La nueva ley fiscal de Estados Unidos, recientemente aprobada por el Congreso, marca un giro significativo en la política migratoria y fiscal del país. La normativa introduce medidas que abarcan desde un impuesto a las remesas hasta nuevas tarifas obligatorias para procesos migratorios humanitarios, así como restricciones en programas sociales federales. Si bien sus impulsores la presentan como una estrategia para ordenar el sistema y contener gastos, los impactos sociales y jurídicos se perfilan complejos.
Remesas: el 1 % que redefine la ayuda familiar
Una de las disposiciones más comentadas es la creación de un impuesto federal del 1% sobre remesas enviadas al extranjero por medios no bancarios, como giros postales, efectivo o cheques de caja. Esta medida, contenida en la Sección 112104 de la ley, entrará en vigor el 1 de enero de 2026. En contraste, no se aplicará a transferencias realizadas desde cuentas bancarias o tarjetas emitidas por instituciones financieras estadounidenses.
Tarifas fijas para derechos fundamentales
También se establecen tarifas obligatorias para trámites migratorios clave. Las Secciones 100004 a 100017, ubicadas entre las páginas 297 y 314 de la ley, indican que solicitar asilo implicará el pago de 100 dólares anuales mientras el caso esté activo. Así mismo, la renovación del permiso de trabajo para personas bajo asilo costará al menos 275 dólares. Para quienes sean detenidos entre puertos de entrada, se fija una tarifa de 5.000 dólares.
Programas sociales con cobertura más limitada
Otra parte del texto legal redefine los criterios de acceso a programas como Medicaid, SNAP, CHIP y subsidios de vivienda. En las páginas 226 y 227 del proyecto se establece que la cobertura quedará restringida a ciudadanos, residentes legales permanentes y ciertos grupos autorizados. Esta disposición podría excluir a millones de personas migrantes de servicios básicos de salud, alimentación y vivienda.
Este tipo de cambios tiene un efecto en cadena. Al reducir la cobertura a nivel federal, es probable que aumente la presión sobre estados, condados y organizaciones comunitarias, sin que haya un aumento proporcional en los recursos locales”.
Aumento presupuestal para ICE, CBP y cortes migratorias
El plan fiscal aprobado también contempla un incremento significativo del presupuesto destinado a las agencias de control migratorio. Las Secciones 100051 a 100054, detalladas entre las páginas 315 y 319, asignan más de 45.000 millones de dólares a agencias como ICE y CBP para ampliar personal, renovar equipos, aumentar la capacidad de detención y mejorar los sistemas de vigilancia y transporte. El texto también autoriza la contratación de hasta 800 nuevos jueces de inmigración para el año 2028.
Gobiernos locales como brazo auxiliar del control migratorio
Otra disposición relevante se encuentra en la Sección 100055, página 321 del texto, donde se crea un fondo de 3.500 millones de dólares destinado a financiar la participación de gobiernos estatales y locales en tareas migratorias. Esto incluye la identificación, el traslado y el procesamiento de personas sin estatus legal, en coordinación con agencias federales.
¿Qué retos plantea esta ley para las familias inmigrantes?
La nueva ley fiscal introduce cargas económicas nuevas que podrían afectar gravemente a familias migrantes, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. La combinación de tarifas obligatorias para trámites como el asilo, el TPS o el parole, junto con las restricciones al acceso a programas sociales, podría suponer un obstáculo para quienes buscan regularizar su situación o acceder a servicios básicos.
El impuesto del 1 % a remesas enviadas en efectivo también representa un posible golpe al ingreso familiar transnacional, especialmente en economías donde ese dinero es esencial para sobrevivir.
¿Qué tiene de positivo el plan fiscal?
Pese a las preocupaciones que genera, la ley también contiene medidas que, desde una óptica de política pública, buscan aportar mayor estructura y sostenibilidad al sistema migratorio. Uno de los aspectos más destacados es la previsibilidad fiscal: al establecer tarifas fijas para el gobierno puede anticipar ingresos y asignar presupuestos más sostenibles. Esto, en teoría, permitiría reducir los tiempos de procesamiento y evitar crisis presupuestarias.
El impuesto a remesas no bancarizadas, detallado en las páginas 214 y 215, también podría incentivar el uso de canales financieros formales, lo cual mejora la trazabilidad, la seguridad y, eventualmente, el acceso a servicios bancarios para migrantes.
Además, la inversión en agencias como ICE, CBP y las cortes migratorias, así como el fondo de colaboración estatal, puede mejorar la capacidad operativa del sistema.
La nueva ley fiscal marca un cambio significativo en el diseño migratorio y fiscal de EE. UU. Aunque aporta instrumentos para la recaudación y el control, también impone condiciones nuevas para el acceso a derechos y servicios básicos. Las comunidades migrantes, particularmente aquellas en situación de vulnerabilidad, enfrentarán nuevos retos económicos y administrativos, por lo que la vigilancia legal y social será clave.
“En este contexto, la información clara y el acompañamiento legal son más necesarios que nunca. Estamos ante un escenario dinámico, que requerirá adaptación y evaluación constante por parte de todos los actores involucrados”.
Columna de Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office firma de abogados de inmigrantes para inmigrantes ubicada en Kennewick, Spokane, Tacoma, Vancouver, Wenatchee, en Washington; Las Vegas, en Nevada, y Querétaro en México.
Por Funds Society
