en forma de capital por Beka Finance de las cantidades económicas acordadas para el lanzamiento del proyecto -2,1 millones-. Parte de estas se aportaron mediante la concesión de un préstamo participativo de 900.000 euros que, en contra de lo notificado a la CNMV en el expediente de autorización, no se capitalizó, lo cual desembocó en un incumplimiento de los compromisos regulatorios de recursos propios y la presentación por el accionista mayoritario de propuestas de aumento del capital social contrarias al acuerdo y dirigidas a diluir la participación accionarial del socio Acqua –JLB-, lo que hubiera anulado su derecho a nombrar al CEO y al director general durante siete años previsto en el pacto entre socios. Cabe señalar que la CNMV revocó a autorización de Beka Finance en diciembre, sin mencionar la obligación de la entidad de capitalizar el préstamo, lo que podría haber resuelto la problemática de las ratios de solvencia de Beka.
Adicionalmente, el fundador y CEO de Beka Values solicita otras compensaciones económicas derivadas de la pérdida de valor de su participación como consecuencia de la paralización de la actividad de la sociedad desde su cese hasta la revocación de la autorización para operar de la agencia, así como las cantidades económicas que debería haber percibido, también según el acuerdo, desde su destitución hasta la formalización del laudo arbitral, que no le están siendo abonadas.
El proceso de arbitraje sobre Beka Values, expresamente incluido en el Acuerdo de Accionistas para la resolución de los casos de conflicto entre los socios, se inició en enero de 2022 a instancias de José Luis Blázquez. Las partes implicadas ya han efectuado las alegaciones correspondientes y el proceso del arbitraje debería concluir en un plazo de seis meses –es decir, en septiembre- con el preceptivo laudo de obligado cumplimiento. En las próximas semanas se realizarán las pruebas testificales y periciales, seguidas de la formulación de las conclusiones respectivas sobre las que se dictará el laudo.
La creación de un plan de empleo de promoción conjunta es la gran novedad que va a poner en marcha Azvalor. La firma, tras conseguir alcanzar el año pasado los 230 millones de euros en fondos de pensiones, ahora entrará en el segmento de planes de pensiones de empleo. Tras la aprobación de la ley 12/2022, los planes de empleo se erigen como el mejor esquema de ahorro colectivo a largo plazo y una oportunidad de mejora en la relación entre la empresa y los empleados. La combinación de planes individuales, que permiten deducciones de hasta 1.500 euros, junto a planes de empleo, con deducciones máximas de 8.500 euros, permitiría a un trabajador invertir hasta 10.000 euros al año con ventajas fiscales.
El lanzamiento estará listo en abril, según asegura Beltrán Parages, socio fundador de Azvalor. Se tratará de un fondo de pensiones de aportación definida, es decir, que las aportaciones vendrán explicitadas en el contrato. Esta modalidad se adecúa a la filosofía de Azvalor de potenciar el ahorro recurrente. «La naturaleza de los planes de empleo permite combinar tiempo y altas rentabilidades, el cocktail perfecto para que trabaje el interés compuesto y obtener importantes incrementos sobre el capital aportado», afirma Parages.
Este plan de empleo será de promoción conjunta, con una comisión promotora en la que formarán parte las empresas que se unan al proyecto en su inicio. Por ahora, Parages reconoce negociaciones con siete u ocho compañías. Después podrán ir sumándose más al proyecto.
El fondo asociado a este plan de pensiones ya tiene nombre: Azvalor Global Value Empleo Fondo de Pensiones y es una versión del plan de pensiones individual de la firma. En principio, será un fondo de renta variable, que se reserva la posibilidad de tener hasta un 25% de la cartera en liquidez o renta fija.
En un futuro, Parages reconoce que el plan tendrá capacidad para discriminar por edad del partícipe. De tal forma que los empleados más jóvenes cuenten con fondos de pensiones más expuestos a renta variable y los más veteranos, a renta fija.
