Según el Índice de Economía y Sociedad Digital 2017 de la Comisión Europea (DESI, Digital Economy and Society Index, por sus siglas en inglés) –índice que resume los indicadores relevantes sobre el rendimiento digital de Europa y registra la evolución de los estados miembro de la UE en lo referente a competitividad digital– que analiza a los 28 estados países de la Unión Europea, España, siendo la quinta potencia económica de la UE es, sin embargo, la 14ª en desarrollo digital. Es decir, pertenecemos al grupo de países con resultados intermedios. En comparación con el año anterior, España avanzó en todos los aspectos, excepto en “capital humano”, siendo este, uno de los cinco indicadores que analiza.

De los cinco componentes del índice DESI, España está en tres de ellos por encima de la media europea: en uso de Internet (uso de los ciudadanos); en integración de la tecnología digital (digitalización de las empresas y comercio electrónico), y en servicios públicos digitales (administración electrónica, siendo el aspecto mejor puntuado). No obstante, en otros dos aspectos, se encuentra por debajo: en conectividad (banda ancha) y capital humano (competencias digitales básicas y avanzadas).

No obstante, existen países en Europa, más desarrollados económicamente que nosotros, como Italia, que ocupan en el DESI una posición más baja: Francia (16º) e Italia (25º).

En segundo lugar, en España, según datos de 2016 y 2017, la digitalización aumenta de forma notoria, estando muy bien posicionada en algunos aspectos.

Nuevos modelos económicos

En la sede del Consejo General de Economistas, se presentó recientemente el libro Los economistas y la economía digital, editado por dicho órgano. Esta obra es una adaptación a la realidad española del libro de Philippe Arraou L´expert comptable et l´économie numérique en el que se analiza la importancia de la revolución tecnológica en la economía, el grado de implantación digital en la actualidad y las necesarias adaptaciones de empresas, despachos profesionales y ciudadanos a esta nueva realidad. 

En el acto, además de Philippe Arraou –presidente de honor del Consejo Superior de la Orden de Expertos Contables de Francia–, participaron Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España; Aitor Cubo, subdirector general de Impulso a la Administración Digital y Servicios al Ciudadano del Ministerio de Hacienda y Función Pública –quien ha impartido una conferencia sobre la implantación digital en las relaciones entre las Administraciones Públicas, los ciudadanos y las empresas–; e Iñaki Ruiz, decano del Colegio Vasco de Economistas.

En su intervención, Philippe Arraou señalaba que “más allá de la automatización de los modos de producción, han salido nuevos modelos económicos y nuevos sistemas de gestión de empresas, basados en la agilidad y la incorporación de nuevos talentos. La profesión de economista no tiene otro remedio que adaptarse al cambio, para entender, dominar y controlar la economía digital”.

Por su parte, Aitor Cubo centró su exposición en la aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que desde octubre de 2016 obliga a personas jurídicas y profesionales a comunicarse con la Administración por medios electrónicos. A este respecto, Cubo afirmaba que la Ley 39/2015, así como la Ley 40/2015 (de Régimen Jurídico del Sector Público), “han supuesto un antes y un después en el impulso a la administración digital en todos los niveles dentro del Estado, ya que favorecen un proyecto integrado y holístico de impulso de la administración digital en todo el país”.  Según Cubo, “este proyecto de administración digital no se basa solo en la llamada administración electrónica, la cual supone hacer lo que se hacía en papel, de una manera no presencial 24×7 desde casa, a través de Internet. Este proyecto es aún más ambicioso. El objetivo es trabajar en una administración automática, en una administración proactiva, que, por supuesto, no hay otra posibilidad nada más que sea electrónica, pero que avance de manera decidida en la mejora de la eficiencia en la administración”.

Para conseguir este objetivo –ha señalado Aitor Cubo–, una pieza fundamental son las herramientas y servicios en la nube que la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) pone a disposición de todas las AAPP y Ciudadanos. “Estas herramientas permiten y promueven la tramitación automatizada, son abiertas y permiten la integración con herramientas del sector privado, lo que posibilita servicios en cloud mixtos que están impulsando de manera significativa un mercado de alto valor añadido y mucha eficiencia. Y es significativo destacar que siempre están pensadas para eliminar la brecha digital entre AAPP, para que puedan usarlas desde la comunidad autónoma más grande, hasta el ayuntamiento más pequeño. Porque eliminar la brecha digital entre AAPP supone la posibilidad de dar servicios avanzados a todos los ciudadanos, independientemente del territorio, y esto supone eliminar la brecha digital entre ciudadanos, asegurando que dispongan de los mismos derechos”, ha concluido.

Tras felicitar a Philippe Arraou por el trabajo realizado, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha valorado positivamente los esfuerzos que se están haciendo desde la Secretaría General de Administración Digital para mejorar la tramitación administrativa y ha destacado algunos casos de éxito en materia de administración electrónica, como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. En este sentido, Pich ha señalado que en España “los servicios públicos digitales se encuentran a un nivel por encima de la media europea”. “El hecho de que algo más del 50% de la población realice trámites online con la Administración evidencia que vamos por el buen camino”.

