La actual administración es muy proclive a establecer acuerdos con el sector privado para fomentar el crecimiento, aumentar la inversión y disminuir la inflación. Se realizan grandes anuncios, se envía la señal de una gran relación entre el gobierno y el sector privado e incluso para el caso de la inversión hasta se enumeran proyectos a realizar.
Desafortunadamente los objetivos no se han alcanzado. A mediados de 2019 se estableció el “Acuerdo entre el Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial para Promover la Inversión y el Desarrollo”. Se listaron una serie de acciones por parte del gobierno y proyectos en los que participaría la iniciativa. La meta era que la inversión pública pasara de 2,8% del PIB en 2018 a 5,0% en 2020 y que la inversión privada en el mismo periodo pasara de 17,5% a 20%. Los resultados no fueron los esperados, la inversión pública en 2021 fue 3,3% del PIB y varios de los proyectos tienen una rentabilidad social y económica muy cuestionada. Por su parte, la inversión privada como porcentaje del PIB disminuyó a 15,5%.
En mayo de 2022 se estableció el “Paquete Contra la Inflación y la Carestía”, en la que también se enumeraron actividades del gobierno para reducir costos al sector privado y compromisos de las empresas para evitar el incremento de precios de 24 productos de la canasta básica. Algunas de las acciones del gobierno no se concretaron, como la seguridad en las carreteras, aunque hay que reconocer que sí tuvo impacto en limitar la inflación el manejo de los precios de la gasolina y el gas. Los resultados no fueron muy buenos, la inflación de alimentos, bebidas y tabaco de mayo a agosto fue 3,8%, mientras que la inflación global fue 2,3%
Por ello, en octubre de 2022 se estableció un Acuerdo complementario al Paquete antes mencionado. Sin embargo, tampoco logrará reducir la inflación, se trata de medidas para controlar los precios de los mismo 24 productos de la canasta básica en ciertos canales de distribución. Por ejemplo, se lograrán reducir el precio de las tortillas que se venden en los supermercados, pero no en las tortillerías de las diversas colonias, las cuales representan el 60% del mercado, porque no producen con harina de maíz. Es decir, quien compre en las tortillerías no se beneficiará de la reducción de precios de la harina de maíz que realizarán los dos principales fabricantes de México.
El Acuerdo tiene un sesgo a favor de las ciudades y excluye a las pequeñas poblaciones de los beneficios. Las principales cadenas de supermercados del país son parte firmante del Acuerdo, pero las tiendas de abarrotes no, por lo que las personas que realicen sus compras en estas últimas o en misceláneas no obtendrán los mismos beneficios, lo cual se convierte en una competencia desleal en contra del pequeño comercio, al cual este gobierno quería proteger.
Las acciones establecidas en el Acuerdo no se encaminan a disminuir monopolios, fomentar la competencia ni reducir los eslabones de la cadena de distribución entre el agricultor y el consumidor final. Pero a la vez llama mucho la atención que a los participantes del Acuerdo les permita importar productos alimentarios sin impuestos, lo que reduce sus costos, ni permisos de SENASICA ni COFEPRIS ambos relacionados con medidas para prevenir la introducción de posibles plagas o enfermedades al país. El riesgo de ello es que los países que compran nuestros productos del campo desconfíen de la sanidad agrícola en el país y afecte negativamente a nuestras exportaciones.
En conclusión, debemos entender estas medidas como un control de precios de 24 productos que va a ser efectivo en ciertos canales de distribución, que no va a impactar mucho a quienes compran en misceláneas, abarrotes y tortillerías y que no va a reducir la inflación.
Columna de Francisco Padilla Catalán
