México requiere crecer a tasas más elevadas que las registradas en los últimos años para poder generar los empleos que se necesitan y aumentar el nivel de vida de la población. Sólo con mayor producción se incrementa el bienestar. Para ello, es indispensable aumentar la inversión, tanto la pública como la privada.
La inversión pública, que en los últimos años estuvo reduciéndose, debe dirigirse a proyectos que aumenten la infraestructura productiva para que sea un soporte a la inversión privada.
La inversión privada va a depender de las expectativas del desempeño de la economía y de la rentabilidad de los proyectos. Las decisiones del gobierno en políticas públicas inciden de manera relevante en ambos elementos.
Si las decisiones de inversión pública en infraestructura se basan en criterios políticos en lugar de económicos, como son la cancelación del NAIM, la construcción del Tren Maya y la construcción de una nueva refinería, provocan incertidumbre sobre la disponibilidad futura de infraestructura adecuada en el país. Al ser los elementos políticos los determinantes de las decisiones no hay confianza de que ante falta de infraestructura se tomen las decisiones adecuadas desde el punto de vista económico y financiero y por lo tanto las inversiones privadas se retrasen o reduzcan su rentabilidad por falta de disponibilidad de carreteras, puertos, energía eléctrica, etc.
Las decisiones de política energética, particularmente en el sector eléctrico pueden desincentivar a la inversión privada. Si, a través de retrasar o cancelar licitaciones, se detiene la participación de privados en la generación, transmisión y comercialización de electricidad, la inversión privada disminuirá porque el sector público no tiene la capacidad para generar la cantidad de electricidad que se demandará en los próximos años, ni a precios competitivos, ya que está privilegiando procesos más costosos que el gas. Si no se produce suficiente energía eléctrica y no se vende a costos internacionales, provocará apagones y elevadas tarifas, lo cual redunda en menor competitividad de los fabricantes nacionales y por lo tanto en la rentabilidad de los proyectos de inversión de las empresas privadas.
Otro elemento esencial para fomentar la inversión privada es asegurar la existencia del estado de derecho, hacer que se respeten y cumplan las leyes porque de lo contrario se genera incertidumbre que incide negativamente en la rentabilidad de los proyectos. Si no se cumple la ley, como en el caso de los plantones en las calles, carreteras o vías del tren, se afectan tanto a los costos como a los ingresos de los proyectos; no se reciben a tiempo los insumos afectando la competitividad y se impide desplazar los productos a los mercados donde se comercializan, retrasando el cumplimiento de los compromisos con los clientes. Con el grado de integración que existe en el país y el mundo, retrasar la entrega afecta a toda la cadena productiva y adicionalmente provoca descredito de los proveedores reduciendo su competitividad.
Por lo tanto, para lograr un mayor crecimiento de la economía mexicana, no es suficiente los buenos deseos, todas las decisiones de política económica deben estar alineadas con el objetivo de fomentar la inversión privada a través de reducir lo más posible las incertidumbres de disponibilidad y costos de infraestructura y el estricto cumplimiento de todos los ordenamientos legales, no nada más los derechos de propiedad.
Columna de Francisco Padilla Catalán