No obstante, el presidente del Consejo General de Economistas estima que “aún queda mucho camino por recorrer”. Entre los principales problemas que afectan a nuestro país en materia de digitalización, Pich ha señalado tres: “La necesidad de reforzar las inversiones en I+D+i y mejorar los incentivos fiscales en este ámbito; que el desarrollo digital se realice de forma coordinada y con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas, de forma que se garantice el uso de un mismo sistema, con el consiguiente ahorro de costes y homogeneidad en la gestión, y que la Administración no solo facilite herramientas tecnológicas, sino también el soporte de expertos que ayuden a ciudadanos y empresas a afrontar los continuos cambios en materia de digitalización (sistema de notificaciones, expediente electrónico, LexNET, firma digital…)”   

Por último, en representación del Consejo General de Economistas, su presidente, Valentín Pich, y el decano del Colegio Vasco de Economistas, Iñaki Ruiz, expusieron las principales conclusiones que se pueden extraer del libro editado por dicho Consejo General (que se incluyen a continuación). A este respecto, Iñaki Ruiz afirmó que “la mejora en algunos indicadores, como, por ejemplo, el relativo al comercio electrónico, en el que nuestro país ocupa el cuarto puesto en el ranking de la UE de ventas online, pone de manifiesto que se está produciendo un importante cambio cultural”.   

Conectividad en España

Según el Informe La Sociedad de la Información en España 2016 de la Fundación Telefónica, en España:

• El 87% de los españoles tiene un smartphone.
• El 82% de los españoles declara que se conecta a Internet todos los días, la cifra más alta de toda Europa.
• España es, desde 2014, el primer país de Europa en despliegue de fibra óptica.
• Un 78% de españoles utiliza el sistema de mensajería instantánea al menos una vez a la semana constituyendo la tasa más alta de los países desarrollados.
• Características de la digitalización en España (datos 2016): el 81,90% de los hogares están conectados; el 82,90% de la población navega a diario; el 98,40% de la población entre 16 y 24 años usa Internet; el 50,10% de la población realiza compras por Internet; el 91% de los internautas se conecta a través del smartphone; el 73% de las conexiones a Internet se realiza a través del ordenador; el 95% de los smartphones son con banda ancha; el 78% de la población usa mensajería instantánea; el 42% de los mayores de 65 años usa tabletas; el 72% de la población accede a la formación online; el 50,10% de la población realiza trámites con la administración online.

El paradigma del consumo en España está cambiando y ahora el nuevo consumidor es digital. En el segundo trimestre de 2017 el comercio electrónico creció en España un 23% con respecto al mismo período del año anterior. España es el cuarto país en ranking de ventas online en Europa tras Reino Unido, Alemania y Francia.

Además, si bien las nuevas tecnologías son una verdadera oportunidad para el tejido empresarial, no podemos dejar de lado los riesgos que supone: por un lado, la información fluye y la “e-reputación” de las empresas cobra especial sentido, y, por otro, no se pueden subestimar los riesgos de fraude. En cifras: el porcentaje de crecimiento de los ataques por Internet en España ha sido de 140% en solo dos años, situándose en más de 120.000 incidentes registrados en 2017 frente a los 50.000 producidos en 2015.

Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades

Entre las principales debilidades de la Administración Electrónica en España (relaciones entre Administraciones, empresas, profesionales y ciudadanos en general) se encuentran las siguientes: diferentes sistemas electrónicos y requisitos en distintas comunidades autónomas: no hay un sistema unitario y se requieren exigencias diferentes. Esto provoca asimetrías; problemas al tener que disponer de software permanentemente actualizado para realizar gestiones con firma electrónica y compatibilidades con navegadores, JAVA, distintos exploradores…; la necesidad de tener equipos informáticos permanentemente actualizados para que funcionen los certificados electrónicos; la dificultad para comprender y distinguir nuevos sistemas y cambios introducidos: Lexnet, expediente electrónico, sistema de notificaciones…; el régimen de protección de datos en España es especialmente duro y podría lastrar la evolución comercial.

La principal amenaza para el desarrollo digital en España es la pérdida de peso de la inversión en I+D+i. España tiene un bajo nivel de inversión en I+D+i. En nuestro país, el gasto de 2016 en este ámbito fue de un 1,19% del PIB, mientras que la media de la UE fue del 2,03%.

La contribución de los bienes y servicios digitales de todos los sectores al PIB en España es del 20%, 14 puntos menos que en EE UU; 11 menos que en Reino Unido; 7 menos que en Francia, y 6 que en Alemania.

En el Informe Sociedad digital en España 2017 de la Fundación Telefónica, publicado en febrero de 2018, se señala que un incremento del 10% en la digitalización en España podría llegar a producir un incremento del 3,2% del PIB y permitiría la creación de 250.000 empleos adicionales en 2020.

Entre las fortalezas destacan un alto nivel tecnológico en la Administración Electrónica Tributaria y en Seguridad Social; un elevado desarrollo del comercio electrónico en nuestro país (España es el cuarto país en ranking de ventas online en Europa tras Reino Unido, Alemania y Francia), y un elevado nivel de penetración del smartphone en España.

Las oportunidades que se nos presentan son muchas, entre ellas: la digitalización supone una gran ayuda y una herramienta fundamental en procesos de exportaciónpara nuestras empresas y negocios; la gran oportunidad para micropymes y pequeñas empresas menos digitalizadas, así como para despachos profesionales; el ahorro de tiempo que permite la digitalización (por ejemplo, en el tratamiento de la contabilidad), procurará a los economistas una mayor disponibilidad para tareas de mayor valor añadido para sus clientes; los economistas habrán de estimular servicios de asesoramiento digitales innovadores, seguros y fiables, que den respuesta a las nuevas necesidades de sus clientes en el entorno digital, lo que reforzará la competitividad de sus despachos profesionales. Como ejemplos señalamos la adopción de soluciones digitales de gestión empresarial y la necesidad de aumentar el porcentaje de pymes que utilizan factura electrónica.