La reforma tributaria de 2026 amplía el alcance del IRPF sobre las rentas del exterior y modifica las reglas de planificación para residentes, nuevos inversores y estructuras patrimoniales internacionales.
Uruguay atraviesa una transformación relevante en materia de fiscalidad internacional. La Ley N.º 20.446 y su reglamentación ampliaron, desde el 1.º de enero de 2026, el alcance del IRPF sobre determinadas rentas obtenidas en el exterior e introdujeron nuevas reglas de atribución de rentas, junto con alternativas específicas para nuevos residentes fiscales.
Para el mercado de wealth management, el cambio es significativo. No se trata simplemente de una ampliación de la base imponible: el nuevo régimen obliga a reconsiderar cómo se estructuran las carteras internacionales, dónde se ubican los activos, quién aparece como titular jurídico y quién es considerado beneficiario efectivo a efectos fiscales.
En otras palabras, la estructura patrimonial pasa a ser una variable más del retorno de las inversiones.
Un cambio de alcance para las rentas internacionales
A partir de 2026, el IRPF uruguayo alcanza un universo más amplio de rentas de capital obtenidas fuera del país. La tasa general es del 12% y el régimen comprende, además de intereses y dividendos, determinadas rentas inmobiliarias y ganancias derivadas de la venta de activos del exterior.
El cambio resulta particularmente relevante para inversores con portfolios internacionales. La venta de acciones, participaciones, títulos y determinados inmuebles situados en el exterior puede generar ahora una obligación tributaria en Uruguay.
La normativa, no obstante, incorpora mecanismos destinados a mitigar la doble imposición. El impuesto análogo a la renta efectivamente pagado en el exterior puede utilizarse como crédito contra el IRPF uruguayo correspondiente, dentro de los límites establecidos.
También se prevén mecanismos de compensación de determinadas pérdidas de inversiones del exterior con otras rentas externas comprendidas en el régimen.
Para el inversor, por tanto, la pregunta ya no es únicamente cuál es el rendimiento bruto de un activo, sino cuál será su retorno después de impuestos en una cartera global.
El segundo gran cambio se encuentra en las reglas de transparencia fiscal.
Determinadas rentas obtenidas a través de entidades uruguayas o extranjeras pueden ser atribuidas directamente a una persona física residente, aun cuando la renta no haya sido distribuida. La condición de beneficiario final adquiere así una importancia central y, como regla general, se establece un umbral de participación del 5%.
La consecuencia práctica es relevante para estructuras que son habituales en la gestión patrimonial internacional: sociedades holding, vehículos de inversión, fondos, fideicomisos y trusts.
En el caso de estructuras fiduciarias o similares no residentes, las reglas pueden llevar a atribuir las rentas a los beneficiarios actuales o, cuando estos no existan, al fideicomitente hasta que se configure un beneficiario.
Para family offices y asesores patrimoniales, esto implica que el análisis fiscal no puede limitarse a la entidad que aparece formalmente como propietaria del activo. La cadena de titularidad y la identificación del beneficiario final pasan a formar parte del análisis tributario de la inversión.
La ingeniería fiscal de la salida
Otro elemento que merece especial atención es el tratamiento de las ganancias de capital.
Para determinados activos financieros, la regla general consiste en determinar la renta como la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal. En el caso de activos adquiridos antes de 2026, puede resultar relevante el valor del activo al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa.
Pero el régimen también contempla alternativas fictas para determinados activos. En ciertos casos, considerar como renta el 20% del precio de venta implica, a una tasa del 12%, una carga efectiva del 2,4% sobre el valor de realización.
En inmuebles del exterior, la regla general considera la diferencia entre precio de venta y costo fiscal documentado. Alternativamente, puede optarse por considerar como renta el 15% del precio de venta, equivalente a una carga efectiva del 1,8%.
La diferencia entre ambos métodos puede ser material. Por eso, la determinación del costo fiscal, la documentación histórica y la elección del mecanismo de cálculo pasan a tener un impacto directo sobre el resultado de una inversión.
Uruguay mantiene incentivos para atraer capital
La reforma también contiene un elemento que resulta particularmente relevante desde la perspectiva de la competencia regional por atraer individuos de alto patrimonio.
Los nuevos residentes fiscales que cumplan determinados requisitos pueden optar por un régimen de “Tax Holiday” aplicable a determinadas rentas de capital e incrementos patrimoniales del exterior durante el año en que adquieren la residencia y los diez ejercicios siguientes.
El acceso exige no haber sido residente fiscal uruguayo durante los dos ejercicios anteriores y cumplir anualmente con determinadas condiciones.
Entre ellas se encuentran una permanencia superior a 183 días en Uruguay, una inversión inmobiliaria superior a UI 12.500.000, o determinadas inversiones anuales en fondos destinados a proyectos productivos, investigación o innovación.
La combinación es interesante: Uruguay amplía la tributación sobre las rentas internacionales de sus residentes, pero al mismo tiempo mantiene un régimen de transición especialmente atractivo para determinados nuevos residentes.
El resultado es un sistema más sofisticado, en el que la decisión de radicación y la decisión de inversión pasan a estar estrechamente vinculadas.
La planificación patrimonial entra en una nueva etapa
El nuevo escenario obliga a revisar las estructuras existentes, pero también cambia la conversación entre inversores y asesores.
Para los residentes actuales, resulta prioritario reconstruir la posición patrimonial al 31 de diciembre de 2025, revisar costos fiscales y analizar las estructuras societarias y fiduciarias utilizadas para mantener inversiones internacionales.
Para quienes estén evaluando trasladar su residencia a Uruguay, la planificación debería comenzar antes de la mudanza: residencia, inversión, estructura de tenencia y tratamiento fiscal ya no pueden analizarse como decisiones independientes.
Y para los gestores patrimoniales, el desafío es todavía más amplio. El nuevo régimen introduce una dimensión fiscal que deberá integrarse en la construcción y gestión de portfolios internacionales, junto con variables tradicionales como riesgo, liquidez, diversificación y retorno.
Uruguay sigue ofreciendo una plataforma atractiva para la gestión de patrimonio internacional, pero el nuevo régimen eleva considerablemente el nivel de sofisticación requerido.
La fiscalidad deja de ser una variable que se incorpora al final del proceso de inversión. En el nuevo mapa uruguayo, forma parte del diseño de la estrategia desde el comienzo.
Por Funds Society, México
Por Beatriz Zúñiga