Recientemente el presidente López Obrador declaró que el sistema de pensiones de México requiere una revisión para poder asegurar pensiones suficientes a los trabajadores. Tiene razón en que es necesario revisarlo, se deben buscar cambios que realmente mejoren el nivel de las pensiones y aseguren la viabilidad financiera del sistema, para que no tenga el gobierno que estarle asignando recursos en el tiempo.
La forma más evidente de incrementar las pensiones es aumentando la aportación durante la vida laboral. Sin embargo, en la actual crisis económica generada por el coronavirus Covid-19, en un contexto de desempleo y caída de la producción, es poco probable poder incrementar la aportación de los trabajadores y empresarios. Para los trabajadores implicaría una reducción de su ingreso disponible y por lo tanto menor consumo, para las empresas un mayor costo de la mano de obra y por lo tanto dispuestos a contratar menos personal, cuando lo que necesita el país es que se genere la mayor cantidad de empleos posibles.
Otra forma es aumentar la edad de retiro. De esta forma el periodo de acumulación se incrementa y los años de pensión disminuyen. El costo de esta medida se diluye en el tiempo. Sin embargo, esta decisión es políticamente muy difícil. A inicios de 2020 en Francia se propuso aumentar la edad de jubilación y generó estallido de huelgas y demostración de magnitud tal que el gobierno tuvo que retractarse de su propuesta.
Es necesario que se genere un debate técnico sobre el tema, que se encuentre una solución financieramente viable, de cobertura universal y que permita pensiones adecuadas a los jubilados. La solución no es fácil y seguramente va a requerir de recursos del gobierno y tendrá costos políticos, porque las implicaciones no van a ser populares.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), junto con otras instituciones, han estado trabajando en algunas propuestas de un nuevo sistema de pensiones, que incluya tanto a las de las instituciones públicas, como las universidades públicas, municipios y empresas paraestatales, como al sector privado, buscando una cobertura universal, que incluya también a los trabajadores del sector informal, y mayores niveles de pensión con viabilidad financiera. Este es el tipo de propuestas que se deben de analizar, aunque en estos momentos su instrumentación no es fácil, ya que requiere de recursos públicos y la situación de las finanzas públicas es tan precaria que no hay recursos ni siquiera para enfrentar la crisis económica.
No se pueden establecer medidas ficticias, aunque sean populares. Como, alegando fomentar el desarrollo del país, forzar que los recursos de las Afores se inviertan en proyectos sin rentabilidad financiera. Peor aún, que con la justificación que las pensiones no van a ser suficientes y que las comisiones son elevadas, el gobierno decida estatizar a las Afores, como sucedió en Argentina en 2008, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en Bolivia en 2010, en el gobierno de Evo Morales. Eso equivale a robarle el ahorro a los trabajadores, porque finalmente esos recursos pertenecen a cada uno de las personas que han aportado durante su vida laboral, que es exactamente lo que hicieron los gobiernos de Argentina y Bolivia, además de que magnificarían el problema de las pensiones. Los sindicatos, trabajadores, empresas y sociedad en general deben oponerse enérgicamente a una medida de este tipo, porque significa que el gobierno se apropie del patrimonio que únicamente pertenece a los trabajadores.
Columna de Francisco Padilla Catalán
