EFPA España ha presentado su plan estratégico para 2019-2021 de la mano de su nuevo presidente, Santiago Satrústegui, que fue elegido el pasado 12 de junio por la Asamblea General. Entre los ejes principales que se ha marcado este plan destacan avanzar en los servicios para asociados, seguir impulsando la educación financiera en la sociedad, aumentar el número de socios, mantener la calidad de su certificación y ganar presencia geográfica.

A la hora de explicar el plan estratégico, Satrústegui indicó que no solo pretenden consolidar, sino seguir avanzando. “Queremos ir más allá de la consolidación porque creemos que EFPA, como entidad acreditadora, ocupa un lugar muy destacado para los profesionales del sector. Ese ir más allá supone dar más servicios, apoyar al sector y al desarrollo de la industrial”, apuntó y explicó que uno de los objetivos será ganar más presencia territorial abriendo nuevas delegaciones y realizando más actividades. En especial, lo hará en aquellas regiones donde todavía no tiene una estructura estable como en Castilla y León, Castilla y La Mancha, La Rioja o Extremadura.

Uno de los retos más ambiciosos que quiere alcanzar Satrústegui es llegar a los 40.000 socios, si fuera posible de cara a la celebración del congreso de EFPA España en 2020. “Respecto a los asociados, queremos mantener el ritmo de crecimiento, que actualmente nos ha situado en los 32.000 miembros. Sería ideal alcanzar los 40.000 asociados en 2020, aunque la cifra es muy ambiciosa, por eso mejor hablar de 38.000 en 2021. Sabemos que el pico de exámenes fue hace dos años, en especial promovido por la necesidad que había de cumplir con la nueva normativa de MiFID II, pero esperamos que esa tendencia siga y estimamos que en el examen de este año se presenten unas 8.000 personas”, reconocía el nuevo presidente de la organización.

En este sentido, EFPA España se nutre de los nuevos profesionales que se unen al sector, de aquellos que se recertifican anualmente y de los que quieren reciclar su perfil dentro de la industria. También podrá captar nuevos socios al haberse inscrito como certificadora de la formación a la que obliga la nueva ley hipotecaria. “Esta nueva exigencia de cualificación hará que muchos asesores y profesionales del sector certifiquen estos conocimientos, que desde EFPA ofrecemos a nuestros socios y para lo cual hemos acudido a un formador externo. A finales de este año convocaremos el primer examen y estimamos que se preseten entre 20.000 y 25.000 personas, muchas de las cuales ya son nuestros asociados”, ha explicado Josep Soler, delegado ejecutivo de EFPA España y consejero de EFPA Europa.

La nueva formación y certifican que ofrece EFPA en relación a la ley hipotecaria es un ejemplo de cómo la organización tiene pensado ampliar los servicios a sus socios, así como su oferta de recertificaciones. Respecto a los profesionales que forman este sector, Satrústegui indicó que otro de sus objetivos es “trabajar en incrementar el valor de la profesión y del papel del asesor financiero”. En su opinión, uno de los aspectos que la organización tiene que abordar, y más desde la llegada de MiFID II, es ayudar a entender en qué consiste la actividad del asesoramiento financiero y llegar con este mensaje a los clientes finales con los tratan los asociados diariamente. Satrústegui defiende un enfoque muy claro: “Estamos ante un profesional trasversal que principalmente gestiona emociones tanto las propias como las de sus clientes. Un asesor financiero no es un gurú que se adelanta a qué sube o a qué baja en el mercado, esto se podría decir que es más propio de los gestores. Creo que la clave está en alinearse con el cliente, algo que ha surgido con la implantación de MiFID II. Este alineamiento es clave y tiene que tener unos criterios éticos que aplicar, por ello también vamos a potenciar el trabajo del comité de ética de EFPA, y hacerlo más visible”.

La última de los comentarios sobre el plan estratégico estuvo dirigido a los inversores. En este sentido, EFPA España tiene previsto seguir trabajando en el campo de la educación financiera a través de los talleres que realizan con colectivos de profesionales y de otras actividades. “Nuestros asociados llegan a un gran número de personas, lo que nos compromete a generar un impacto positivo en ellos, a mejorar el sistema y a elevar la calidad del sector”, añadió.

El impacto de MiFID II

Desde la entrada en vigor de MiFID II, EFPA España ha crecido un 20%, alcanzando los 32.000 miembros certificados. “La aplicación de MiFID II nos dio la razón ya que en EFPA España llevamos trabajando desde los inicios para reivindicar la exigencia en la formación, los mayores estándares de calidad y la formación continua para asegurar el mejor servicio al cliente. “Una encuesta reciente que hicimos entre nuestros asociados refleja que el 86% de los profesionales cree que las modificaciones normativas recientes, derivadas de la puesta en marcha de MiFID II, han supuesto un verdadero cambio en el modelo de asesoramiento financiero en España, aunque solo una cuarta parte considera que ese cambio ha sido radical”, destacó Satrústegui.

En este sentido, Soler hizo hincapié en que EFPA España está apostando por exigir un nivel de cualificación superior a la de sus competidores e incluso que al de otros países europeos, motivado por la disparidad en la forma de aplicar lo que norma exige en materia de formación en cada uno de los países miembro de la UE. «El regulador podría haber sido algo más restrictivo, pero ha abierto algo más el grifo, incluyendo más de 80 títulos o diplomas. En el caso de EFPA, seguimos apostando por unos niveles por encima de los mínimos exigidos, las entidades financieras que apuestan por nuestras certificaciones están también apostando más para que su gente tenga un nivel superior, lo que demuestra su clara apuesta por ofrecer el mejor servicio al cliente”.

Ahora que la directiva ya está implementada, este consejero de EFPA Europa apunta que la principal incógnita es si los clientes e inversores están dispuestos a pagar explícitamente por la prestación del servicio de asesoramiento. Según la última encuesta de EFPA, seis de cada diez aseguran que sí pagarán, aunque solo si pueden reconocer el valor añadido aportado. De ahí que “los asesores deben trabajar para que su labor sea concebida como relevante y también para fomentar la cultura y educación financiera, un tema en el que todavía falta mucho trabajo por delante en este país”, concluyó Soler.